Varias cuestiones amenazan el
derecho de defensa de migrantes
en los procedimientos de
extranjería. Una es la alarmante
situación en la que desde hace
años se encuentra el turno de
oficio, provocada por el desprecio
por parte de las administraciones
y el poder judicial hacia la
defensa jurídica de personas sin
recursos. Así, las cantidades que
perciben los abogados de oficio
por su trabajo no se actualizan
desde 2003 y, lo que es peor, a
día de hoy el Gobierno de la
CAM acumula un retraso de más
de un año en el pago de las mismas.

Para 2009, la Comunidad
ha previsto para el turno de oficio
una cantidad que se destinará
a pagar la deuda acumulada,
lo que deja prácticamente agotado
el presupuesto para pagar las
actuaciones que realicen las
letradas durante el año. Esto
manifiesta la voluntad expresa
del Gobierno Aguirre de deteriorar
el turno de oficio. Por este
motivo las asociaciones Asociación
Libre de Abogados, Asociacion
Profesional de Abogados de
Extranjería y Asociación de Letrados
por un Turno de Oficio Digno
acusan a la CAM de practicar
una política de “tierra quemada”
con el turno de oficio, como
paso previo a su privatización, y
han convocado a los abogados
de oficio a una protesta que
comenzó el 16 de febrero con un
encierro en la sede del Colegio
de Abogados. Lamentablemente,
la degradación del turno de oficio
repercute, si bien no justifica,
en la calidad de la asistencia
que prestan los letrados a personas
extranjeras, donde se producen
a menudo problemas de
falta de comunicación de éstos
con los letrados designados para
su defensa.

Así las cosas, y ante la previsión
de un considerable aumento de
solicitudes de justicia gratuita
por parte de ‘sin papeles’ motivada
por el proyecto de endurecer
la normativa de Extranjería,
así como por el incremento de la
presión policial sobre los extranjeros
decidida por el Ejecutivo
estatal, la CAM adoptó en
noviembre un nuevo acuerdo, en
el seno de la Comisión de Justicia
Gratuita: para acceder a este
derecho, los extranjeros deberán
acreditar la insuficiencia de
recursos económicos para litigar
en los mismos términos que los
españoles, con la única diferencia
de que en vez de diez se les
darán 15 días para aportar los
documentos que acrediten esa
carencia, transcurridos los cuales
se archivarán las solicitudes
de abogado de oficio. No explica
el acuerdo qué documentación
se pedirá a los internados
en los CIE, que ni tienen nóminas
ni constan en registros
públicos, o a las personas
devueltas en frontera o deportadas
a su país de origen. El
acuerdo, que entrará en vigor
en marzo, elimina de facto el
derecho de justicia gratuita de
los extranjeros que sean deportados
a sus países de origen,
ya que, en la práctica, las posibilidades
de acreditar la insuficiencia
de recursos en ese
plazo serán casi nulas.

Por otra parte, en el anteproyecto
de reforma de la Ley de Extranjería
presentado por el Gobierno a
las Cortes se introduce un precepto
que dificultará mucho las
posibilidades de acceso a la
jurisdicción de los extranjeros
expulsados. Se trata del Art. 22
bis, que determina que quienes
quieran recurrir una decisión
administrativa de expulsión ante
la jurisdicción competente deberán
manifestar su voluntad fehaciente
de hacerlo, sin que sirva,
como hasta ahora, la designación
que se hace al abogado
que les asiste en frontera o en
comisaría. Se establece que
podrá hacerse esa manifestación
de voluntad en el consulado o
misión diplomática correspondiente,
lo que puede no ser complicado
en Milán, pero sí lo es, y
mucho, en las oficinas de Bogotá
o Dakar, donde la administración
se asemeja más a un negociado
colonial que a una dependencia
propia de una administración
moderna y accesible.