Colombia
Marylen Serna: "El acuerdo de paz final es un acuerdo con limitaciones"

Hablamos con Marylen Serna, portavoz del Congreso de los Pueblos, líder campesina del Cauca, sobre el proceso de paz en Colombia.

, Oslo (Noruega)
20/12/16 · 8:00
Marylen Serna.

Desde que el pasado 1 de diciembre el Congreso de Colombia ratificara el nuevo acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP, el proceso de paz entra oficialmente en fase de implementación. Los guerrilleros cuentan desde entonces con 150 días para concentrarse en las zonas de desmovilización y dejar las armas. Mientras, el Estado colombiano debe ir aprobando una serie de normas que introduzcan los acuerdos de paz en su legislación, como la Ley de Amnistía o la creación de un Tribunal Especial para la Paz.

Pero el proceso que se abre ahora para poner en práctica los acuerdos no está exento de dificultades. Legalmente, el Tribunal Constitucional debe fallar sobre la posibilidad de aprobar esta reglamentación por la vía rápida (fast track) y evitar así las posibles consecuencias de un futuro Parlamento opuesto a los acuerdos. Pero, además, queda por ver cómo se integrarán los guerrilleros en la sociedad o cómo se acabará con el paramilitarismo, que ha dejado 70 líderes sociales asesinados en lo que va de año.

Éste es uno de los asuntos que más preocupan a Marylén Serna, portavoz del Congreso de los Pueblos, pues considera que, hoy por hoy, no existen las garantías de seguridad necesarias para los líderes sociales. Esta dirigente campesina del Cauca, una de las zonas más afectadas por el conflicto, mantiene que con este acuerdo no se alcanza la paz pero que es un primer paso para comenzar a trabajar por ella, y defiende el papel de la sociedad civil en esta etapa del proceso.

Con motivo de la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos, Serna fue invitada a Oslo a participar en una conferencia organizada por asociaciones de apoyo a la paz en Colombia.

¿Merece el presidente Santos el Premio Nobel de la Paz?

Nosotros reconocemos el esfuerzo que ha hecho durante estos años el presidente Santos para avanzar en la negociación con las FARC y empezar a generar las condiciones para la negociación con el ELN. Sin embargo, creemos que ha habido un doble discurso: por un lado se habla de la paz, de la superación del conflicto armado; pero por otro lado, los conflictos sociales se han profundizado.

En segundo lugar, el premio representa el apoyo político de la comunidad internacional al proceso. En este sentido, hacemos un llamado de atención para que siga el proceso de paz más allá de las negociaciones entre las insurgencias y el Gobierno y que se vigile lo que está pasando con los asesinatos de los líderes sociales.

¿No cree que el Premio Nobel de la Paz debería haber sido compartido con las FARC y/o con las víctimas del conflicto?

Pensamos que el premio debía haber reconocido a las víctimas. Todos los movimientos sociales en su conjunto hemos insistido mucho en la salida política al conflicto armado, nos hemos movilizado para respaldar este proceso. Pero las víctimas han puesto más: la posibilidad de la reconciliación y el perdón son partes fundamentales de un proceso de paz. Sin ellas hubiera sido imposible avanzar en eso. En definitiva, pensamos que no puede haber un proceso de paz sin tres elementos: sin que el Gobierno tenga la voluntad política, sin que la insurgencia apueste también por esa solución política y sin que la sociedad pueda participar en ese proceso.

Tras la victoria del “no” en el referéndum sobre la aprobación del acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC-EP, ¿qué opina de su aprobación por el legislativo colombiano?

Nosotros estamos a favor de la vía rápida por varias razones. En primer lugar, no habría la oportunidad de que nuevamente se revisaran los acuerdos y se le siguieran quitando cosas que son favorables a la paz del país. Y en segundo lugar, porque el periodo del presidente es limitado y el próximo año vamos a entrar en contienda electoral. Seguir discutiendo estos acuerdos en un contexto electoral es muy complicado y bastante riesgoso porque hay muchos intereses y disputas entre los partidos. También hay que hablar de la polarización del país. Cuando se lanzó la campaña del plebiscito se intentó llevar al país a un enfrentamiento. Y creemos que seguir dilatando este proceso puede contribuir a profundizar esa polarización. Por eso nosotros estamos a favor de que la corte constitucional apruebe el fast track y que pasemos cuanto antes a la fase de implementación.

¿Qué opina de los cambios que se han introducido al acuerdo final que recogen algunas peticiones de los partidarios del “no” en ese referéndum?

