MADRID: EL EXPOLIO DE UNA EMPRESA SOLVENTE
Aguirre privatizará el Canal después de las elecciones del 22-M

Cuatro consultoras han emitido sus informes para que
el Consejo de Administración del Canal de Isabel II
proceda a la privatización del abastecimiento de agua.

08/02/11 · 10:21
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Foto: Canal de Isabel II.

No es fácil reconstruir el estado del
proceso de privatización del Canal
de Isabel II debido al secretismo que
está rodeando el proceso. En abril
del 2010 el Canal contrató cuatro
consultoras (BBVA, TINSA, Rothschid
y Cuatrecasas) para estudiar los
aspectos financieros, económicos,
patrimoniales y de asistencia jurídica
a la privatización. Los informes
ya han sido entregados, pero su contenido
todavía no ha sido transmitido
al Consejo de Administración, como
sería preceptivo. A falta de información
oficial, la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre y el Presidente del Canal y
Vicepresidente de la Comunidad,
Ignacio González –aparentemente el
gran impulsor de todo el proceso–
han enviado sendos mensajes a través
de la prensa en otoño 2010 advirtiendo
que la privatización podría
completarse en mayo del 2011, presumiblemente
después de las elecciones
autonómicas.

A 160 años de su fundación, el
Canal de Isabel II es un ejemplo de
gestión razonablemente eficiente
de una empresa pública.
La empresa
ha producido un beneficio (después
de impuestos) de 98,5 millones
de euros en 2009, y preveía un
resultado neto de 61 millones en
2010. Destinó el 0,8% de su presupuesto
de 2007 (740 millones de euros
en 2008) a proyectos de I+D+i,
y la previsión era que alcanzara el
1,5% en 2010. Algunos de estos proyectos,
junto a las campañas de concienciación
ciudadana, han producido
importantes resultados medioambientales,
como la disminución
en más del 30% del consumo
individual entre 1991 y 2010, y del
13% en los últimos cuatro años.

Sin embargo, el modelo de gestión
del Canal está lejos de ser transparente
e inspirado por su función de
servicio público. El Canal es la cabeza
visible de un conglomerado multinacional
de 35 sociedades anónimas.
Entre ellas destaca el grupo empresarial
Inasa, cuya matriz es la corporación
Canal Extensia propiedad
al 75% del Canal de Isabel II. Inasa
ha sido muy activa en los procesos
de privatización de los servicios de
agua y saneamiento en Colombia y
otros países de Latinoamérica, y sus
filiales se han caracterizado por la
vulneración de los derechos de las
poblaciones indígenas, la violación
de los derechos laborales y sindicales,
y un aumento de hasta diez veces
en las tarifas de agua para los estratos
sociales más necesitado,
como
se denunció en el Tribunal
Permanente de los Pueblos en su ultima
sesión en Madrid.

Oposición al proyecto

La Ley de Acompañamiento de los
presupuestos de la Comunidad de
Madrid de 2008 incluyó dos artículos
que prevén la transformación del
Canal en una sociedad anónima. La
Comunidad de Madrid justifica la
privatización con el argumento de
que no puede permitirse desembolsar
los 4.000 millones de euros requeridos
para la adaptación de las
infraestructuras a la Directiva
Europea Marco del Agua y para la
construcción de dos nuevos embalses.
Sin embargo, la Confederación
Hidrográfica del Tajo nunca ha expresado
la necesidad de estos nuevos
embalses, y, aunque se tuvieran
que afrontar inversiones de esta
magnitud, el Canal de Isabel II podría
sin dificultades conseguir financiación,
gracias a su tamaño (740 millones
de euros de ingresos en 2008)
y solvencia.

Desde que las primeras noticias
sobre el proceso de privatización del
Canal de Isabel II se hicieron públicas,
un amplio espectro de movimientos
sociales y ciudadanos se ha
unido a la plantilla del Canal para expresar
su oposición al proceso. La
oposición se basa en que las privatizaciones
de las empresas públicas de
agua y saneamiento en grandes capitales
de países europeos siempre han
mermado la universalidad de acceso

a este recurso básico y las condiciones
laborales de los trabajadores del
sistema urbano de aguas.

Por poner un ejemplo, el sistema
de privatización propuesto por la
Comunidad de Madrid es idéntico
al que se puso en marcha en la ciudad
de Berlín en al año 1999, con
Veolia y RWE repartiéndose el
49,9% de las acciones del antiguo
proveedor público. Desde entonces
los precios del agua han subido del
23%, la plantilla se ha reducido en
más del 15%, y la calidad del agua
ha empeorado sensiblemente.
En
Francia, un país donde el 80% de la
población está atendida por operadores
privados, los servicios cuestan
el 44% más que los públicos.
Por ello, la municipalidad de Paris
remunicipalizó en 2010 la gestión
del servicio debido a la subida de
los precios y las deficiencias en el
mantenimiento de la red. Desde entonces,
los precios están estabilizados
a un euro por metro cúbico,
mientras que en el área suburbana,
el llamado “Gran París”, la empresa
Veolia cobra 2,93 euros por m3.

Movimientos y asociaciones unidos
en la plataforma en contra de
la privatización del Canal de Isabel
II
alertan de que la privatización
conllevará el empeoramiento de la
calidad del servicio, la disminución
de las inversiones en infraestructuras,
y el abandono de las medidas
de ahorro y de salvaguarda del entorno,
además de quitar los ingresos
que las arcas públicas reciben
de una empresa solvente.
Los 2.200
trabajadores del Canal creen que la
privatización repercutirá en la calidad
y la estabilidad de sus empleos
y han organizado cuarto movilizaciones
entre noviembre de 2008 y
enero de 2010.

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Foto: Canal de Isabel II.
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