El pelotazo de la vivienda social en Madrid
La justicia admite una querella por coacciones contra la filial de Blackstone en Madrid

Un juzgado admite a trámite la querella presentada por la presidenta de las afectadas por la EMVS. La empresa Fidere le comunicó que no prorrogaba el contrato de su vivienda protegida.

01/12/16 · 12:48
Durante el mandato de Ana Botella se aprobó la venta de 1.860 públicas a Blackstone. / Partido Popular

El juzgado de instrucción número 39 de Madrid ha admitido a trámite la querella de la familia Mejías contra el representante legal de la firma Fidere, Miguel Oñate, por un posible delito de coacciones. Fidere Patrimonio es una sociedad de inversión inmobiliaria puesta en marcha por Blackstone, el mayor fondo de inversiones del mundo.

El juzgado considera que hay motivos para admitir esta querella, que fue interpuesta por la familia Mejías tras conocer que Fidere había decidido no renovar el contrato de alquiler de Arancha Mejías, presidenta de la asociación de personas afectadas por la venta de 1860 viviendas sociales de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

La familia Mejías entiende que Fidere les instó a abandonar su piso como represalia por haber encabezado las denuncias públicas contra la gestión por parte de esta filial de los pisos adquiridos durante la etapa de Ana Botella al frente del Gobierno local.

Arancha Mejías explica a Diagonal que su familia "está contenta" con la admisión a trámite de la querella, "que da un poco de luz a lo que supone la sangrante situación de los afectados por la venta", aunque reconoce que son "cautelosos" dado el poder y la prepotencia con que actúa la empresa: "Esta gente actúa de forma soberbia y a la ligera, para ellos esta vivienda es de mercado libre", comenta Mejías.

El Tribunal de Cuentas ya puso en cuestión, a principios de noviembre, la operación de centa de 1.860 viviendas de VPO a la filial de Blackstone, reconociendo que "puede existir un beneficio injustificado en los compradores”. Ahora es la justicia ordinaria la que abre una parte para los afectados admitiendo la querella de Mejías, que recuerda que estaban "al corriente de pago" y que no habían tenido problema de convivencia algunos, únicas razones justificadas para no prorrogar el contrato de la vivienda protegida de Carabanchel en la que viven los Mejías.

La familia ha recibido el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y de la Federación de Asociaciones de Vecinos. El consistorio, con los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos aprobó una proposición en la que se explicaba que “sólo cabe deducir que el motivo de la resolución y no renovación del contrato a esta familia no es otro que el hecho de haber ejercido un derecho democrático de pertenencia y presidencia de una asociación legamente constituida”.

La nueva dirección de la EMVS, organismo responsable de la venta durante el periodo de Ana Botella, se ha sumado a la Asociación de Afectados para la reapertura del procedimiento penal, al considerar que "el importe de venta fue inferior al de mercado, existiendo, además, una ausencia de valoración de los bienes a enajenar y una ausencia del precio en el contrato”.

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