TERRITORIOS OCUPADOS // LAS COLONIAS OCUPAN UN 10% DE CISJORDANIA, PERO TIENEN EL CONTROL FÁCTICO DEL 60% DEL
Asentamientos, armas de colonización

Pese a la decisión del Gobierno de Netanyahu de no aprobar durante diez meses la construcción de nuevos asentamientos, la colonización de los
territorios ocupados avanza imparable, convertida en un negocio boyante.

26/02/10 · 0:00
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Texto de Erika Jara, Jerusalem

Los 200 asentamientos israelíes situados
en territorio palestino, incluídos
los que se encuentran en Jerusalén
Este, son ilegales. Por lo menos
así lo determina el artículo 49 de
la Cuarta Convención de Ginebra,
que prohíbe a la potencia ocupante
transferir su población a la tierra
ocupada; y así queda ratificado por
la resolución 452 de la ONU (1979),
el Informe Mitchell (2001) y la Hoja
de Ruta (2003), que instan a Israel a
frenar inmediatamente la empresa
de las colonias. Pero Israel ha hecho
siempre oídos sordos: cinco
años después del Tratado de Oslo
(1993) el número de colonias se había
duplicado. Dieciocho meses
después de la Conferencia de Annapolis
(2007), los permisos de construcción
se triplicaron.
El último giro estratégico lo marcó
el presidente israelí, Benjamin Netanyahu,
en noviembre de 2009, con
su decisión de restringir la construcción
de asentamientos durante diez
meses. Los gobiernos mundiales
acogieron la iniciativa como un gesto
de buena voluntad, pero la iniciativa
excluye los proyectos ya en marcha,
la construcción en Jerusalén
Este y la construcción de edificios
públicos. Así, por ejemplo, el Gobierno
de Israel ha convertido uno de los
colegios del asentamiento de Ariel
en universidad, la primera existente
en los territorios ocupados. Esto supone
mayor inversión estatal para
triplicar el tamaño del campus y
construir un nuevo edificio para el
personal docente, además del aumento
de estudiantes israelíes; en
estos momentos el colegio posee
11.000 estudiantes, el 70% de los
cuales proceden del área de Tel Aviv.
Según Jeff Halper, presidente del
Comité Israelí Contra la Demolición
de Casas (ICAHD), Israel tiene
aprobadas ya más casas de las que
es capaz de construir en los próximos
cinco años. “3.000 viviendas se
están construyendo en este momento”,
asegura Meir Margalit, concejal
de Jerusalén por el partido Meretz.
“Los trámites se están acelerando y
las máquinas trabajan más rápido.
Netanyahu sabe que más pronto
que tarde va a tener que negociar y
está dejando el máximo número de
hechos consumados posibles sobre
el terreno”, sostiene.

Un gran negocio

Los asentamientos son la principal
arma de colonización de Israel, más
efectiva incluso que el ejército: ocupan
el 10% del territorio de Cisjordania
y Jerusalén Este, pero sus
construcciones complementarias –el
muro, las carreteras exclusivas para
colonos, las áreas militares cerradas,
además de los check points– otorgan
a las colonias el control fáctico sobre
el 60% de la tierra ocupada. Pero el
poder no es el único aliciente para el
Gobierno israelí: los asentamientos
suponen un gran negocio. La adquisición
de tierra le resulta económica
al Gobierno israelí porque, “en la
mayoría de los casos, la confisca ilegalmente
a los palestinos”, señala
Suhail Jalilieh, analista político del
Applied Research Institute de Jerusalén.
Para la construcción se emplea
mano de obra muy barata, es
decir, palestinos, a los que se les paga
una miseria y se les niegan la mayoría
de los derechos laborales.
De las 200 colonias existentes, 140
son residenciales. El Ministerio de
Vivienda –el mismo para Tel Aviv
que para Cisjordania–, es el que culmina
y aprueba el plan urbanístico,
ayudado por el Ministerio de Defensa
que, con la Administración
Civil desplegada sobre Cisjordania,
aporta las ideas. Puesto que las personas
no pueden comprar tierra y
construir sobre ella, deberán ir a adquirir
apartamentos donde el gestor
de la tierra israelí haya decidido
construirlos, y por supuesto pagarle
al Gobierno por ellos. Jeff Halper explica
que “el Gobierno utiliza a la población
según le conviene para instalarla
en una u otra colonia y, al haberle
salido tan barata su construcción,
tanto económica como legalmente,
está en condiciones de
ofrecerle al comprador todo tipo de
incentivos fiscales (hipotecas ligeras,
reducción de impuestos) para atraerle
al lugar”. Señala que “el 85% de
los colonos son económicos y no entienden
nada de ocupación; quizá
preferirían vivir en Tel Aviv o
Jerusalén, pero acaban trasladándose
a pisos más baratos en colonias situadas
en la orilla cisjordana de la línea
verde, es decir, a aquellas que
Israel querrá mantener a toda costa
en cualquier negociación”. Halper
destaca que “hasta la izquierda israelí,
que no apoya la ocupación, desea
quedarse con los asentamientos
principales, como Maale Adumim.
El muro es revelador sobre estas intenciones:
las colonias que Israel
quiere mantener se quedan fuera de
su recorrido.”

