El asunto de la construcción
del Almacén Transitorio
Centralizado (ATC)
llegó al Consejo de Ministros
el 17 de septiembre. Sin
embargo, no se tomó ninguna decisión,
aunque el emplazamiento
de Zarra (Valencia) era el candidato
con más puntos en esta loca
carrera por recibir la peligrosa
instalación. No queda claro porqué
se paralizó y se pueden hacer
cábalas sobre el papel de la vicepresidenta
María Teresa Fernández
de la Vega como valenciana y
posible candidata a la Generalitat.

El paso final en la instalación
del ATC no puede ser más rocambolesco.
Ante la oposición social
encontrada en los municipios candidatos,
finalmente se ha optado
por enviarlo a uno donde planea
la sombra de la corrupción: el alcalde
está imputado y los terrenos
ofrecidos pertenecen a Sedesa,
empresa implicada en la trama
Gürtel y propiedad de un familiar
de Juan Cotino, ex director de la
Policía con Aznar, y actual Consejero
de Medio Ambiente, que ahora
está realizando declaraciones
en contra.

La decisión aún no está tomada,
pero todo indica que Zarra será finalmente
el elegido. Si finalmente
es así, será una indicación de las
negociaciones que se hayan podido
producir entre Industria y la
Generalitat Valenciana. De hecho,
es Camps el único de los presidentes
autonómicos implicados que
no se había opuesto a la instalación,
a pesar de que ahora muestre
públicamente su beligerancia.
Sólo será posible llegar a un consenso
social en torno a la gestión
de los residuos radiactivos cuando
se establezca un calendario de
cierre admisible de las centrales
nucleares.