LA JUSTICIA DA LA RAZÓN A ECOLOGISTAS EN ACCIÓN Y ADENEX
41 millones de euros para demoler la urbanización ilegal Isla de Valdecañas

La macrourbanización de lujo en la isla del pantano de Valdecañas es declarada ilegal, pero el juez obliga a depositar 41 millones de euros para paralizar las obras. La inmobiliaria que vende los chalés está vinculada con el hijo de Pilar de Borbón.

04/04/12 · 10:25
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Valdecañas, vista del campo de golf de la macrourbanización en Cáceres. / FOTO: Ecologistas en Acción.

“Yo vivía en El Gordo y ahora vivo en una caravana. Me han echado del pueblo”. Éste es el precio que ha tenido que pagar Paca Blanco, activista de Ecologistas en Acción de Extremadura, por luchar contra un gigante: la macrourbanización Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres.

El 13 de enero de 2012 un auto del
Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura daba la razón a Blanco
y a las organizaciones ecologistas
 Adenex y Ecologistas en Acción. El
auto concedía la ejecución provisional
de la sentencia de 9 marzo de
2011 que ya declaraba la nulidad del
proyecto urbanístico
, que se asienta
en un espacio considerado
Lugar de Interés Comunitario (LIC)
y Zona de Especial Protección
Ambiental (ZEPA).

Sin embargo, la organización ecologista
 deberá pagar una indemnización
de 41 millones de euros
para la
paralización de las obras, según el
auto del tribunal emitido tras recurso
de casación presentado por la Junta
de Extremadura, los alcaldes de los
municipios de El Gordo y el Berrocalejo,
donde se construye la urbanización,
 y la promotora.

Tras una vista
entre las dos partes, el juez fijó esa
fianza cautelar, según argumenta el
auto, ante el hipotético caso de que
el recurso presentado por la promotora
sea estimado por el Tribunal
Supremo y “para poder ejecutar la
sentencia”, algo contradictorio según
argumenta Ecologistas en
Acción. Esa cantidad es inferior a la
requerida por la promotora que solicitaba
368 millones de euros de fianza
,
argumentado que ya se habían
gastado más de 141 millones de euros
y se ha ejecutado una parte de las
obras. Ecologistas considera la cantidad
desproporcionada: “Piden una
fianza tan grande para que no podamos
pagarla. Nos paralizan”, ha declarado
Paca Blanco a DIAGONAL.

El proyecto en este paraje protegido,
contra el que lleva luchando la
ecologista Paca Blanco desde hace
cinco años, está situado en una isla
dentro del pantano de Valdecañas
que represa el río Tajo, a 160 kilómetros
de Madrid. En este enclave se
pretenden construir 550 viviendas de
lujo, dos hoteles, un campo de golf
de 18 hoyos
y un puerto deportivo,
entre otros equipamientos. Hoy ya
se han levantado 185 chalés
, que están
habitados, uno de los hoteles de
cuatro estrellas previstos y el campo
de golf.

PSOE y PP, con la constructora

El 24 de marzo de 2011, cuatro días
después de darse a conocer la
sentencia que anulaba la macrourbanización,
la Junta de Extremadura,
gobernada entonces por el
 PSOE, decidió, con el apoyo del PP
–eran los únicos dos partidos con representación
autonómica entonces–
modificar el artículo 11 de la Ley del
Suelo de Extremadura para permitir
urbanizar en espacios protegidos,
normativa de aplicación incluso de
forma retroactiva, lo que daba carta
blanca a la constructora para continuar
con las obras frente a la decisión
de los tribunales.

La apuesta del PSOE y el PP extremeños
a favor del proyecto ya había
quedado patente en 2007 cuando se
iniciaron las obras. Entonces, la
Junta de Extremadura declaró la urbanización
Proyecto de Interés
Regional. Esta figura legal, se ha usado
como un ardid por parte de algunos
gobiernos autonómicos para
 blindar macroproyectos urbanísticos,
como en el caso de Castilla y
León en la Ciudad del Medioambiente,
un proyecto similar. Sin embargo,
argumentan que los PIR sirven para
 llevar a cabo obras de “interés público”
como hospitales o viviendas de
protección oficial. En este caso la
Junta de Extremadura declara de interés
público una urbanización privada
de lujo.

De parte del interés privado

Tras el varapalo de la sentencia, socialistas
y populares volvieron a blindar
el proyecto. El 24 de marzo de
2011 modificaron la Ley del Suelo de
 Extremadura para permitir urbanizar
en espacios protegidos. Meses
 después, con el PP al frente del
 Ejecutivo extremeño, y de nuevo con
el apoyo del PSOE –y los votos en
contra de IU–, los dos grupos mayoritarios
 vuelven a ratificar las reformas
 hechas en la ley autonómica que
 permite construir en espacios de la
Red Natura 2000.

