Los autores, que realizaron la evaluación de la política de aguas para la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, analizan el estado de este recurso.
El derecho al agua y el saneamiento han sido reconocidos por la ONU como servicios públicos esenciales para todos. Sin embargo, es algo sin solucionar en el Estado español. Sobre el agua como recurso común, se ciernen importantes riesgos como la privatización, los intereses de grupos constructores hidroeléctricos y regantes, unidos a la falta de vigilancia, de depuración y de una política pública adecuada. Se observa cómo en gran parte del Estado el agua no se puede beber de los grifos, que muchos de los ríos y masas de agua presentan profundos problemas de calidad, que los ecosistemas acuáticos siguen degradándose, que las cuantías de los fondos que se asignan para la correcta gestión siguen disminuyendo, etc.
El agua se configura como un derecho esencial clave para la seguridad, asociado a fuertes tensiones territoriales que se agudizarán en el tiempo, especialmente por los trasvases, o los usuarios de los mismos acuíferos que compiten entre ellos hasta la total esquilmación del recurso o también por la calidad del agua, (Toledo-Madrid), o entre los diferentes usos del agua: abastecimiento, agricultura de regadío, hidroeléctricas, industria y los eternamente perdedores, que son los usos ambientales. Estas tensiones afloran cuando hay lluvias, pero cuando se producen las sequías, fenómeno frecuente en la península ibérica, estas tensiones se manifiestan y se manifestarán con toda su crudeza. Se consuma así la paradoja de que los dos sectores en los que descansa una parte fundamental de las exportaciones que a duras penas compensan el tremendo saldo deficitario de la balanza por cuenta corriente –la agricultura de regadío y el turismo mediterráneo de masas– se concentran en la zona de mayor aridez. Por otra parte, se ha producido una disminución generalizada del caudal de los ríos peninsulares y, en casos como el del Segura, la reducción supera el 3%en los últimos 50 años.
Hidroeléctricas, regantes y constructoras diseñaron la política de aguas, e indujeron una demanda crecienteLas políticas realizadas hasta la fecha se han basado en el aumento de la oferta, olvidándose totalmente de la gestión de la demanda salvo contados intentos. Por otra parte, existen fuertes presiones privatizadoras que ya han conseguido sus fines en Huelva, León, Avilés o Guadalajara y amenazan Lugo, Jerez de la Frontera, el Puerto de Santa María, el Canal de Isabel II (6.000.000 habitantes) o Aigües Ter- Llobregat (5.000.000), tanto en sistemas de aguas de abastecimiento como de saneamiento. Aunque la principal batalla en la privatización del agua en España, el caso del Canal de Isabel II ha sido, por ahora, detenido por una colosal batalla ciudadana que ha llevado hasta que se plantee un recurso de inconstitucionalidad. Finalmente, todavía espera su oportunidad la gestión basada en la ciencia y el beneficio de los comunes con precios razonables, gestión de la demanda, buenas calidades de agua de baño, caudales ecológicos, restauración de los ecosistemas degradados, uso adecuado en la agricultura, correcta depuración de las aguas, que pueda hacer frente a los retos como los ciclos de sequía, la degradación de los ecosistemas y el cambio climático. El derecho al agua y al saneamiento reconocido en los objetivos del milenio y en la cumbre Río+20 choca con la privatización y mercantilización del recurso.
Políticas públicas
En los últimos 70 años el grueso de las políticas se han orientado al aumento de la oferta. El Franquismo se centró en la realización de 1.200 grandes embalses, récord mundial en relación a superficie y número de habitantes. La presión de las eléctricas Unesa y las grandes constructoras han tenido un peso determinante en la política hidráulica desde los 40 hasta la fecha. Las eléctricas han seguido disfrutando de un recurso gratis a través del sistema concesional, especialmente en épocas de subida del precio del crudo, como las vividas en el período 2004-2008. La connivencia con el gobierno determinó el desproporcionado desarrollo de estos grupos de presión, consecuencias que hoy estamos pagando con el enorme desarrollo de infraestructuras que simplemente no podemos pagar. Por otra parte, los regantes, con la demanda infinita de superficies de regadío, han incrementado sus superficies hasta 2011, con 3.547.221 hectáreas según Esyrce, dato record histórico, y este Gobierno ha prometido seguir impulsando el incesante aumento del regadío.
Estos tres agentes (constructoras, hidroeléctricas y regantes) han sido los responsables de diseñar la política de aguas, e indujeron una demanda siempre creciente que ha incrementado de una forma artificial la situación deficitaria de las cuencas hidrográficas, especialmente las mediterráneas, con las graves consecuencias de sobreexplotación de ríos y acuíferos que han esquilmado el recurso, tratándolo casi siempre como un recurso minero, sin observar las tasas de renovación del sistema.
