RELACIONES LABORALES // ¿OLVIDOS VOLUNTARIOS EN LA NEGOCIACIÓN?
Las afueras de la reforma

La intención declarada de rebajar la temporalidad puede volver a chocar con una economía estacional e inestable.

31/05/06 · 18:41
Edición impresa

El preámbulo del nuevo acuerdo
para la Estabilidad y el Crecimiento
del Empleo, nombre oficial
de la reforma, insiste en la idea
de que la elevada temporalidad del
empleo está haciendo mella en la
competitividad de la economía española,
al precisar una mano de
obra poco formada y aún menos
productiva. Esta interpretación
haría posible creer en las intenciones
declaradas del acuerdo:
rebajar la temporalidad hoy existente
para aumentar la productividad.

En la misma línea se ha
expresado un reciente informe
de la agencia Standard & Poors:
pasado cierto límite, la temporalidad
se convertiría en una rémora
para la competitividad.
Las consecuencias de anteriores
reformas laborales, así como la
propia estructura estacional de los
sectores donde se registran más
contratos (construcción, hostelería,
servicios), obligan a tomar con reservas
estas interpretaciones. El
propio ministro de Trabajo, Jesús
Caldera, ha declarado a la prensa
que por estos motivos la temporalidad
no puede rebajarse hasta niveles
europeos, situados por debajo
de la mitad de la media española.

El repaso a un panorama laboral
marcado por la subcontratación,
las prejubilaciones y el crecimiento
de la temporalidad en las
administraciones públicas vuelve
a dar una idea de que las intenciones
y los resultados no siempre
coinciden. En el mejor de los casos,
si la entrada en una empresa
se hace a través de un contrato ‘de
diseño’ como el contrato de fomento
del empleo, nada garantiza que la salida no se produzca bajo
las condiciones excepcionales de
un expediente de regulación de empleo
o una prejubilación. El modo
en que esta y otras reformas dejan
aparcados asuntos como la siniestralidad,
las subcontratas o las políticas
laborales de ayuntamientos,
comunidades y Administración
Central relativiza su alcance.

EXTINCIONES A GRANEL

Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)

Los Expedientes de Regulación de
Empleo (ERE) son despidos colectivos
a los que las empresas recurren
alegando todo tipo de razones:
económicas, técnicas, organizativas,
etc. Todo vale con el fin de
adaptarse a un mercado cada vez
más competitivo. Más de 1.200.000
personas asalariadas se han visto
afectadas por los 55.500 expedientes
que se han llevado a cabo en todo
el Estado en los últimos diez
años (1995 y 2005), según datos
aportados por CGT. Lo cierto es
que los ERE se han convertido en
la forma más cómoda que las empresas
tienen de deshacerse de una
gran parte de la plantilla de un sólo
golpe y, aunque no son el tipo de
despido más utilizado, sí que tienen
importancia dentro del mercado
laboral pues afectan a miles de
trabajadores cada año en todo el
Estado (68.160 personas entre enero
y diciembre de 2005). De hecho,
los despidos individuales rondan el
90%, mientras que los despidos colectivos
representan apenas el 10%
de todos los que se realizan en
España, informa Ángel Luis, secretario
de Acción Sindical de CGT.

Todos ellos tienen por defecto la
consideración de un despido objetivo,
y por lo tanto dan derecho a
una indemnización de 20 días por
año trabajado, al margen del contrato
que tenga cada trabajador.
Éste es el caso de uno de los ERES
más recientes, presentado por la
multinacional americana TYCOMicroser
Electronics en sus plantas
de Madrid y Valladolid. En dicho
despido colectivo, que la compañía
justifica con razones de tipo
económico, tecnológico y relativo
a la producción, 365 empleados
de una plantilla total de 396 trabajadores
se han visto perjudicados.

“Todos tenemos contratos indefinidos
y ahora en lugar de los 45
días por año trabajado y 42 mensualidades
que nos corresponderían
por un despido individual e
improcedente, todos recibiremos
una indemnización de 20 días por
año trabajado con 12 mensualidades,
independientemente del
tiempo que lleves en la empresa”
asegura Roberto González, trabajador
afectado.

