A dos meses de que se cumplan cuatro años de las elecciones que llevaron a Barack Obama a asumir la Presidencia de EE UU, es seguro afirmar que una de las grandes sorpresas que ha deparado este mandato a sus millones de electores y simpatizantes ha sido la continuidad, y en algunos casos profundización, de las políticas antiterroristas implementadas por el gabinete conservador de George W. Bush tras el 11-S.

A día de hoy sigue abierto el centro de detención ilegal de Guantánamo, donde el 8 de septiembre moría el noveno preso de la historia del penal en circunstancias sin esclarecer al cierre de esta edición. Desde 2002, más de 800 personas han sido retenidas en las instalaciones que el Ejército estadounidense mantiene en Cuba, de las que hoy quedan alrededor de 140 a la espera de juicios militares, sin jurado ni habeas corpus. En opinión del relator especial de la ONU Philip Alston, estos procesos “no cumplen las leyes internacionales”.

En situación similar se encuentran los 1.700 reclusos que hoy permanecen privados de libertad en la prisión militar de Bagram, en Afganistán. Como en Guantánamo, no se les concede estatus de prisionero de guerra, sino de “combatiente ilegítimo”, y, a diferencia del caso cubano, los “detenidos no tienen derecho a un abogado personal, no tienen oportunidad de declarar en su propia defensa, de revisar las pruebas o de asistir a su proceso”, como describiera Eliza Griswold para The New Republic.

A pesar de los frecuentes casos de torturas, del escrutinio internacional de este tipo de instalaciones desde los incidentes de la prisión de Abú Ghraib en 2003 y de la imposibilidad de ajustar estas prácticas a ningún orden legal local o internacional, civil o militar, las prisiones ilegales no ha sido el mayor factor de erosión de Obama si prestamos atención a los sondeos a este respecto.

En junio, el Proyecto de Actitudes Globales del Centro de Investigación PEW publicó un estudio que reflejaba una caída en la aprobación de la política exterior de Obama de 15 puntos en Europa, 19 puntos en Oriente Medio, 18 en Rusia y 30 en China, con una especial vinculación a los ataques con aviones teledirigidos (drones) en suelo extranjero. Esta modalidad de guerra, conocida popularmente como ‘Guerra de los drones’, ha adquirido especial virulencia bajo el mandato de Obama, quien habría ordenado personalmente hasta 270 ataques, según un polémico artículo publicado en The New York Times a finales de mayo.

Durante los cuatro últimos años, las ejecuciones sumarias realizadas con drones han estado dirigidas a personas con supuestas filiaciones yihadistas, asesinadas de modo preventivo y a menudo en base a información sin confirmar, en países como Pakistán, Yemen y Somalia. La estimación general de víctimas civiles asociada a la guerra de los drones no baja de las 800 muertes.