ADMINISTRACIÓN / MENOS DIFERENCIAS ENTRE GOBIERNO Y ESTADO
Agencias estatales: la nueva gestión de lo público

Entre acusaciones de favoritismo, a fines de este año se habrán creado once agencias con las que el Gobierno quiere que la función pública se acerque
a la gestión privada.

, Madrid
15/03/07 · 0:00
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En los seis primeros meses de este
año, un nuevo modelo de administración
va a empezar a ocuparse de
cuestiones relacionadas con políticas
tan diversas como la investigación
científica y biomédica, la seguridad
aérea, la cooperación, las artes y la
música o la publicación de las leyes.

Jordi Sevilla, ministro de Administraciones
Públicas, ha anunciado
la creación de siete agencias
estatales: El Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, la
Agencia de Artes Escénicas y Musicales,
la de Investigación en
Biomedicina y Ciencias de la Salud
Carlos III, la del Boletín Oficial del
Estado, la de Meteorología, la de
Cooperación Internacional y la de
Seguridad Aérea. Y la de otras cuatro
más antes de fin de año: una
Antidopaje, una de Seguridad del
Transporte Terrestre, otra de Evaluación,
Financiación y Perspectiva
de la Investigación Científica
y Técnica, y la de Inmigración y
Emigración.

¿Como la empresa privada?

La Ley de Agencias Estatales presume
de plasmar la separación de las
políticas públicas, cuya fijación corresponde
a los departamentos ministeriales,
y la prestación efectiva de
servicios a la ciudadanía.

Esta ejecución de las políticas se
“contrata” con las agencias estatales
que se crean para tal fin. Algunas
surgen de modificar organismos ya
existentes. La Administración General
del Estado reconoció contar con
76 organismos autónomos, más de
15 entidades públicas empresariales,
47 organismos de estatuto específico,
141 sociedades mercantiles y
54 fundaciones del sector público
estatal. Se pretenden unificar en
un modelo único.

La idea principal es dar suficiente
nivel de autonomía y de flexibilidad
para una gestión más eficaz de estas
agencias encargadas de prestar servicios
a los ciudadanos. Y que la ciudadanía
sepa con claridad para qué
sirven esas instituciones y qué pueden
demandar de ellas.

El documento clave es el “contrato
de gestión” entre el ministerio correspondiente
y la agencia. En él se
determinan unos objetivos concretos
y evaluables y los medios que la
agencia va a tener a su disposición
para alcanzarlos. El grado de cumplimiento
de los compromisos influirá
en la percepción de complementos
salariales como la productividad
por parte de trabajadores y trabajadoras
contratados directamente por
la agencia según determinen sus órganos
de gobierno.

Estas reformas llevan a un modelo
de administración que trabaje, en palabras
del ministro de Administraciones
públicas, “como se hace en las
empresas privadas serias”.

Introduce también una regulación
del personal directivo que deja abierta
la posibilidad de contratar a personas
que no provengan de la carrera
administrativa para “puestos directivos
de máxima responsabilidad” mediante
contratos de alta dirección. En
el debate parlamentario se llegaron a
escuchar acusaciones de querer “colocar
a los amigos”.

Medidas polémicas

Más polémicas aún han sido las normas
para nombrar a los Consejos
Rectores y presidentes de las agencias.
El presidente es nombrado por
el Gobierno y hasta la mitad del
Consejo Rector también, como el
presidente forma parte del Consejo
Rector la situación que se prevé es
una clara mayoría absoluta de facto.
Además el presidente nombra y cesa
al director, que también participa en
el citado órgano de gobierno, un voto
más. Mediante enmiendas parlamentarias
se introdujo la posibilidad
de que hubiera alguna participación
de los trabajadores en esa estructura
y en algunos casos, consejeros nombrados
por los correspondientes gobiernos
autonómicos.

Desde algunos foros se señala el
gran acercamiento que se está produciendo
entre política y administración,
contrario a las intenciones expresadas
por el ministro.

Los mecanismos de control se
ponen en manos de una comisión
interna en cada agencia que surge
del Consejo Rector y de las regulaciones
habituales de la Administración
Pública. Como novedad,
aparece la Agencia de Evaluación
de las Políticas Públicas y de la
Calidad de los Servicios que informará
anualmente al Congreso de
los Diputados sobre el grado de
cumplimiento de sus homólogas.

La referencia más repetida en el
proceso de gestación de la Ley es
la de la Agencia Tributaria, puesta
en funcionamiento en 1992. Desde
entonces las puertas de esta institución
se han ido abriendo a las
grandes empresas de servicios externos
con licitaciones millonarias.
Atento, IBM o El Corte Inglés,
entre otras, aportan su propio
personal y recursos en las condiciones
que determinen convenios
colectivos de sector, con frecuencia,
el de telemárketing.

Fuentes de CGT en la Agencia
consultadas por DIAGONAL señalan
como ejemplo que de los 1.300
trabajadores existentes en un centro
de datos 700 son externos. El
beneficio calculado para una empresa
que aportó cinco operadores
de informática, descontando seguros
sociales, gastos de formación y
demás conceptos pertinentes ronda
los 180.000 euros.

Por otra parte, atendiendo al binomio
promulgado de autonomíaresponsabilidad,
la Agencia Tributaria
recibe un pequeño porcentaje
de lo recaudado que puede distribuir
como crea conveniente.
Parte va a pagar productividades
sólo de los empleados con mejores
puestos.


Excepción
universitaria

Unas de las entidades públicas
que gestionan sus propios
presupuestos y seleccionan
su propio personal son
las universidades públicas.
Las consecuencias indeseadas
de la históricamente consolidada
autonomía universitaria
transcienden el
supuesto control democrático
de sus actividades. Prueba
de ello es el conocido informe
del CSIC sobre endogamia
universitaria. También
son instituciones marcadas
por la corrupción y el acoso
laboral (ver DIAGONAL nº 41).
Sin embargo, no se verán
afectadas por esta Ley ni por
los nuevos sistemas de control
porque dependen de las
Comunidades Autónomas.

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