La última reforma de los fondos
estructurales de la
Unión Europa, cuya vigencia
se alargará a lo largo del
periodo 2007-2013, marcó una línea
muy definida en cuanto al reducido
esfuerzo presupuestario que los países
miembros están dispuestos a realizar
para tratar de aumentar el
grado de convergencia entre las
muy divergentes economías que actualmente
la integran.

De entrada, los cuatro fondos
estructurales previamente existentes,
y a los que había que añadir el
Fondo de Cohesión, se ven reducidos
a tres: el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, el Fondo Social
Europeo y el Fondo de Cohesión,
que, con la nueva reforma,
pasa a ser también estructural.
Pero, lo más significativo de la reforma
no ha sido la reestructuración
de los fondos ni la ampliación de los
objetivos a los que se destinarán sus
recursos. Lo más relevante ha sido
la reducción del presupuesto de la
Unión Europea para el próximo periodo
2007-2013.

Consecuencias en toda Europa

Así, si en el periodo 2000-2006 el
presupuesto comunitario suponía el
1,24% del PIB agregado, en el nuevo
periodo será sólo del 1,04%, con
el agravante de que las disparidades
económicas y sociales entre países
y regiones dentro de la UE se
han incrementado de una forma
brutal tras las últimas ampliaciones.

Sirva como referencia que mientras
la población de los nuevos países
supone el 20% del total comunitario,
su PIB es sólo del 5%.
La repercusión de ambos fenómenos
(ampliación de la UE con
una serie de países que se encuentran
muy por debajo de la media comunitaria
en PIB per cápita y reducción
del presupuesto) no va a ser
menor para España y ya ha comenzado
a tener consecuencias.
Si hay algo que nadie puede cuestionar
es la importancia que han tenido
los recursos que España ha recibido
de la Unión Europea bajo la
forma de Fondos Estructurales y los
Fondos de Cohesión desde su ingreso
en la misma en 1986.

Desde su adhesión a la Unión
Europea, el saldo neto de recursos
recibidos ha sido superior a 93.000
millones de euros. Esos fondos han
supuesto, como media anual y en
términos netos, un 0,8% del PIB o,
lo que es igual, alrededor de 5.275
euros por habitante a lo largo del
periodo, esto es, unos 260 euros por
habitante y año, lo que ha contribuido
de forma decisiva a que el diferencial
de renta per cápita español
con respecto a la media comunitaria
se haya reducido en casi 20 puntos
en esos años. Todo ello habría
repercutido, según diversos estudios,
en que los fondos europeos habrían
aportado en torno a un 0,4% a
la tasa de crecimiento de la economía
española.

Pues bien, ese maná va a dejar
de caer con esa intensidad en el periodo
2007-2013. Si bien España no
dejará de ser perceptora neta, los
ingresos que le corresponderán serán
de unos 31.000 millones de euros
para todo el periodo, es decir,
en torno al 50% de lo que recibió
en el periodo anterior; un recorte
que tiene una desigual incidencia a
nivel regional por cuanto afectará
más, como es lógico, a aquellas regiones
cuya renta per cápita ha ido
convergiendo más con la media europea.
En términos netos, esto se
traduce en que en 2013 España habrá
recibido en torno a 5000 o 6000
millones de euros y, a partir de ahí,
lo siguiente será que pase a convertirse
en contribuidora neta.

Bien es cierto que la negociación
del presupuesto para el periodo
podía haber sido mucho peor para
los intereses españoles puesto que,
por ejemplo, no se dejan de percibir
los Fondos de Cohesión que están
reservados para aquellos
Estados cuyo nivel de renta per cápita
se encuentra por debajo del
90% de la media comunitaria.

Pero, en cualquier caso, lo preocupante
es que, a pesar de que en
términos de renta per cápita se ha
producido una acelerada convergencia
con Europa –acentuada por
el efecto estadístico tras la ampliación
que, de golpe, ha aumentado
casi diez puntos nuestra renta en
relación con la media europea–,
los déficit reales y sociales de la
economía española hubieran seguido
requiriendo de una inyección
continuada de recursos. Recursos
que, como el maná, cada
vez serán más escasos.