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OCUPACIÓN. Asentamiento israelí de Har Homa, cerca de Belen. Erika Jara

60 asentamientos industriales

Existen, asimismo, 60 asentamientos
industriales. Según Jalilieh, “Israel
traslada al territorio ocupado las fábricas
más contaminantes (químicas,
fertilizantes, mataderos) porque
aquí no pagan casi impuestos y no
están obligadas a respetar unas normas
de medioambiente ni laborales
que sí existen en Israel, lo cual supone
enormes beneficios para las empresas
y para el Gobierno en el caso
de las compañías públicas”. Las normas
perentorias del derecho internacional
obligan a terceros países a no
reconocer una situación política ilegal
o realizar actos que puedan implicar
su reconocimiento pero, lejos
de ello, la OLP ha estimado en 100
millones de euros el valor anual de
los productos de los asentamientos
importados por la Unión Europea.
Además, algunos países, como es el
caso de España, han firmado acuerdos
comerciales con Israel por los
que privilegian sus bienes y servicios
con impuestos preferenciales. “Esto
significa que los fondos públicos del
país firmante benefician a estos productos”,
aclara Jalilieh. El problema
sobreviene cuando Israel quiere ocupar
terrenos más polémicos, como
Jerusalén Este o espacios cisjordanos
que no están situados junto a la
línea verde, sino entre poblaciones
árabes, como Hebrón.


Crisis energética en Gaza

Tras fuertes presiones,
la Autoridad Palestina
ha liberado fondos
de emergencia
para financiar la
entrada a Gaza de
varios camiones cisterna
con combustible, lo
que aliviará, aunque sólo por
unos días, la grave crisis energética
en que está sumida la
franja. En noviembre, la Unión
Europea dejó de proporcionar
los fondos para la adquisición
del combustible necesario para
el funcionamiento de la central
eléctrica de Gaza. El 23 de
enero, una de las dos
turbinas de la central
fue desconectada
por falta de combustible,
la planta
no puede proporcionar
energía a más del
50% de la población y el
95% sufre cortes intermitentes
en el servicio. La red eléctrica
gazatí fue seriamente dañada
por los bombardeos de hace
un año, y el embargo impuesto
por Israel impide la entrada de
electricidad a través de la red
eléctrica israelí y la importación
de combustible.


Burla al Informe Goldstone

que parece una burla
al Informe Goldstone,
que acusa a
Israel de crímenes
de guerra y contra la
humanidad durante la
Operación Plomo Fundido
contra Gaza, Israel ha presentado
un informe en el que
explica que, tras una investigación
sobre los hechos, dos militares
israelíes han recibido una
amonestación por el uso de
artillería a distancias cortas sin
haberlo consultado con sus
superiores. Hasta ahora, estas
dos amonestaciones y
la condena de un
soldado por haber
robado una tarjeta
de crédito a un
gazatí son el único
“castigo” contra responsables
de una operación
militar que mató a 1.400
palestinos e hirió a más de
5.000. En el mismo informe,
Israel admite que utilizó fósforo
blanco pero afirma que su uso
“se ajustó a la ley internacional”,
a pesar de que hay pruebas
de que fue utilizado contra
civiles, algo prohibido por la ley.


Un robo de 1.600 millones

El Estado de Israel ha
robado en las últimas
cuatro décadas
1.600 millones de
euros a los trabajadores
palestinos
deduciendo de sus
salarios cantidades destinadas
a beneficios sociales a
los que nunca tuvieron acceso,
según un estudio realizado por
las organizaciones israelíes
Centro de Información Alternativa
y Kav La’Oved. Según este
informe, State Robbery, que se
publicará este mes, el 92,4%
de estas deducciones se transfirieron
al Ministerio de
Finanzas israelí y la
mayor parte fueron
invertidas en proyectos
de infraestructuras
en los Territorios
Ocupados, en
beneficio de las colonias.
El sindicato Histadrut habría
participado en el robo. Según
los autores del informe, la cifra
aportada en el estudio es conservadora,
pues no se ha podido
incluir a los palestinos que
trabajan en los asentamientos
ni a los que lo hacen en la economía
sumergida israelí.

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