La Fiscalía ha pedido la retirada del pasaporte del concejal de Vic, Joan Coma, que no entrará en prisión tras declarar esta mañana en la Audiencia Nacional de Madrid, por un presunto delito de "incitación a la sedición". Tras declarar, Coma ha salido en libertad con cargos a las 13h del 28 de diciembre.

Varias decenas de personas han acompañado a Coma a su llegada a la calle Génova –sede de la Audiencia– para mostrar su rechazo a lo que, según ha declarado a los medios Benet Salellas, diputado en el Parlament por las CUP,  es una acusación que contiene "expresiones del Código Penal franquista". Para Salellas, el juez Moreno "utiliza un concepto del Código Penal del 73; se están utilizando los instrumentos de la dictadura", según ha recogido La Directa.

La resolución de detención de Joan Coma, a la que ha tenido acceso la Directa, especifica que la imputación es por sedición, pero el juez lo entiende como un delito "contra la forma de Gobierno". La Audiencia le ha tomado declaración por la defensa que Coma hizo durante un pleno municipal de la moción aprobada por el Parlament de Catalunya en la que se marcaba la hoja de ruta para un referéndum de independencia vinculante que tendrá lugar en 2017.

Coma fue detenido ayer, día 26, por orden del juez Moreno, después de que no acudiese a una citación previa. Coma ha apelado a la desobediencia civil y desde el grupo de activistas que ha planteado las acciones de solidaridad con el concejal vicense, la denuncia la interpuso la "racista y xenófoba" Plataforma per Catalunya. Según explica La Directa, PxC no ha estado presente porque no ha depositado la fianza que reclamaba el juez Moreno.

A los diputados y otros cargos políticos de las CUP y de ERC se han sumado en el apoyo a Coma personas de la Coordinadora 25S e Izquierda Castellana, entre otros grupos. 

En octubre, Coma explicó en Diagonal, los motivos de su desobediencia en una carta en la que niega el reconocimiento del tribunal que hoy ha tratado de juzgarle y reivindica el derecho a la desobediencia civil ante un Estado –el español "que se niega a escuchar y respetar la voluntad política democrática, libremente expresada, de la población de Cataluña".