ecologistas denunciados por desplegar carteles en CaixaBank
Acusación penal por una pancarta

La Fiscalía de Barcelona acusa a ocho activistas de Ecologistas en Acción por desplegar dos carteles que decían: “justicia social y ambiental” en una sede de CaixaBank.

, Madrid
21/02/13 · 14:48
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Acción de protesta en una sede CaixaBank de Barcelona, llevada a cabo en 2011 por Ecologistas en Acción. / Ecologistas en Acción

Más de 200 organizaciones y colectivos han decidido sumarse a un manifiesto en apoyo de Ecologistas en Acción en un proceso judicial que podría acabar con penas de cárcel para ocho de sus activistas. Se acusa a estos miembros de la organización ecologista de haber cometido un delito penal por desplegar pancartas de denuncia en la sede de CaixaBank.

“Si por hacer esto piden prisión, no sé qué deberíamos pedir nosotros por lo que hacen ellos”. Así resumía un integrante de Ecologistas en Acción la sorpresa al escuchar la acusación que pesa sobre él y sus compañeros. “Es desproporcionada”, explican otros, que ven en esta medida un intento de dar una lección no sólo a la organización ecologista, sino también a los demás movimientos sociales que protagonizan acciones de desobediencia civil.

Responsabilidad de los bancos

El “lugar del delito” fue Barcelona. Allí se habían reunido representantes de los 300 grupos que conforman Ecologistas en Acción en diciembre de 2011 para celebrar su asamblea confederal. Y como cada año en estas reuniones, planificaron un acto en la calle. “Es lo que corresponde a una organización que lleva la palabra ‘acción’ en su nombre, no sólo debatimos, también hacemos”, explica Luis González, de Ecologistas.
En las pancartas se podía leer: “La Caixa arrasa el planeta” y “justicia social y ambiental”
En esa ocasión, se escogió la sede de CaixaBank (antes La Caixa) en Barcelona para protestar contra el sector bancario. Por temas que, más de un año después, continúan de tanta actualidad como la responsabilidad de los bancos en la especulación inmobiliaria y su acumulación de poder político y económico, la acción también quería denunciar las estrategias concretas de CaixaBank, como su participación en transnacionales del agua y la energía que tienen un grave impacto social y ambiental.

Las pancartas que prepararon para desplegar en la fachada recogían esos mensajes de denuncia: “La Caixa arrasa el planeta”, “justicia social y ambiental”. Los ocho imputados accedieron por las escaleras a los balcones del edificio, donde fueron interceptados por guardas de seguridad y retenidos hasta la llegada de los Mossos para su identificación. Así lo recuerda José Vicente Barcia, uno de los acusados, quien destaca que en todo momento él y los demás compañeros y compañeras mantuvieron una actitud pacífica y no se provocó ningún daño en las instalaciones. La acción fue en domingo, así que ni siquiera obstruyeron la actividad de las oficinas.
“Si por hacer esto piden prisión, no sé qué deberíamos pedir nosotros por lo que hacen ellos”
Una acción de carácter simbólico que, sin embargo, está siendo perseguida con enorme contundencia. La fiscalía cree que los ocho activistas cometieron un delito recogido en el Código Penal, “el allanamiento de establecimiento abierto al público”. Además se pide para ellos penas de ocho meses de cárcel y ocho más de multa a razón de diez euros diarios.

Apelación de las imputaciones

Para Anais Franquesa, abogada de Ecologistas en Acción, no debería aplicarse ese tipo de delitos en este caso, puesto que en la acción no se atentó contra la intimidad de la empresa. Por eso, la abogada presentó primero un recurso de reforma ante el juzgado de instrucción y, después de que éste fuera rechazado, una apelación ante la instancia superior, la Audiencia Provincial.

Es ahora ese tribunal el que debe decidir si continúa el proceso judicial o se archiva la causa, como piden más de doscientas organizaciones de todo el Estado español en un manifiesto. Partidos como Izquierda Unida, la Chunta Aragonesista y Equo, sindicatos como CC OO y UGT, organizaciones ecologistas como Greenpeace y Amigos de la Tierra y ATTAC se han sumado a un escrito en el que se afirma que “la acción denunció hechos probados”.

“Es cierto que Ecologistas en Acción podía haber escogido otro medio para comunicar sus críticas a la entidad. Probablemente hubiera sido más efectivo que hubiese pagado anuncios en los medios de comunicación de masas, como hace CaixaBank. Sin embargo es obvio que ni Ecologistas en Acción, ni ningún otro movimiento social, tiene la capacidad económica para hacerlo”, apunta el texto.

Desobediencia civil

La causa se dirige directamente hacia los ocho acusados, pero indirectamente puede afectar a las estrategias de protesta de otros grupos, que emplean las acciones de calle y la desobediencia civil como método de protesta.

“El hecho de que el proceso siga hacia adelante puede ser consecuencia de que se pretenda dar ejemplo con el caso”, señala Franquesa, quien recuerda que “en otras ocasiones ni siquiera se inicia un proceso penal, por ejemplo, varias acciones realizadas por el colectivo Iaioflautas. En los casos en que sí se inicia, posteriormente han sido archivados, como ocurrió por ejemplo con otra acción del partido Izquierda Anticapitalista”.

“Quizás están buscando un chivo expiatorio”, afirma Barcia, mientras que otro de los imputados, Jaume Grau, apunta que esto explica “la capacidad de influencia de una entidad como CaixaBank, el poder que tienen”.

En todo caso, Barcia señala que este proceso llega en un momento muy inoportuno para una entidad bancaria que, como el resto del sector, se enfrenta a la indignación creciente. “Un sector muy amplio de la sociedad, yo diría que ya mayoritario, no va a estar de acuerdo con que, encima de que la banca les saquea y se produzcan suicidios por sus prácticas, además se condenen las protestas con penas de cárcel”, dice. Para este activista, este caso se produce en un contexto “profundamente represor en cuestiones sociales, ambientales y económicas, cuando se está dando un peligroso giro autoritario”. Barcia “volvería a hacerlo cien veces”, como los demás imputados, que apuntan una y otra vez a la legitimidad de sus denuncias. La llegada de nuevas adhesiones al manifiesto de colectivos feministas y ecologistas, asociaciones vecinales, sindicatos, movimientos sociales, partidos y organizaciones de cooperación, respaldan su postura. Los apoyos llegan ya de otros países y pronto se sumarán adhesiones individuales en una ciberacción.

CaixaBank y el expolio de recursos

Por Redacción

Ecologistas en Acción ha llevado a cabo un manifiesto en el que pide apoyos a otras organizaciones civiles, políticas y ambientales ante la imputación de ocho activistas por la Fiscalía de Barcelona. El manifiesto explica que se decidió hacer una acción para llamar la atención sobre la política de CaixaBank ante “la evidencia de que controla parte de las acciones de empresas españolas transnacionales de enorme relevancia en los sectores energético, del agua y de las infraestructuras. Hablamos de empresas con políticas ambientales y sociales muy agresivas, tanto en nuestro país como en otros países del Sur: Agbar, Repsol, Gas Natural-Fenosa o Abertis”. La organización ecologista añade además que: “Sólo por poner algunos ejemplos: Agbar está restringiendo el acceso al agua potable a importantes sectores sociales en varios lugares de América Latina; Repsol tiene campos petroleros en lugares de altísima biodiversidad; Gas Natural-Fenosa basa su negocio en los combustibles fósiles, los principales responsables del calentamiento global; o Abertis está construyendo autopistas en todo el mundo que están sirviendo para expandir un modelo urbanístico”.

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