Quienes han votado por el “no” son los que siempre han promovido la guerra y la impunidad, quienes han perseguido a los movimientos sociales. Entonces en este contexto salen a defender la justicia, que se contradice de la práctica que han tenido siempre en contra de la paz. Y esto nos duele profundamente. Hay parte de la sociedad que ha luchado y trabajado por la paz y somos los que hemos apoyado el “sí” en el referéndum. Y sin embargo, nosotros no hemos tenido oportunidades de introducir cambios en los acuerdos a nuestro favor.

El acuerdo final es un acuerdo con limitaciones. Más que avanzar hacia la solución del conflicto armado, es un acuerdo en torno a la desmovilización y la dejación de armas. Algo que nosotros no compartimos pues pensamos que un acuerdo de paz debería incluir los cambios que llevaron a esa insurgencia a alzarse en armas. A pesar de todo, nosotros salimos a respaldar el acuerdo. Y no queríamos que se desmejorara como al final ha pasado.

¿Recoge el acuerdo final las reivindicaciones del campesinado colombiano en materia de reparto de la tierra y de reparación de las víctimas?

En el tema de tierras, nosotros defendemos un reordenamiento territorial que significa que, por ejemplo, los terrenos baldíos de propiedad estatal, vayan para el campesinado. Estos terrenos en muchos casos están siendo entregados a multinacionales e incluso siendo vendidos a otros países. Además, los que acumulan una gran cantidad de tierra deberían redistribuirla entre las miles de personas que viven sin tierra. Esto en el acuerdo no aparece.

Otro problema que se presenta es la superposición de los territorios donde se van a ubicar los grupos desmovilizados con comunidades de campesinos que no fueron consultadas para la ubicación.

En cuanto a las víctimas, hay un vacío en el reconocimiento del Estado como responsable de las victimizaciones, del apoyo al paramilitarismo, de los abusos cometidos por las fuerzas militares y demás cuerpos policiales. El hecho de que las víctimas de crímenes de Estado no hayan sido escuchadas da una idea de que la responsabilidad del Estado queda muy limitada en este acuerdo.

En grandes líneas, ¿cuál es la situación actual del campo colombiano?

El campo colombiano presenta una serie de avances organizativos, con su identidad, su economía, la guardia campesina, por citar algunos, que el Estado colombiano no reconoce. Nuestra lucha se centra en seguir impulsando desde los territorios una organización campesina fuerte y que a su vez esto tenga reconocimiento estatal.

Por otra parte, hemos hecho un censo de los territorios con la Coordinadora Nacional Agraria cuyos resultados arrojan que cada familia de seis personas dispone de 1,5 hectáreas de tierra, que es una cantidad mínima. Además, el Estado desconoce una economía de subsistencia a través de la que miles de familias se sostienen. El Gobierno, sin embargo, defiende toda una visión de proyectos agroindustriales, exportación, monocultivos, tratados de libre comercio y explotación de multinacionales, que atenta contra la subsistencia de las familias campesinas. Esto expulsa a las gente de los territorios y hace que emigre hacia las ciudades. Además, sigue existiendo paramilitarismo, señalamiento y persecución del campesinado, que es el principal motivo de los desplazamientos forzados. Tenemos miles de compañeros y compañeras en las ciudades u otros lugares deseando volver a sus territorios, pero las garantías hoy por hoy para volver no están dadas.

¿Están los movimientos sociales colombianos preparados para recibir la presencia de las FARC como partido político? ¿Cuál prevén que sea su relación con ese partido?

El Congreso de los Pueblos le da la bienvenida a las FARC a su vida política y respetamos profundamente la decisión que han tomado de entrar en este proceso de negociación. Los invitamos a que pensemos seriamente en la conformación de un bloque social y político, con fuerza en país, que opte a disputarse el poder. Es verdad que va a ser un largo proceso. De entrada es muy difícil porque se trata de un grupo armado que debe generar unas nuevas relaciones, y eso se demora un poco. En el movimiento social colombiano hay muchas diferencias entre quienes han defendido o rechazado la lucha armada. La unidad pasa por generar confianza y superar discusiones históricas.

¿Qué expectativas existen ante el anuncio de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el ELN?

Vemos el proceso con el ELN con muchas expectativas, pues se ha dicho que quien va a negociar los puntos neurálgicos de la política es la propia sociedad. Hemos conformado la Mesa Social Paz para contribuir a llevar a la mesa temas que no estaban incluidos hasta ahora en las negociaciones. Queremos llegar con una agenda sólida que incluya a muchos actores para que pueda ser tenida en cuenta. Porque ahí en esa mesa nos va a tocar enfrentarnos con los empresarios o con otros sectores de la sociedad que no apoyan las transformaciones sociales.

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