ESTADO ESPAÑOL // UNO DE CADA TRES HOGARES TIENE PROBLEMAS PARA LLEGAR A FIN DE MES Y EL 3,2% NO TIENE NINGÚN
El atraso en servicios sociales aumenta por la crisis

El recorte en partidas de servicios sociales de los presupuestos generales ha acentuado la escasa cobertura de prestaciones básicas en las
comunidades autónomas.

21/05/12 · 20:00
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Foto: Olmo Calvo

Los servicios sociales son una
competencia exclusiva de las Comunidades
Autónomas, de modo que
son ellas las únicas responsables de
la cobertura que dan a sus ciudadanos.
Para analizar el esfuerzo de cada
una de ellas en esta materia, la
Asociación Estatal de Directoras y
Gerentes de Servicios Sociales
ha
elaborado el Índice DEC 2012, que
tiene en cuenta tres áreas esenciales:
D, de Derechos y Decisión Política;
E, de Relevancia Económica, y C, de
Cobertura de servicios a la ciudadanía
(DEC). En la práctica lo que más
notamos los ciudadanos es la cobertura
y tan solo dos de las 17
Comunidades aprueban en este
apartado, Castilla y León y Euskadi.

En términos generales España
cuenta con un nivel de desarrollo débil,
fruto del tradicional atraso que
viene arrastrando el país en esta materia,
marcado por 30 años de dictadura
militar. Aún así, desde mediados
de los años ‘70 “se generaron
unas estructuras próximas a los ciudadanos,
pero ya desde su inicio
escasamente dotadas, por la falta de
un marco estatal de garantía de
derechos subjetivos en esta materia
y una consiguiente financiación
de los mismos en los Presupuestos
del Estado”, indica José Manuel
Ramírez Navarro, presidente de la
Asociación de Directoras y Gerentes
de Servicios Sociales.

A este atraso hay que añadir la coyuntura
negativa actual. El número
de españoles en situación de pobreza
y exclusión social aumentó de
forma “preocupante” entre 2009 y
2010 a causa de la crisis hasta situarse
en 11.666.827 personas, un 2,1%
más que el año anterior, según datos
de la Red Europea de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión Social

(EAPN). En 2012 una de cada tres
familias tiene dificultades para llegar
a fin de mes y un 3,2% de los
hogares españoles no posee ningún
ingreso
, con lo que el recorte
de los Presupuestos Generales del
Estado en 2012 dedicados a la protección
social más básica (prestaciones
básicas de servicios sociales
y dependencia), “además de mostrar
una profunda insensibilidad
ante la dramática situación de cientos
de miles de personas y familias,
supondrá la quiebra de la cohesión
social y, con ella, la capacidad de
nuestra sociedad para salir de la
crisis”, añade Ramírez.

Sin médicos durante la peste
_ Dentro de los PGE 2012, el recorte
por programas en Servicios Sociales
asciende a 394.440.000 euros, un
16% menos que en el 2011.
La presidenta
del Consejo General de
Trabajo Social, Ana Lima, considera
que “reducirlos en plena crisis es como
despedir a médicos durante una
epidemia”. Lima señala que “las redes
familiares están atendiendo las
necesidades que no cubren las instituciones
o las ONG” y que “se está
produciendo un nuevo perfil en la
pobreza: familias jóvenes con hijos
que se quedan en paro y deben pagar
una hipoteca”.

El informe muestra otro hecho incontestable:
“Comunidades con un
desarrollo irrelevante de sus servicios
sociales coinciden, curiosamente,
con las que exhiben un mayor déficit
en sus cuentas públicas”. Las dos
autonomías con peor puntuación del
Índice DEC, Canarias y Valencia, están
entre las más deficitarias del
Estado. Koldobi Velasco, de la Red
Canaria en Defensa del Sistema
Público de Servicios Sociales

(Redesscan) recuerda que “en las
Islas 4.000 personas acumulan el
80% de la riqueza” y que “aunque
desde hace años Canarias es una de
las comunidades con mayor índice
de pobreza, en los últimos tres años
se ha recortado 140 millones de euros
sólo en los servicios sociales”.