EL ESTADO PAGA

Prejubilaciones en las grandes empresas

El recurso usado por las grandes
empresas para reducir costes de
despido, especialmente en las que
antes dependían del Estado, no tiene
reflejo en las estadísticas oficiales.
El diario El País cifraba en torno
a 600.000 el número de prejubilados
existentes en 2003, a los
que se añaden entre 60.000 y
70.000 por año. Siempre según esta
cabecera, cerca de un 20% de
ellos se encuentra sin otra cobertura
que su seguro de desempleo.
Otros se han visto afectados por
Expedientes de Regulación de Empleo
cuyos costes se reparten en
diferentes grados entre la empresa
y la Seguridad Social, que al mismo
tiempo se ve afectada por la
pérdida de cotizantes.

El caso de Telefónica, que en
diez años ha perdido más de
40.000 empleados directos, resulta
uno de los más emblemáticos: en
2003 se inició el último de estos
procesos hasta la fecha, que en
2007 se completará con la prejubilación
de 15.000 personas, todas
ellas mayores de 52 años. Los
prejubilados de la multinacional
tienen derecho a dos años de paro
y cobran el 70% del sueldo que tenían
en el momento de su despido.

Como en otras grandes empresas
(los casos creados por las fusiones
bancarias también resultan un
buen ejemplo), los prejubilados de
Telefónica se pueden considerar
afortunados, pues siguen cotizando
en su etapa inactiva mediante
un convenio especial con la Seguridad
Social. Todos estos procesos
no sólo resultan contradictorios
con el Estatuto de los Trabajadores
y sus sucesivas reformas pues el
coste del despido está poco o nada
relacionado con el contrato de cada
trabajador, sino con el Pacto de
Toledo sobre las jubilaciones, que
desaconseja este tipo de ajustes
empresariales.

APLICARSE EL CUENTO

Función pública

En la última década, la contratación
temporal ha vivido una relativa
bajada en el sector privado y
se ha disparado en el sector público,
especialmente en ayuntamientos
y comunidades autónomas.

Según un informe del
Consejo Económico y Social, la
temporalidad en el sector llegaba
al 23% en 2006 (el 16% en
1995), hasta afectar a cerca de
600.000 empleados públicos.
Este aumento llama la atención
dado el nivel de compromiso que
los representantes políticos de los
últimos gobiernos aseguran tener
en la lucha contra la temporalidad.
Luego son los primeros en
incumplir esos objetivos, como en
el Ayuntamiento de Madrid, muchos
de cuyos empleados suspiran
por un contrato temporal al
uso que al menos les permita tener
derecho a paro, pues departamentos
enteros están contratados
como autónomos con una relación
puramente mercantil y no laboral
con la empresa.

LA MANO INVISIBLE

Contratas y subcontratas

Se trata sin duda de la gran olvidada
en la actual reforma laboral, y
de la principal renuncia por parte
de CC OO y UGT en la negociación.
Se calcula que entre el 50 y el
52% de la población asalariada trabaja
en contratas o subcontratas
que a su vez trabajan para otras
empresas. Fuentes sindicales han
señalado a DIAGONAL que se habrían
dado ‘con un canto en los
dientes’ si el Gobierno se hubiera
limitado en la reforma a poner orden
en este ámbito, principal bolsa
de la temporalidad en el trabajo.
Los sindicatos se han tenido que
conformar finalmente con la promesa
de una mesa de negociación
específica sobre este tema, y con
una ley que regulará las subcontratas
en la construcción.

Según los expertos consultados,
la nueva reforma tan sólo ha recogido
lo que ya estaban marcando
la jurisprudencia y el propio
Código Penal, que considera ilegal
toda cesión de trabajadores entre
empresas distintas. Pero el caso de
empresas como Atento, cuyos trabajadores
desempeñan la misma
labor que antes hacían sus colegas
de la casa matriz (Telefónica) con
un salario hasta un tercio menor,
seguirá siendo legal: sigue sin definirse
el grado en que se puede contratar
y subcontratar una misma
actividad, o la obligatoriedad de
que los puestos de trabajo se mantengan
pese a que finalice la relación
entre las empresas donde se
da la subcontratación.

+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

separador

Tienda El Salto