PERÚ // EL GOBIERNO DECRETA EL ESTADO DE EMERGENCIA DURANTE 60 DÍAS PARA BLOQUEAR LAS MOVILIZACIONES INDÍGENAS
40 días de rebelión indígena contra el saqueo

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
mantuvo cinco semanas de movilizaciones contra las
petroleras para protestar contra 11 decretos legislativos.

, Perú
28/05/09 · 0:00
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Enfrentamientos en la Amazonía entre manifestantes y policía

Tras semanas de intensas movilizaciones
en los departamentos amazónicos,
el Gobierno peruano decretó
el pasado 9 de mayo el estado de
emergencia durante 60 días en nueve
municipios selváticos de las regiones
de Cusco, Ucayali, Loreto y
Amazonas. Con la medida, quedaron
suspendidos los derechos constitucionales
de libertad y seguridad
personal, la inviolabilidad del domicilio,
y las libertades de reunión y de
tránsito. Además, las fuerzas de seguridad
podrán detener ciudadanos
discrecionalmente, allanar viviendas
o locales e impedir la circulación
y las concentraciones. Los primeros
movimientos de esta escala
represiva se tradujeron en el envío
de barcos de guerra por los cursos
fluviales.

El motivo del decreto no es otro
que “restablecer el orden público ante
las acciones de violencia que ponen
en riesgo la producción, transporte
y distribución de gas natural e
hidrocarburos”.
La protesta indígena más masiva
de los últimos tiempos se inició el pasado
nueve de abril con la toma de
instalaciones petroleras, corte de rutas
terrestres y fluviales y anuncios
de cortes del oleoducto norperuano
y el gaseoducto del sur, protagonizadas
por organizaciones afiliadas a la
Asociacion Interétnica de Desarrollo
de la Selva Peruana (AIDESEP)
, que
agrupa a más de 60 etnias y unas
1.500 comunidades de la Amazonía.

Tras la contundente medida coercitiva,
el líder de AIDESEP, Alberto
Pizango, advirtió que las amenazas
no amedrentan a los nativos y que
éstos están dispuestos a morir para
hacer respetar sus territorios y defender
la Amazonía.

Concretamente, el levantamiento
indígena exige la derogación de 11
de los 104 decretos legislativos que
atentan contra los intereses del país.
La protesta incide en varios decretos
y leyes aprobados por el Gobierno y
el Congreso como parte de un paquete
legislativo de adecuación de la
normatividad peruana a las exigencias
de un tratado de libre comercio
con Estados Unidos. Según los indígenas,
las normas cuestionadas afectan
los intereses nacionales y propician
la depredación de su hábitat, al
viabilizar la entrega de la Amazonía
a intereses privados. La protesta exige
además el cese o la severa regulación
de actividades depredadoras
mineras y petroleras.

El nuevo Pizarro

Repsol ha invertido 2.200 millones
de dólares en Perú, siendo este país
el tercer receptor de inversiones de
la compañía. Durante la última reunión
mantenida entre el presidente
de la petrolera y el presidente de
Perú, Alan García, se explicaron los
avances del trabajo en el Lote 39, así
como en la Refinería de La Pampilla,
en los cuales existe un enorme potencial
de cara al futuro. Precisamente,
el futuro de los pueblos no
consultados se ve gravemente amenazado
por las intenciones de la
empresa de penetrar esta región, limítrofe
con las Zonas Intangibles
preservadas por el Gobierno ecuatoriano
para salvaguardar a los grupos
indígenas en aislamiento voluntario
Tagaeri y Taromenane.

Existen evidencias de la existencia
de otros grupos en contacto inicial
como los Aushiris o Abijires, los
Pananajuris y Taushiros. Estos pueblos
ubicados en la frontera, fluctúan
entre Ecuador y los bloques peruanos
67 y 39.

El Bloque 39 fue concesionado en
primera instancia a la norteamericana
Barret, la cual, en 2001 abrió 383
km de líneas sísmicas. En 2003 fue
transferido a Repsol Exploración
Perú (filial de Repsol) duplicando su
extensión a 886.000 hectáreas. Hace
unos meses, Alan García festejó públicamente
el descubrimiento de crudo
en estas áreas. Ahora el proyecto
espera la aprobación de los Estudios
de Impacto Ambiental para iniciar la
fase de explotación petrolera.

Organizaciones indígenas y de solidaridad
con AIDESEP o Survival
Internacional
denuncian que las intenciones
de Repsol de ingresar en el
Bloque 39 suponen rubricar un homicidio
anunciado, porque los índices
de mortalidad durante el contacto
de pueblos aislados supera el 50%
en los primeros años. Los pueblos
Nahua y Murnunahua, contactados
en los ‘80 y ‘90 respectivamente por
petroleras y madereros ilegales, refrendaron
tal funesta estadística.

Otros bloques amenazan a puebles
aislados. La colombiana Ecopetrol
pretende ingresar en los Bloques
110 y 117, con presencia de
grupos de Murunahua, en aislamiento
voluntario. Por su parte, la
francesa Perenco, opera en el bloque
67, vecino al bloque 39, amenazando
a los mismos pueblos que lo
hace la petrolera Repsol.

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