CRISIS // ZP APUESTA POR LOS RECORTES SOCIALES
Alcance y alternativas al plan de ajuste

Gravar a las SICAV con un 18%, subir el tramo máximo del IRPF del 43% al 50% o reducir el fraude fiscal, algunas de las medidas que aporta este economista.

, Investigador del Departamento de Economía Aplicada I, UCM
25/05/10 · 9:01
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Ilustración: Joan Negrescolor.

El desmoronamiento en 2008 de la burbuja crediticia e inmobiliaria supuso que los Gobiernos del G-20 –entre ellos el español– interviniesen con ingentes rescates para apuntalar sus respectivos sistemas financieros. En España, el Fondo de Rescate creado para ayudar a la banca (FROB) se dotó con 9.000 millones de euros.

El ajuste económico derivado de este primer episodio de la crisis ha sido durísimo en nuestro país: la congelación salarial se ha instalado en el sector privado y se han destruido más de dos millones de puestos de trabajo. Mientras tanto, los bancos españoles declaraban un beneficio neto de más de 13.000 millones de euros durante el año pasado. Desde 2008 hemos asistido por tanto a un significativo proceso de socialización de las pérdidas del sector financiero.

El segundo episodio de esta tragedia ha quedado recientemente escenificado con la adopción de las duras medidas de ajuste tomadas por el Gobierno ante la presión de los mercados financieros internacionales, con intención de reducir el déficit en 15.000 millones durante 2010 y 2011 El recorte del 5% del salario de los empleados públicos, la congelación de las pensiones, la reducción en 6.000 millones de euros de la inversión pública o la eliminación de la retroactividad en el cobro de la prestación por dependencia, entre otras medidas, suponen una nueva agresión a millones de trabajadores y pensionistas.

El Gobierno no sólo no ha impedido que la primera fase del ajuste recayese sobre los asalariados y trabajadores autónomos, sino que ha propiciado además una segunda vuelta de tuerca. La nueva ofensiva desplegada no se limita a una agresión a los empleados del sector público. Constituye un ataque al conjunto de los trabajadores y trabajadoras –circunstancia que debiera tenerse en cuenta por CCOO y UGT a la hora de valorar la respuesta sindical–, al erosionar conquistas democráticas como las pensiones, los sistemas de educación y salud y, en definitiva, el gasto público social.

Las consecuencias del ajuste

Durante estos últimos dos años de crisis los bancos han recibido abundantes préstamos por parte del Banco Central Europeo a tipos muy bajos (1%), que han utilizado para comprar bonos de países de la UE. Esto les ha reportado rentabilidades del 5%, el 7% y hasta el 10%. La banca ha alimentado con ello una nueva burbuja financiera –en este caso de títulos de deuda pública– mientras mantenía por otro lado el grifo del crédito cerrado. Así, las ayudas que el Gobierno español y el resto de gobiernos de la UE han facilitado a los inversores financieros –y que explican buena parte de los déficits que ahora se persiguen– han sido finalmente utilizadas para poner contra las cuerdas a los propios Estados, a los sistemas públicos de pensiones y al gasto social.

Las medidas adoptadas por el Gobierno tendrán importantes consecuencias. Además de los recortes en salarios y servicios sociales, el ajuste prolongará la recesión económica, profundizará los niveles de desempleo, impedirá las necesarias inversiones para avanzar en la sostenibilidad del aparato productivo y reforzará la división sexual del trabajo.

Este plan de ajuste viene determinado por las obligaciones que se derivan de la pertenencia al euro. La imposibilidad de practicar una política cambiaria autónoma hace recaer los ajustes económicos sobre el salario, el empleo y los gastos sociales, al no resultar ya posible las devaluaciones de la moneda nacional.

No obstante, es importante recordar que el problema del déficit público se podría solucionar por el lado de los ingresos. La recuperación del impuesto de patrimonio para fortunas superiores a un millón de euros permitiría recaudar unos 2.000 millones de euros al año; gravar a las sociedades de inversión de grandes capitales (SI- CAV) al 18% (actualmente tributan un 1%) permitiría ingresar al menos otros 1.500 millones; aumentar el tramo máximo del IRPF del 43% al 50% reportaría 2.500 millones anuales más a las arcas públicas; aumentar del 30% al 35% el impuesto sobre beneficios de las 14 empresas españolas que facturan más de mil millones de euros al año, permitiría obtener otros 2.500 millones; y, finalmente, reducir el fraude fiscal únicamente un 5% permitiría obtener otros 2.500 millones de euros. Estas medidas equivalen al total del ajuste económico que el Gobierno planea para el año 2011.

La crisis en la que nos encontramos inmersos presentará nuevos episodios, que vendrán de la mano de reiteradas exigencias de “ajuste” para las clases populares. No obstante, el desenlace de esta obra no está escrito, y dependerá de la fortaleza de la izquierda política, social y sindical para organizarse, defender sus intereses y responder a las agresiones.

LA HISTORIA VIENE DE LEJOS

N.A.

_ A la hora de evaluar los motivos de la actual situación, no debe olvidarse que llueve sobre mojado. Los años previos a la crisis se han caracterizado por un espectacular proceso de redistribución a favor
de las rentas del capital. Así, mientras el salario medio ha
crecido un 2,8% entre 1994 y 2008, el valor del producto interior bruto (PIB) lo ha hecho en un 69%, el incremento del patrimonio financiero ha sido del 95,2% y el del patrimonio inmobiliario del 134,4%.

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