El segundo presupuesto aprobado
por el Gobierno de Gordon
Brown le valió el calificativo de
“Robin Hood” de las finanzas. La
medida estrella fue un aumento
del tipo impositivo máximo del
40 al 50% para las rentas superiores
a 150.000 libras esterlinas
(unos 171.000 euros). Según un
artículo publicado por el Daily
Mirror, vinculado al Partido Laborista,
Brown tuvo que evitar un
cisma en su Gobierno, enfrentado
con él también a causa del
escándalo de los gastos de los
diputados, ya que algunos miembros
proponían subir el umbral a
las rentas superiores a 200.000
libras, y otros bajarlo a todas las
que estuvieran por encima de
100.000. Por su parte, el diario
conservador Daily Telegraph calificó
la medida como “lucha de
clases”.

Cabe resaltar que la reforma va
en sentido contrario a las que
han tenido lugar en los últimos
tiempos. En el caso español, el
primer Gobierno de Rodríguez
Zapatero reformó el IRPF en
2006, con el apoyo de CiU. La
reforma consistió en una rebaja
en el tipo máximo (para las rentas
más altas) del 45 al 43%, la
ampliación del mínimo exento
(rentas por debajo de 9.000
euros quedan exentas de pagar
impuestos) y la eliminación de
uno de los tramos, suprimiendo
parte de la progresividad impositiva.
Sucesivas reformas han
reducido el Impuesto de Sociedades,
y eliminado el Impuesto
sobre Patrimonio, que en 2008
había generado unos ingresos de
1.800 millones de euros.
La medida de Brown está encaminada
a reducir el déficit, aunque
hay otras voces que defienden
la subida de impuestos
progresivos como principio. En
palabras de George Galloway,
diputado por el partido Respect,
“el Gobierno necesita fondos
para financiar los servicios que
tenemos; si se quiere alumbrado
público, escuelas, gente que
cuide de nuestros mayores, etc.,
si se quiere todo lo que acompaña
a la civilización, el Estado
necesita ingresos”. Para Galloway,
la práctica de poner dinero
en los bolsillos más pudientes no
siempre repercute en el bien de
la economía: “La manera de
hacerlo es devolverle más dinero
a quienes están en la base de la
pirámide, que gastan la mayor
parte de sus ingresos en bienes y
servicios locales”.

En los países del entorno mediterráneo
y tradicionalmente en
EE UU, la bajada de impuestos
se convierte en argumento electoral
clave, y se considera como
algo positivo para el crecimiento
económico. Pero los países del
norte de Europa parecen demostrar
que esto no es siempre así:
donde las tasas de desarrollo
social y competitividad económica
están entre las más altas del
mundo hay un consenso entre
socialdemócratas y conservadores
a la hora de mantener unos
impuestos que llegan al 60% de
la renta. Como dato ilustrativo
cabe señalar que el PIB per cápita
de Suecia, Noruega y Dinamarca
están entre los diez primeros
del mundo, según el Fondo
Monetario Internacional. Aunque
quizá el aspecto más llamativo
de las altas tasas impositivas sea
el amplio apoyo popular, reflejo
de la confianza que la ciudadanía
de estos países tiene en el Estado
como garante de derechos y
proveedor de servicios, pues los
altos impuestos se traducen habitualmente
en subsidios.