Texto de Marisa Ruiz Trejo y Álvaro Ruiz Rodilla

La investigadora guatemalteca Marta Casaús Arzú emitió uno de los 61 peritajes que se están siguiendo en el histórico juicio contra el golpista José Efraín Ríos Montt, expresidente de Guatemala, y contra Mauricio Rodríguez Sánchez, dirigente de la inteligencia militar. Casaús argumentó la relación del racismo de Estado con el genocidio perpetrado contra las poblaciones ixiles del país.  Aunque el pasado 19 de abril se suspendió el juicio por genocidio debido a las presiones de los sectores más ultraconservadores del país, esta semana se reanudó. Marta Casaús, catedrática de la Universi­dad Autónoma de Madrid, explica a DIAGONAL la importancia del juicio por genocidio que se desarrolla en Guatemala.

A un mes y medio del inicio del juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y tras la suspensión del mismo, ¿cómo se ha desarrollado el proceso?

Para sorpresa de todo el mundo, estamos en una etapa enormemente avanzada. Ya han pasado los momentos más álgidos: las declaraciones brutales de genocidio, asesinatos masivos de las víctimas, también las declaraciones de los kaibiles [soldados de élite del Ejército de Guatemala], de los militares implicados y arrepentidos que han tenido que declarar como testigos protegidos y de un coronel que acusa no sólo a Ríos Montt, sino también a Otto Pérez Molina, actual presidente del Go­bierno de Guatemala, como directamente implicado en las masacres y genocidios del triángulo ixil

¿Cómo se puede definir el genocidio y cuáles son las evidencias que presentó para demostrarlo este juicio?

La definición de genocidio es muy vaga. La primera dificultad viene de la Convención  para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948) después de los juicios de Núremberg. Se plantea que genocidio es “todo aquel acto cometido en contra de un grupo nacional, étnico, racial o religioso con la intención de destruir total o parcialmente a ese grupo”. Se precisa que es “todo aquel acto con la intención de”. Se plantea que esos actos son “masacres colectivas y la intención del perpetrador es eliminar físicamente a un grupo étnico, el desplazamiento de niños y de población civil de un lado a otro”.

Sin embargo, esta definición ha sido muy cuestionada por el concepto de la intencionalidad, que no se puede juzgar por parte del Estado porque es un elemento subjetivo y encubierto, no puede ser probado de casi ninguna forma. Lo interesante es que Ríos Montt y la cúpula militar están siendo juzgados por el código penal guatemalteco, donde se cambia el término de “intención de” por el de “propósito”. El “propósito” es mucho más asequible, medible y menos ambiguo. También se cambia la idea de “intencionalidad del perpetrador” por el “sometimiento”, que es un elemento mucho más concreto en el que podemos probar quién fue sometido a vejaciones o a torturas. Estamos más cerca de juzgar a dos personas por genocidio en Guate­mala. Los juicios de la Corte Inter­nacional están trabados. Es insólito que no se hayan podido declarar como genocidio los casos de Ruanda o Bosnia.

¿Qué significa para la sociedad guatemalteca que al general Ríos Montt esté siendo juzgado después de tantos años?

Como guatemalteca, como persona implicada en que se haga justicia y que se sepa la verdad en nuestro país, me parece muy lamentablemente que hayamos tardado 31 años en llevar a cabo este juicio, porque en este tiempo los militares implicados en el geno­cidio se han ido muriendo, han enfermado o se han ido del país. Otro implicado es López Fuentes, que está tan enfermo que no ha podido comparecer, con lo que sólo quedan en esta primera etapa dos de los implicados, el general golpista Ríos Montt y el militar Mauricio Rodríguez Sánchez. Lo importante es que es un juicio emblemático y lo interesante es que por primera vez se juzga por genocidio a un exdictador dentro de su propio país. Lo que implica es un nuevo cambio, una nueva esperanza para las personas, sobre todo, para las víctimas, para que se haga justicia y se cuente la verdad.

Poder llegar a sentar al dictador  en el banquillo, ¿lo relaciona con que en América Latina se está juzgando también a Videla y a Bignone en Argentina?

Aquí confluyen un montón de fuerzas, de instancias e instituciones que vienen luchando de una forma muy valiente y comprometida por el Derecho internacional, la justicia transnacional, el Derecho interno, etc. Es importante que se haga justicia porque si realmente seguimos permitiendo la impunidad que hay en nuestros países, la prevención del genocidio será imposible, es decir, mientras los militares argentinos, chilenos, guatemaltecos, los ruandeses, etc., sigan libres y puedan pensar que pueden cometer esas tropelías y esos vejámenes no se va a hacer justicia. Hay que dar las gracias a los jueces Baltasar Garzón y a Santiago Pe­draz porque empezaron a darle un impulso notable al Derecho y a la justicia internacional.

El actual presidente de Guatemala Otto Pérez está implicado, según los testigos, pero no está siendo juzgado. No
se introdujo su caso en este proceso
 

¿Cómo se explica que esto ocurra justo en el momento en que Otto Pérez haya llegado al poder como presidente de Guatemala?

Yo creo que Guatemala está siendo presionada por la justicia internacional. Los juicios contra la dictadura de Guatemala celebrados en España fueron notables. El hecho de que se lleve a cabo por un presidente que, por lo que dicen algunos testigos, ha estado implicado en el genocidio llama la atención. No está siendo juzgado porque no se metió su caso en estos momentos, puede estar implicado pero no juzgado. Por otro lado, es el ministerio fiscal el que por primera vez toma la decisión de escuchar a las partes querellantes, tanto a la ONG Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos como a los abogados de las víctimas, y abrió el juicio.

Sin la fiscal Claudia Paz y su grupo de mujeres esto hubiera sido imposible. Pero ¿por qué lo permite Otto Pérez Molina? Es una incógnita. Podemos pensar que es porque es la mejor opción para dar legitimidad a la justicia y cerrar un caso excesivamente doloroso como es el de esta vergüenza internacional. “¡Qué mejor que cerrarlo con generales que ya tienen más de 80 años!”. Aunque se les sentencie por genocidio o crímenes de guerra, ya no van a ir a la cárcel y aunque les caigan 3.000 años no van a tener tiempo para cumplirla.

¿Qué espera de este juicio contra el dictador Ríos Montt?

Espero que se haga justicia. Lo que hemos ganado ya es más que importante, es decir: a esas mujeres que han callado durante 36 años, que han vivido con ese dolor, con esa tortura permanente de no poder decir su verdad, de no poder entender por qué fueron sometidas a esas vejaciones y esas violaciones sistemáticas, se les ha escuchado. Por primera vez en un juicio se han sentado, han visto al responsable directo de los genocidios, al responsable de los planes del ejército y le han podido contar lo que pasó. Ellas son absolutamente conscientes de que eso las ha liberado, desahogado, les ha hecho sentirse otra vez dueñas de su vida.
Cuando una les pregunta qué piensan que va a pasar dicen “para nosotras ya pasó, nosotras ya contamos nuestra verdad, esperamos que se haga justicia pero sólo el hecho de haber sentado en el banquillo a estas personas, a nosotras nos da la impresión de haber empezado otra etapa de nuestra vida”. A mí me parece de una enorme generosidad, para mí no es suficiente. Es necesario juzgar a estas personas no por crímenes de guerra, ni limpieza étnica, ni crímenes aislados, eso sería una vergüenza. Hay que juzgarles por lo que fue: un genocidio de carácter internacional sólo comparable con el holocausto y el genocidio de Ruanda, por las características.