Aumento de la escasez
El efecto de estas políticas ha sido no superar la escasez sino ampliarla, junto con la avidez de agua, agravando los conflictos entre regiones y usuarios. Los falsos y acientíficos axiomas del “desequilibrio hídrico” o de “cuencas deficitarias” llevaron a plantear incluso los megalómanos planes de realizar cientos de trasvases, por supuesto, sin considerar el coste. El Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 1993 (Borrell) pretendió gestionar el agua del país como un sistema unificado, culminación del sueño regeneracionista de Costa de “equilibrar España” a base de obras hidráulicas. El PHN 2000, (Matas) del PP, “sólo” pretendía el trasvase del Ebro y otros menores asociados como el Jucar-Vinalopó. Ha sido la llamada planificación hidrológica (o más bien su falta) la que ha desquiciado definitivamente las expectativas y pautas de consumo, situando al conjunto de los ecosistemas acuáticos en una grave situación de crisis de efectos impredecibles en términos ecológicos, económicos y sociales, que alimenta, a su vez, factores de permanente tensión y crispación política entre los distintos territorios.
Frente a la tragedia de los comunes se presentan cientos de casos de manejo sabio del recurso agua en España
El PP llegó a proponer en la campaña electoral de 2011 medidas trasnochadas como el trasvase del Ebro. Ahora ya no sigue con los impedimentos de todo tipo al plan de desaladoras, conocedor de que con el sistema actual son imprescindibles en caso de sequía para el abastecimiento a la población y determinada agricultura. Las inversiones en 2011 se han reducido a valores de 1997.
La política del común
Una política de aguas futura deberá basarse obligatoriamente en la mejor ciencia disponible con participación adecuada para la toma de decisiones, con la consideración del cambio climático, con el ya comprobado aumento de las temperaturas, mayor demanda hídrica de los cultivos y con más frecuencia de acontecimientos extremos: tormentas, gotas frías e inundaciones, ciclos de sequía más acentuados y más irregularidad en las precipitaciones.
Deberán desarrollarse políticas de gestión de la demanda, que eviten gastos suntuarios, despilfarro y primen el ahorro y el uso inteligente del agua. Los regadíos deberán disminuir, se tendrán que incrementar variedades que consuman menos agua, liberando así recursos para los ecosistemas y eliminando la construcción de zonas en las que no hay agua, como en la costa. Tiene que haber un fuerte decrecimiento de la demanda. Se deberá incrementar la vigilancia sobre el recurso, revisando las concesiones. La política forestal tendrá que estar unida a la hidrológica. Habrá que aumentar la vigilancia y control en vertidos y la restauración de ecosistemas degradados. Esta política deberá dejar agua para los ecosistemas, recarga de acuíferos, humedales, caudales ecológicos, etc. Los planes hidrológicos de cuenca tendrían que aportar esa perspectiva global de los principales problemas de cada cuenca hidrográfica.
El objetivo de las políticas tiene que ser el ciudadano, y no el interés de determinados grupos empresariales. Por ejemplo, se tiene todo el derecho del mundo a beber del grifo un agua de calidad.
Frente a la tragedia de los comunes se presentan cientos de casos de manejo sabio del agua en España. En su libro Goberning the Commons, Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía, recogió ejemplos por todo el mundo donde funcionaban los comunes en la gestión de recursos. En España incluyó casos de Murcia, Alicante, Orihuela, el Tribunal de las Aguas de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, que desde hace siglos controla el reparto del agua, pero hay cientos de ellos más y han funcionado con éxito durante siglos. Es decir, frente a la tragedia de los comunes en la gestión del agua que supone privatización, sobreexplotación y contaminación, hay una “inteligencia colectiva” que supone un futuro sostenible. Todavía hay oportunidad para preservar el agua como un recurso común.
EL PSOE Y EL PROBLEMA DEL REGADÍO
El PSOE derogó el trasvase del Ebro nada más llegar al
poder en 2004 y apostó por un programa muy ambicioso de desalación que
no cumplió los volúmenes anunciados. Además de los elevados precios del
recurso, todas las trabas posibles puestas desde los ayuntamientos y
Comunidades del PP y la falta de previsión sobre la demanda de los
agricultores, (acostumbrados al agua gratis en los años que hay agua
suficiente) hicieron que no se cumplieran las expectativas. El PSOE fue
incapaz de iniciar el proceso de recuperación de costes del agua en la
agricultura, aunque sólo fuera como una señal de precios, como marca la
Directiva Marco del Agua, ni de acabar la planificación integrando todas
las confederaciones hidrográficas. Durante el periodo del PSOE se
siguieron incrementando los regadíos.
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