El área C, que constituye el 61% de Cisjordania, se ha convertido en el territorio más pobre de Palestina después de Gaza como consecuencia de las continuas demoliciones de casas y la confiscación de tierra y agua por parte de las autoridades israelíes.

Se trata de una de las divisiones administrativas que resultaron de los Acuerdos de Oslo: mientras que en las áreas A y B la Autoridad Palestina mantiene algún control, el área C se encuentra bajo control absoluto de los israelíes en lo concerniente a seguridad, construcción y planeamiento. Desde entonces, han dificultado a los aproximadamente 150.000 palestinos que viven allí el acceso a servicios básicos (tierra, agua, electricidad), forzándoles a desplazarse a las áreas B o A en busca de unas condiciones de vida dignas.

Demoliciones y asentamientos ilegales

El valle del Jordán es una de las zonas más afectadas del área C. Ocupa un 30% de Cisjordania, y tiene una importancia clave ya que contiene sus mayores reservas de agua y tierra fértil. Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de los Territorios ocupados Palestinos (OCHA), antes de 1967 vivían allí de 200.000 a 360.000 palestinos. Actualmente, la cifra ha caído a unos 56.000 en 2012, como consecuencia de las severas restricciones impuestas por los israelíes. Los palestinos que quedan viven en pequeñas comunidades, dedicadas principalmente al pastoreo.

Según la Organización Jordan Valley Solidarity, sólo 27 de las 52 comunidades locales tienen acceso a servicios básicos. El resto, en su mayoría comunidades de beduinos, se ven obligadas a vivir sin electricidad, agua corriente, escuelas o centros médicos.

El 87% de la superficie del valle del Jordán está designada como área C. En ella, la Administración Civil israelí ha previsto un 1% del territorio para el desarrollo de los pueblos palestinos, según datos de la OCHA El 87% de la superficie del valle del Jordán está designada como área C. En ella, la Administración Civil israelí ha previsto un 1% del territorio para el desarrollo de los pueblos palestinos, según datos de la OCHA. Para construir cualquier infraestructura, los palestinos tienen que pedir permisos a la Administración Civil Israelí, petición que será rechazada en un 94% de los casos según ha documentado esta organización en marzo de este año.

Algunos palestinos deciden ir una y otra vez a solicitar permisos. Cuando no les queda otra opción construyen sus casas sin ellos, arriesgándose a que se las destruyan y tengan que comenzar de nuevo. Fathy Khdirat, del Jordan Valley Solidarity Movement, se niega a pasar por este proceso: “Nuestra organización ha decidido desafiar la ocupación. Nos negamos a pedir permisos porque rechazamos las políticas de la ocupación. Hemos hecho durante años un seguimiento legal del las demoliciones, hemos llevado peticiones y quejas al tribunal de justicia israelí, pero nos damos cuenta de que ésta es una política de Estado. Quizás puedas tener éxito en un caso o en dos, pero perderás otros cien. No creemos en el sistema de justicia israelí”.

Ocupación económica

Mientras la situación de los palestinos es crítica, los 9.500 israelíes repartidos en 37 asentamientos en la zona del valle, viven prósperamente gracias al apoyo que reciben del Gobierno en forma de subsidios, ayudas de vivienda, agua y transporte. Estos asentamientos, ilegales según la ley internacional, se dedican al cultivo y la exportación de productos agrícolas. “Sufrimos también una colonización económica. Mientras ellos pueden alcanzar el mercado internacional en menos de 24 horas, a veces los granjeros palestinos no son capaces de llevar sus productos al mercado local en dos días, debido a los checkpoints”, lamenta Fathy.

Además, dada la falta de acceso a medios de vida, unos 1.800 palestinos trabajan en los asentamientos agrícolas del valle del Jordán, según MA’AN Development Center. Según esta organización, los trabajadores cobran una media de 10 shekels (unos 2 euros) cada hora, sin contrato, cobertura médica ni medidas de seguridad laboral. Una situación de explotación que reporta grandes beneficios a las empresas agrícolas de los colonos.

Confiscación de agua y tierras

La confiscación de agua y tierra es otro problema principal para los palestinos del área C. En el valle del Jordán, tras la ocupación, el sistema de pozos y canales de agua fueron destruidos y la zona que rodea el río Jordán convertida en “zona militar cerrada”, por tanto, fuera del alcance de los palestinos. En la actualidad, éstos tienen que comprar el agua en tanques.

Las comunidades del sur de Hebrón, situadas también en el área C, se encuentran con un problema parecido. Nasser Nawajeh, activista del pueblo de Susiya, ha solicitado varias veces a la Administración israelí que conecte su pueblo a una red de agua que pasa muy cerca y que se dirige al asentamiento ilegal también llamado Susiya. Pero no ha obtenido estos permisos y no puede acceder al único pozo que queda en el pueblo, ya que éste se encuentra en la “zona de seguridad” que rodea otro de los asentamientos cercanos, cuya entrada está prohibida para los palestinos, excepto si tienen un permiso que rara vez se les concede. Una parte de las tierras de cultivo de los habitantes de Susiya también ha quedado atrapada en esta “zona de seguridad”.

“No nos queda más remedio que traer el agua en tanques desde Yatta, pero no es solo comprar el agua, tenemos que traerla y para eso necesitamos combustible y un tractor especial. Es más caro el transporte que el agua” dice Nasser. Según la OCHA, las comunidades dependientes de agua en tanques pagan hasta un 400% más por litro que aquellas que están conectadas a la red de aguas”. El pueblo de Susiya ha sido destruido tres veces y actualmente se encuentra bajo amenaza de una cuarta demolición, lo que dejaría a 45 familias en la indigencia.

Zonas de tiro o zonas militares cerradas

El establecimiento de “zonas militares cerradas” o “zonas de tiro” en lugares estratégicos (pueblos, zonas de cultivo o zonas ricas en agua) es otra de las políticas de desplazamiento forzado que utiliza el Estado de Israel. La designación de estas zonas de tiro en lugares poblados va seguida del reparto de órdenes de demolición para las casas, establos, pozos o cualquier otra estructura. Éste es el caso de 8 pueblos situados en la franja sur de Cisjordania, al sur de la ciudad de Hebrón. Los pueblos de Jimba, Farkheti, Sfai, Tabban, Khoruba, Halawah, Mirkez y Majaz viven bajo amenaza de demolición por encontrarse en la “Zona de tiro 918”. En total, aproximadamente 1.500 personas podrían perder sus hogares y medios de vida.

“Quieren la zona del valle del Jordán porque es un sitio estratégico: tiene los mayores recursos de agua y tierra fértil y es la única conexión de Cisjordania con la comunidad internacional a través de Jordania" Esta política también se lleva a cabo en el valle del Jordán. Como comenta Fathy, “a los beduinos, que tenían que traer agua en bidones, les están confiscando los bidones diciendo que viven en una zona militar cerrada. Este año le han quitado a la comunidad beduina 27 tanques de agua”. Y añade: “Quieren la zona del valle del Jordán porque es un sitio estratégico: tiene los mayores recursos de agua y tierra fértil y es la única conexión de Cisjordania con la comunidad internacional a través de Jordania. Nuestro objetivo es resistir la ocupación de manera no violenta. Tratamos de hacer cosas sobre el terreno como reconstruir casas o escuelas para que niños y niñas puedan recibir educación en sus comunidades”.