El 20 de junio volvieron las protestas
a las calles de las principales ciudades
sirias, motivadas por un discurso
institucional televisado en el que el
presidente Bashar al-Assad negó la
posibilidad de reformas en el contexto
político actual, e insistió en la existencia
de una conspiración internacional
contra su país, que “apoya a
grupos de saboteadores que instigan
el malestar social”.

En esta esperada comparecencia,
la segunda desde que comenzara
la revuelta en febrero, Assad
negó la responsabilidad de su Gobierno
por la muerte de 1.400 activistas,
que atribuyó a “bandas de
hombres armados sin identificar”. A
pesar de los 10.000 arrestos políticos
en cuatro meses, de un inminente colapso
económico y de haber sido acusado
desde la prensa internacional
de financiar y utilizar escuadrones
de la muerte contra su propio pueblo,
Assad aseguró que se busca para
ser procesados a otros “64.000 saboteadores
por cometer actos vandálicos,
lo que equivale a todo un ejército”,
según él mismo admitía.

En un tercer frente, al-Assad
acusó a “intelectuales extremistas
y blasfemos que están causando el
caos en el nombre de la libertad”
de desestabilizar un país que es gobernado
por el mismo partido desde
1963 y la misma familia desde
1970, y que había permanecido en
estado de emergencia desde 1962
hasta el mes de abril, en que se
suspendió como concesión tras
dos meses de agitación política.

Así las cosas, y con el ejército en
las calles de las principales ciudades,
la promesa de abrir un diálogo
constituyente con los sectores
“legítimos, una vez se haya restablecido
el orden” no ha impresionado
a nadie en la oposición o la
prensa internacional.