Manifestación contra la privatización del Canal de Isabel II

El 9 de enero los vecinos de El
Ventorro de la Puñalá se quedaban
sin agua. Este poblado de infraviviendas
en el entorno de Getafe acoge
a más de 70 familias que, desde
ese día, no tienen agua corriente. Las
explicaciones del Canal resultaron
paradójicas. Tras las primeras acusaciones
de impago llegó la explicación:
obtenían el agua de manera
fraudulenta y sin contrato, por lo tanto
no podían tener impagos. La historia
deja sin agua a unas 300 personas
y, según fuentes de la oposición
regional, ejemplifica el futuro que
aguarda a los vecinos de Madrid si el
líquido elemento pasa a ser gestionado
por manos privadas. El proceso
ha empezado.

En septiembre de 2008, el Canal
de Isabel II necesitaba, según la presidenta
de la Comunidad de Madrid,
4.000 millones de euros en inversiones.
Esperanza Aguirre sabía dónde
buscar: “Qué mejor manera de obtenerlos
que salir a Bolsa y hacer que
los madrileños puedan ser propietarios
de acciones de su empresa de
aguas”. La frase, junto a la ley que
aquel año apuntalaba la iniciativa,
muestra toda la aparente lógica endiablada
del capitalismo, pero, claro,
es falaz. Los madrileños ya son propietarios
de su empresa de aguas,
aunque no sean accionistas.

Con aquel argumento empezaba
la larga carrera del PP por poner en
manos privadas una de las ‘joyas de
la corona’ en la región y de todo el
Estado: la empresa pública que gestiona
el agua de los madrileños desde
1851. Aquel primer arranque de
Aguirre no cuajó, en parte por sus rifirrafes
con Gallardón, que se mostró
reacio a la privatización en vísperas
de un congreso regional del PP,
cuando él y Aguirre pugnaban por el
liderazgo del partido. El freno del alcalde,
unido a las malas expectativas
de venta en una crisis que estaba empezando
y se preveía breve, aplazó
entonces el afán de la presidenta.

Beneficios millonarios

El Canal de Isabel II es un trofeo
muy codiciado, una de esas empresas
públicas que, además de prestar
un servicio a la ciudadanía, obtienen
beneficios. El canal obtuvo unas
ganancias netas de 120 millones de
euros en 2010, último ejercicio contabilizado.
El año anterior registró
unos ingresos de 750 millones, con
beneficios de 151 millones. Un pastel
muy goloso en tiempos de crisis.
En resumen, el plan privatizador del
Gobierno de Aguirre contempla
vender a accionistas privados el 49%
de las acciones del Canal, aunque
también entrega un 19% más a los
ayuntamientos. La oposición ha criticado
en reiteradas ocasiones el
proceso, que llega precisamente en
un momento de recesión y falta de
crédito en que los accionistas privados
tendrían la excusa perfecta para
ofrecer precios por debajo del valor
potencial de una empresa de este calibre.
Entonces, ¿por qué malvender
el Canal?

En el PP tienen sus razones, desde
la ideología neoliberal de la presidenta
hasta los motivos crematísticos
del Ayuntamiento capitalino, el
más endeudado de España con un
agujero de 6.891 millones de euros.
En efecto, según el acuerdo entre
Comunidad y Ayuntamiento, si el
Canal se privatiza, un 10% de las acciones
pasarían a estar en manos del
Consistorio, que ya incluye la venta
de su porción en los cálculos presupuestarios.

Según su particular
cuenta de la lechera, las sedientas
arcas municipales podrían ingresar
384 millones de euros con el negocio.
De esa cifra, 39 millones de euros
vendrían exclusivamente de la
venta de un 14% de las acciones que
le corresponden. El Ayuntamiento
ya ha aprobado que pueda vender
hasta un 70% de ese paquete. Con
Gallardón apartado de la política
madrileña, en plena sequía económica,
con Ana Botella sedienta de liquidez
y con los ingresos de la
Comunidad bajo mínimos, la peor
venta posible se hace buena. El resto
de ayuntamientos madrileños se repartirán
otro 9% del Canal y todos
ellos pueden privatizar una parte.
Según Carmen Villares, portavoz de
IU en la comisión de Medio
Ambiente de la Asamblea, “el 63%
del Canal puede acabar en manos
privadas” durante medio siglo, el
plazo de cesión que contempla la ley.

Una tasación difícil

Es imposible saber cuánto cuesta
el Canal. La última tasación se hizo
pública en 1989, hace casi un
cuarto de siglo. En aquella época
la empresa pública ya valía
500.000 millones de pesetas, unos
3.000 millones de euros. Ahora la
cifra es un misterio; de hecho, la
Comunidad pagó en 2011 más de
un millón de euros a BBVA,
Concinsa, Rothschild y Cuatrecasas
por tareas de consultoría y
asesoramiento: es decir, para que
preparasen el papeleo de la venta
y le pusiesen precio a este gigante
que maneja 14 embalses, más de
14.000 kilómetros de tuberías, siete
empresas filiales, un parque de
200 viviendas y mucho, mucho
suelo. En 2009, 20 años después
de su primera tasación, la consultora
American Appraisal volvió a
ser contratada para lo mismo: ponerle
precio al Canal. Nadie entre
los empleados del Canal ni entre
la oposición conoce el resultado
de aquellas dos tasaciones.
Villares explica que desde la oposición
preguntan una y otra vez
por el valor de la empresa: “En
Europa no existe una empresa similar,
con una red de distribución
similar, con cuentas saneadas,
con tanto suelo y tantas filiales,
que llegan hasta Iberoamérica”,
advierte.

¿Quién podría comprar un coloso
de estas características? Los
empleados del Canal no tienen ni
idea. Ven pasar a su alrededor un
sinfín de rumores, pero desde el
comité de empresa se lamentan de
la opacidad de la empresa:
“Hemos hecho consultas, pero
nada. El comité de empresa ha
recibido cero notificaciones”, aseguran
a DIAGONAL. La prensa
económica hace conjeturas que
alejan la posibilidad de una salida
a Bolsa y se decantan por la venta
a un consorcio internacional de
socios industriales y constructoras.
Entre rumores de correveidiles
suena un nombre: otro
mastodonte europeo del agua, el
gigante francés GDF-Suez.

Hasta que se consume la decisión,
sólo hay hueco para la resistencia.
La Plataforma contra la
Privatización del Canal YII coordina
a una quincena de partidos
políticos, organizaciones ecologistas,
asociaciones de vecinos y
sindicatos. El 11 de enero se reunió
con miembros de 21 asambleas
de barrios 15M. De esta confluencia
están saliendo la mayoría
de iniciativas contra la medida. La
próxima reunión es el 8 de febrero,
días antes de que empiece la
semana de concienciación que la
Plataforma trata de poner en marcha
ante el desconocimiento de la
ciudadanía y el silencio de los medios
corporativos. El tiempo apremia:
Aguirre está presionando a
los municipios para que aprueben
su proyecto antes de fin de mes.
Al menos ocho ayuntamientos se
han opuesto, lo que va a retrasar
los planes de Aguirre, que tendrá
que devolver el debate a la
Asamblea.