Las trabajadoras y trabajadores
del Estado español
hemos padecido la presentación
de dos documentos
que contienen las medidas
impulsadas por el Gobierno
en torno a la reforma de las pensiones,
medidas que suponen:

DESIGUALDAD. Si se aprueba la reforma avanzada por el Gobierno, quienes tienen
empleos más precarios se verán obligados a trabajar durante más años.

REBAJAS EN LOS TIPOS DE COTIZACIONES.
Se abre la puerta a la rebaja de
las cotizaciones empresariales, además
de anunciar la reducción de las
mismas a las empresas que paguen
cotizaciones más elevadas por sus
trabajadoras y trabajadores. Por otra
parte se quiere rebajar las cotizaciones
de las mutuas con el argumento
de su supuesta eficacia en la gestión.

REFORMAS EN LA PENSIONES DE JUBILACIÓN.
El Gobierno pretende alargar
la edad ordinaria de jubilación hasta
los 67 años. Quiere que coticemos al
menos 17 años para tener derecho a
la pensión mínima en vez de los 15
actuales y pretende hacer una reformulación
del cálculo de la cuantía de
la pensión alargando, de los últimos
15 actuales a los últimos 25 años, dicho
periodo de cálculo para obtener
la cantidad que cobraremos.

ELIMINACIÓN Y/O MERMA DE LAS PENSIONES
DE INCAPACIDAD, ORFANDAD Y
VIUDEDAD. Se propone la creación de
una reglamentación que permita a
las empresas, a través de sus servicios
médicos, definir las situaciones
de bajas y altas en situaciones de enfermedad
común con el control de
sus propios inspectores, y solo subsidiariamente,
de la Seguridad Social.
Se pretende acabar con la pensión
de viudedad a través de un pago único
para nuevos beneficiarios, además
de rebajar la cuantía de esta pensión
a los perceptores actuales que
se incorporen a trabajar. En cuanto a
la pensión de orfandad, se busca establecer
una cantidad única a distribuir
entre todos los beneficiarios, independientemente
de cuántos sean.

El Gobierno plantea una reforma
en la que todas sus líneas, en bonificaciones,
en control del absentismo,
en cotizaciones empresariales, en incentivos
a las contrataciones, aseguran
al empresariado su planteamiento
esencial respecto a este tema: la
rebaja de los costes del contrato.
La gestión eficaz de las mutuas, de
la que se habla en uno de los documentos,
se basa en el manifiesto desvío
de infinidad de enfermedades
profesionales y su reconocimiento
como enfermedades comunes, con
el consiguiente ahorro para estas
mutuas y en detrimento de los trabajadores
afectados, que no perciben
las prestaciones a las que tienen derecho,
y de los servicios públicos de
salud, que hacen frente a gastos que
no les corresponden. Otro despropósito
de este apartado es pretender
que, de manera normativizada, sean
las mutuas y los servicios médicos de
las empresas los que autoricen las
bajas y altas medicas por enfermedades
comunes desviando recursos
de la Seguridad Social, mermando
más su capacidad, y propiciando
abusos por parte de las empresas,
que son quienes las gestionarían.

CGT lleva años anunciando que
esta reducción de las cotizaciones,
tanto las realizadas como las propuestas,
dan lugar a una importante
reducción de los ingresos del sistema
de Seguridad Social y, como consecuencia,
a la entrada en déficit del
mismo, mientras se intenta justificar
una reducción de las pensiones para
mantener el equilibrio financiero del
sistema de Seguridad Social.
Así, nos encontramos con un paquete
de medidas que consiste en
una reducción de las pensiones a través
de las tres vías propuestas por el
Gobierno: alargar de tiempo de trabajo,
aumentar el tiempo necesario
para generar la pensión e introducir
unas bases cotizadoras de hace 25
años, que son mucho más bajas, para
el cálculo de la cuantía.

No parece la mejor manera de
asegurar un futuro digno a las personas
trabajadoras pretender rebajar
las pensiones en un país en el
que la media por jubilación se sitúa
en 874,97 euros mensuales y menos
si hablamos de mermar estas
cantidades a 20 años vista.
Estos son los datos y de eso va
este cuento. De recortes de derechos
sociales y laborales, de despidos,
de embargos de viviendas y
subsidios de limosna, de pensiones
de miseria y futuro incierto. Pero
también de dividendos, de beneficios
multimillonarios, de SICAV,
de agrupación de capitales, de corrupción
política, de manipulación
mediática y sindical.

De nosotras y nosotros depende
que esta dinámica no continúe y
demos la respuesta frente a una
agresión tan nociva y lastimosa en
derechos que, inevitablemente, serán
muy difíciles de reconquistar.
Ahora más que nunca se hace necesaria
una huelga general que haga
visible en las calles nuestro contundente
rechazo a ésta y todas las
propuestas, leyes y gobiernos que
continúen mermando el patrimonio
social, nuestros derechos y
nuestro futuro.