El inesperado resultado del plebiscito en Colombia generó una mezcla de rabia e impotencia porque de algún modo fue la constatación de que –fiel al realismo mágico de García Márquez– acababa de ocurrir algo que parecía imposible: que los aliados de la guerra y el paramilitarismo, que los empresarios del terror, que los defensores del 'no', con el expresidente Álvaro Uribe a la cabeza –quien tiene abierta una investigación acusado de paramilitarismo–, se alzaron con la victoria imponiendo sus tergiversaciones a la paz.

Las toneladas de contaminación mediática vertida por la campaña del 'no' y la propaganda de guerra a las que los y las colombianas han estado expuestos durante estos años –basadas en distorsionar la realidad para mostrar a las FARC-EP como un mero grupo narcoterrorista– remaron con el viento a favor de un imaginario colectivo repleto de manipulaciones y falsedades sobre el acuerdo, el conflicto y sus causas.

Pese a la derrota inicial, que nadie pronosticaba, pronto se puso de manifiesto lo que había señalado uno de los máximos artífices del fin de la guerra, Rodrigo Londoño Echeverri, 'Timochenko': “La paz ha llegado para quedarse”.

Los campamentos improvisados en las plazas, las manifestaciones, movilizaciones y protestas masivas llenaron las calles de Colombia y multitud de ciudades de Latinoamérica y Europa, poniendo contra las cuerdas a los señores de la guerra, reforzaron la determinación y generosidad de las FARC-EP, así como la voluntad política del Gobierno de Juan Manuel Santos. Y el resultado de todo esto se tradujo la semana pasada en la firma de un nuevo acuerdo, el denominado “acuerdo de la esperanza”.

Ahora bien, aunque no esté escrito en su articulado, este acuerdo viene acompañado de una advertencia clara. La paz colombiana requiere ser construida desde abajo, desde la calle, con un pueblo organizado y en constante movilización y con una comunidad internacional vigilante y participante, no basta con rubricarla.

Este acuerdo instaurará un nuevo marco político que posibilitará la entrada de las FARC-EP en las instituciones y su incorporación –junto a numerosos actores políticos y sociales colombianos– a los frentes de lucha civil y pacífica. Se trata sin duda de una gran noticia para seguir dando una batalla sin cuartel contra la gigantesca desigualdad y las condiciones de miseria y pobreza que sufren la mayoría de los colombianos y colombianas.

El texto cuenta con mecanismos suficientes para evitar que se repita el genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica. Un genocidio silenciado que, tristemente, vuelve a estar presente tras el asesinato de Erley Monroy, Didier Losada, Rodrigo Cabrera y Marcelina Canacue, todos miembros de Marcha Patriótica, entre el 18 y el 25 de este mismo mes de noviembre.

Con estos asesinatos son ya 125 los miembros de este movimiento político y social de la izquierda colombiana asesinados. A lo que hay que sumar 292 amenazas, 34 atentados y una campaña permanente de estigmatización y persecución contra los opositores de izquierda, fruto de la cual se encuentra encarcelado desde la huelga campesina de 2013 Huber Ballesteros, líder político y sindical.

Pero no es sólo la militancia y la dirección de Marcha Patriótica la que se enfrenta a esta situación de criminalización, persecución y asesinatos. Tal y como alerta la organización Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), en lo que va de 2016 han sido asesinados 70 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Una treintena, desde la firma inicial del acuerdo.

Ni la UE ni la comunidad internacional están exentas de responsabilidades en esta situación. No son pocas las multinacionales instaladas en Colombia que obtienen multimillonarios beneficios gracias al expolio que les permite unos acuerdos de libre comercio –como el Acuerdo de Asociación UE-Colombia– centrados en blindar la desregulación laboral, social y medioambiental y perpetuar las asimetrías económicas.

Tampoco son pocas las transnacionales que mantienen vínculos estrechos con el paramilitarismo que, para implantarse y realizar sus actividades, se apoyan y benefician de la extorsión, persecución y amedrentamiento sistémico de los y las defensoras de derechos humanos, sindicalistas y activistas que organizan la resistencia y la denuncia del expolio y el empobrecimiento.

Por eso, para que Colombia y el pueblo colombiano gocen de una paz real, duradera y haya justicia social, se impone como algo imprescindible acompañar de cerca la implementación de este acuerdo. Es necesario estar vigilantes para que se cumplan los mecanismos de justicia, verdad y reparación, las medidas acordadas para erradicar el paramilitarismo, la reforma rural y las garantías políticas y de democratización.

Pero sobre todo toca redoblar la denuncia de estos acuerdos de libre comercio e intensificar los espacios de activismo y de lucha contra el expolio y la explotación de las multinacionales.

Sólo así se podrá ayudar efectivamente a acabar con la intolerable situación de desigualdad y miseria que se vive en Colombia, situación que ha sido el principal sustento del conflicto armado en los últimos 52 años.

Toca construir la paz desde el activismo, la lucha y el internacionalismo. Ésa es la única vía para conseguir las nuevas condiciones políticas, económicas y sociales que evitarán otro fracaso de una paz integral para Colombia, el segundo país con mayor desigualdad del continente americano.