La velocidad y amplitud de los recortes en la protección de la Seguridad Social ha propiciado un debate en el que la atención se ha centrado en las reformas que afectaban a la población ocupada, y dentro de ésta a quienes tienen empleo estable. Las reformas han consistido en crear condiciones de acceso más exigentes a las pensiones, como en la jubilación anticipada y la parcial, y condicionar la posibilidad de jubilación ordinaria a períodos más largos de cotización y una mayor edad. Así es que la cuantía de las prestaciones va a disminuir en general porque las condiciones de cálculo serán más duras, pero para una parte de la población la cuestión será otra: la imposibilidad de acceder a las pensiones, o el acceso en cantidades irrisorias. En el transcurso de cinco años han cambiado las reglas de juego, en algunos casos sin apenas período de transición. Es el caso del salto del tiempo mínimo de cotización exigido para tener derecho a la pensión de jubilación, que hasta el año 2007 era de 12 años y 10 meses y debía pasar gradualmente a los 15 años hasta 2013. El informe del Gobierno español al Pacto de Toledo de 2008 indicaba que el salto a los 15 años afectaría a 90.000 mujeres y 30.000 hombres en edades cercanas a la jubilación. La gradualidad de la medida se eliminó en 2010.

Como los colectivos en situación más precaria tendrán mayores dificultades para alcanzar el derecho a pensión, el sistema de pensiones mínimas
tenía que haberse reforzado, pero se ha seguido el camino contrarioEn el caso de quienes logren acceder a la pensión de jubilación con carreras cortas, los recortes generales tendrán un impacto especial. Al haberse ampliado el período a tener en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión desde los 15 hasta los 25 años anteriores a la jubilación, personas que cumplan el período mínimo para el acceso a la pensión, que –por el momento– sigue siendo 15 años, pero no lleguen a los 25 que se tomarán para el cálculo de la base, tendrán un vacío de cotización. El sistema de cobertura también ha sufrido una radical rebaja en el Régimen General y supone la nula cobertura en el caso de los Regímenes de Autónomos y el Sistema Especial de Hogar. La extensión del período de cómputo deja a la gente más expuesta a circunstancias que le hagan bajar la base, como cotizaciones a tiempo parcial, vacíos de cotización debidos a salidas del mercado laboral, períodos de percepción del subsidio de desempleo…

Períodos bajos de cotización

Los 38 años y seis meses de cotización que se exigen para acceder a la jubilación a los 65 años exigirían haber comenzado a trabajar en la economía formal desde los 26 años y medio, y no haber interrumpido nunca la cotización, lo que en las condiciones del mercado laboral actual resulta un planteamiento estratosférico para una parte importante de la población. La intermitencia en los contratos, el trabajo a tiempo parcial, los servicios en la economía sumergida… van a dar como resultado períodos muy inferiores de cotización. Lo mismo cabe decir de la exigencia de 37 años de cotización para la pensión del 100%, que tendrá como resultado la reducción generalizada de la cuantía de las prestaciones. También tendrá su efecto a medio plazo la imposición cada vez más frecuente del alta en Autónomos para trabajar en lo que en realidad es trabajo por cuenta ajena. Las personas obligadas a darse de alta lo harán casi siempre en la base mínima posible, porque para escoger otra serían precisos dos elementos: ingresos altos y estabilidad laboral. La reforma de la Ley de Depen­dencia en julio de 2012 suprimió el abono del Convenio Especial con la Seguridad Social a cargo de la Administración del Estado en favor de quienes estaban cuidando en el entorno familiar. Afectó en su momento a las 180.021 personas beneficiarias del Convenio, de las que el 92,5% eran mujeres. A 1 de marzo de 2013, las personas que tienen suscrito el Convenio, que ahora corre ya totalmente de su cuenta, son 20.993. A la vista queda que este ha sido uno de los recortes más brutales con efectos en materia de prestaciones de Seguridad Social.

Visto que los colectivos en situación más precaria tendrán mayores dificultades para alcanzar el derecho a pensión, el sistema de pensiones mínimas (que son de cuantía diferente según las circunstancias y clase de pensión) tenía que haberse reforzado. Se ha seguido el camino contrario. En el año 2011, el 26,65% de las pensiones de jubilación y el 33,60% de las pensiones de viudedad tenían complemento a mínimos. El complemento es la cantidad de dinero que se paga para alcanzar la pensión mínima, y que se suma a la pensión generada por cada cual según su historia de cotización. Hasta el año 2013, la cantidad no tenía límite. En las pensiones que empiecen a cobrarse a partir del 1 de enero de 2013, el complemento a mínimos no podrá ser superior a la cuantía de las pensiones no contributivas, que este año es de 364,90 euros al mes en catorce pagas. De acuerdo a las estadísticas de la Seguridad Social sobre cuantía inicial de las pensiones actualmente en vigor, el nuevo sistema de cálculo hubiese impedido alcanzar las pensiones mínimas de jubilación, incapacidad permanente y viudedad a una cifra aproximada de 530.000 pensionistas, de los que el 74% serían mujeres.