Altos cargos de ¿medio ambiente?

Los altos cargos que
ocupan el nuevo Ministerio
de Medio Ambiente,
fusionado con medio
rural y marino, no tienen
experiencia ni sensibilidad
por temas medioambientales.

, Es funcionario al servicio de la Administración General del Estado.
01/10/08 · 13:00
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El Ministerio de Medio Ambiente
actualmente no
existe. Ha sido sustituido
por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.
El Gobierno actual ha considerado
para afrontar las amenazas medioambientales
o para cumplir los
compromisos que ha adquirido le
basta con la mitad de un Ministerio.

Además, el nuevo Ministerio se
ha nutrido de forma mayoritaria,
en lo que concierne a los altos cargos
con rango superior a Director
General, con personal del antiguo
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, comenzando con la
propia ministra Elena Espinosa.

Esto es lo que ha ocurrido con el secretario
de Estado de Medio Rural
y Agua, Josep Puxeu; el secretario
General del Mar, Juan Carlos Martín
Fragueiro; el subsecretario Santiago
Menéndez de Luarca; o Alicia
Villauriz Iglesias, como secretaría
General del Medio Rural. Cada uno
de los altos cargos señalados, con
excepción de Teresa Ribera, no sólo
tienen una ausencia de experiencia
la protección del medio ambiente
sino que sus funciones pasadas
han consistido en la protección de
los intereses de los sectores agrícolas,
pesqueros y ganaderos, que, no
debe olvidarse, se enfrentan de manera
directa en multitud de ocasiones
con los intereses medioambientales.

Por ejemplo, Josep Puxeu, al
cargo de la Dirección General de
Agua, ha sido vicepresidente de
Mercabarna, director de programas
de Centros Comerciales y Mercados
Minoristas de la Empresa
Nacional Mercasa y ha participado
en la fundación de la Unió de Pagesos,
formando parte de su Comisión
Permanente y de los cargos
de dirección durante nueve años.
Por otro lado, la Dirección General
de Costas (ahora denominada
Dirección General de Sostenibilidad
de la Costa y del Mar) y la Dirección
General del Agua, que en el
antiguo Ministerio de Medio Ambiente
estaban integradas en la
Secretaría General para el Territorio
y la Biodiversidad, ahora están
separadas. Esto es un profundo
error en la medida en que desconoce
el tratamiento integral del agua,
sin distinguir entre agua dulce o
agua salada.

Se intuye, por lo tanto, una ausencia
total de diálogo entre los antiguos
altos cargos del Ministerio
de Medio Ambiente y los actuales
del Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, que ni siquiera
sería justificable tratándose
de diferentes partidos políticos, y
que redunda en un perjuicio claro
para la ciudadanía.

Otra de las graves consecuencias
es la imposibilidad de desarrollar
cualquier tipo de política de una
forma continuada. La grave y cada
vez más profunda presión de los intereses
de los partidos políticos sobre
el personal al servicio de la Administración
hace que, tras unas
elecciones, incluso cuando el partido
político vencedor ha sido el mismo
y el presidente del Gobierno no
ha cambiado, se produzca una convulsión
paralizante en los departamentos
ministeriales. Algo que no
ocurre en el resto de países
europeos donde la Administración
es mucho más estable.
Por otro lado, en estas reestructuraciones
ministeriales hay Direcciones
Generales en las que todos
los órganos con funciones directivos
han cambiado, permaneciendo
únicamente el trabajador de base.

Este trabajador, paradójicamente,
tendrá como primera función
explicar a su nuevo subdirector
o director general, cuando
sean nombrados, en qué consiste
esa Dirección General, cuál ha sido
la política que se ha seguido en
los cuatro años anteriores, o cuál
es la normativa o jurisprudencia
existente… por poner solo algunos
ejemplos. Sólo después de varios
meses, el director o subdirector general
se empieza a enterar de cuáles
son sus actuaciones.

En conclusión, preocupa, y así lo
han manifestado organizaciones
como Ecologistas en Acción, el hecho
de que el actual Gobierno ha
querido pegar un frenazo a la política
ambiental de la anterior legislatura;
e igualmente preocupa el
control constante que pretenden
realizar los partidos políticos sobre
las Administraciones Públicas,
prescindiendo de los controles que
la normativa estatal prevé para el
nombramiento de determinados altos
cargos, e imposibilitando la permanencia
necesaria de personal
con el conocimiento necesario.

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