Así las cosas, la denuncia principal
del estudio es la enorme disparidad
de esfuerzos, cobertura y derechos
garantizados entre las Comunidades.
Disparidad también dentro
de un mismo territorio en cuanto a
los índices. En uno puede tener el
porcentaje más positivo y en el siguiente
el más negativo de todo el
Estado.Esto conlleva según Ramírez
que “no se garantice la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de
sus derechos”. Un ejemplo son los
773 euros por persona y año que se
gasta Euskadi en esta materia, frente
a los 126 invertidos en Canarias.

La representante de Redesscan
afirma que se trata de una cifra “ridícula”
si se tiene en cuenta “las desigualdades
sociales que se deben
combatir”. En Baleares no se llega a
los 120 euros, es decir, menos de una
sexta parte que en Euskadi.
Pese a que contar con una dotación
económica adecuada es básico
para poder atender la cobertura, no es suficiente. El ejemplo extremeño
resulta paradigmático: con un gasto
de 354 euros por habitante presenta
resultados mucho más pobres en cobertura
de prestaciones, centros y
servicios, que comunidades como
Castilla y León, con un gasto de 300
euros. Extremadura es la peor en
cuanto a plazas de alojamiento para
personas sin hogar. No es la única en
esta situación. Pese a dedicar un 2,74
% de su PIB regional a esta materia,
Castilla-La Mancha presenta un elevado
“limbo de dependencia” y la cobertura
que ofrece en materia de
Rentas Mínimas de Inserción es la
más baja del conjunto del Estado, alcanzando
sólo a uno de cada 1.029
habitantes frente a los 147,6 de media
estatal. Le siguen Murcia (754,8),
Castilla y León (548,7) y Comunitat
Valenciana (567,5). La Comunidad
Autónoma Vasca se sitúa con el mejor
resultado en este índice, con una
de cada 42 personas.

Por otro lado un amplio reconocimiento
de estos derechos no es garantía
de su cumplimiento como
sucede en Cataluña, que alcanza la
mejor puntuación en el apartado de
Derechos y Decisión política, y presenta
malos resultados en algunos
de sus índices como en equipamientos
para personas con discapacidad
y en el llamado “limbo de dependencia”.
Este índice merece una especial
atención. Consiste en el porcentaje
de personas con un grado de dependencia
reconocido mediante dictamen
que les da derecho a recibir
prestaciones o servicios del Sistema,
pero que ni siquiera tienen prescrito
los mismos. La media estatal en este
índice es de por sí elevada, un 28,9%
o lo que es lo mismo 300.000 personas
con derecho reconocido y a las
que se mantiene en espera. “Más que
limbo es directamente engaño”, indica
Rafael Arredondo Quijada, presidente
del Colegio Profesional de
Trabajo Social de Málaga. Los casos
más flagrantes son los de Canarias
con un 56,2%, Galicia 44,3%,
Comunitat Valenciana 40,5% y
Baleares 38,8%. Castilla y León es la
mejor en este aspecto con el 8,5%.

EL FIN DE LAS OBRAS SOCIALES
_ A la caída de la financiación pública se suma la reducción de la obra social de las Cajas compradas por los bancos. Es el
caso de Bancaja, que tras integrarse en Bankia ha anunciado que destinará 28,3 millones a Obra Social, un 22% menos que
en 2011. Lo mismo sucede con Sa Nostra en Baleares, comprada en octubre de 2011 por el Banco Mare Nostrum, que reduce
su presupuesto para Obra Social en 2012 de 6,86 millones de euros a 3,5. Otro ejemplo: Josep Oliu, presidente de Banco
Sabadell, al día siguiente de que el Banco de España le comunicara la venta de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) indicó que «intentaremos tener alguna vinculación con la obra social de la CAM; pero en el futuro deberá ser más limitada y modesta».
En los años de bonanza la CAM llegó a disponer de 70 millones de euros para obra social. Este año, poco más de 16, procedentes
del remanente existente y de un ahorro de costes, ya no de un porcentaje de los beneficios.

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comentarios

1

  • |
    anónima
    |
    21/05/2012 - 6:32pm
    <p class="spip">Parece ser que el movimiento 15M ha publicado un "PLAN DE RESCATE CIUDADANO" con 5 propuestas concretas.</p> <p class="spip">Más información:</p> <p class="spip">http://elbuhopardo.blogspot.com.es/</p>
  • Foto: Olmo Calvo
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