El proyecto de la
macrourbanización llegó a las poblaciones
de El Gordo y Berrocalejo
y fue presentado con la promesa de
 dar empleo
.
Los alcaldes de ambos
municipios aprobaron sus Planes
Generales de Ordenación Urbana
para dar cabida al proyecto de la urbanización
en los mismos. Sin embargo,
no incluyeron la obligatoriedad
de construir viviendas de protección
 oficial como marca la ley.

Esta lucha ha costado muy caro a
Paca Blanco: “Los vecinos, que no
tienen trabajo, piensan que va a llegar
 ‘mister Marshall’ y que les va a
dar trabajo. Cuando alguien les dice
que ésto no es así y que han invadido
un espacio natural, te conviertes
 en el enemigo”, explica Blanco, que
 asegura que las obras tienen sólo a
diez personas en plantilla. Relata cómo
durante cinco años ha sufrido
las agresiones de una pandilla de jóvenes,
que ya han sido juzgados y
 condenados a penas menores, y que
fueron presuntamente azuzados por
 algún político para atacarla: “Me
han lanzado hasta cócteles molotov,
 me han amenazado con pintadas en
mi casa, he sufrido roturas de cristales,
petardos dentro del buzón, etc.”,
 denuncia la ecologista.

La sentencia obliga a la empresa
promotora a devolver el terreno en
el que se asienta la urbanización a
su estado natural. “Aunque el tribunal
nos ha dado la razón a nosotros,
 ya nada será como antes
. En la isla
había ciervos, jabalíes y, cuando las
aguas subían, las aves aterrizaban
en masa. El espectáculo de ver a
cientos de grullas llegar, eso ya se ha
perdido”, cuenta con impotencia.

Los negocios vinculados a la familia real

El empresario que está detrás del
complejo turístico es José María
Gea, que se enriqueció en los ‘90 urbanizando
 la costa de Huelva con la
promotora Islantilla. Esta vez ha creado
la promotora Marina Isla
 Valdecañas SA, el arquitecto es
 Fernando Mendoza y las viviendas
 se venden en la inmobiliaria Vertical
Real State SL.
En la web monarquia confidencial.
com se publica que esa
empresa está vinculada con la familia
 real a través del hijo de Pilar de
 Borbón, Beltrán Gómez-Acebo.
El
propietario de la inmobiliaria es
 Jaime López-Ibor Alcocer, nieto del
psiquiatra franquista Juan José
López-Ibor
y sobrino del empresario
Alberto Alcocer. Las viviendas de lujo
 cuestan más de 560.000 euros y
según la promotora ya han comprado
casa el propio Beltrán Gómez-
Acebo, otro sobrino del rey, el cantante
 Carlos Baute y los nietos del
 marqués de Mondéjar, exjefe de la
casa real.
Al mismo tiempo, 20 propietarios
de las mansiones han
 denunciado a la constructora por engaño
 y dos han recurrido a la vía penal
 alegando estafa.

La organización ecologista pide
 que se ejecute la sentencia y va a recurrir
la indemnización al Tribunal
 Supremo porque entiende que no se
puede exigir una fianza millonaria a
una organización conservacionista
 sin ánimo de lucro
que sólo cuenta
 con las cuotas de sus socios.
Además, la indemnización viola el
 Convenio internacional Aarhus, que
 en su artículo 9.4 establece el derecho
ciudadano al “acceso a la justicia en materia medio ambiental sin
 que su coste sea prohibitivo”, dice
 José María Trillo abogado de
 Ecologistas en Acción.

La lucha de Paca Blanco

La portavoz de Ecologistas en Acción de Extremadura, Paca Blanco, ha sufrido durante más de cinco años el acoso y las agresiones de un grupo de vecinos de su pueblo, El Gordo, en Cáceres,  por oponerse a una macrourbanización ilegal.
Tras las últimas presiones, Blanco ha tenido que dejar su casa, sin embargo, las amenazas continúan. La semana pasada, más de 80 colectivos del Estado español y Portugal pidieron protección policial para la activista portavoz de Ecologistas en Acción.

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comentarios

2

  • |
    anónima
    |
    08/04/2012 - 5:49pm
    así vamos, ya no nos extraña nada....
  • |
    anónima
    |
    08/04/2012 - 4:49pm
    Vaya caradura que tiene el juez, exigir una fianza "por si él se equivoca y el Supremo le enmienda la plana", pues nada, que deposite él la fianza, puesto que él sería el incompetente. Apañados vamos, por este camino, la razón siempre la tendrá BOTÍN para todo lo que quiera.