Una explotación poco diplomática
La acusación de trata laboral del embajador argentino en España

En 2015 el periodista argentino Sebastián Premici publicó el libro 'De patrones y peones, los aliados esclavistas de Mauricio Macri', una investigación periodística sobre un caso de trata laboral vinculado al actual embajador argentino en España, Ramón Puerta, amigo íntimo del presidente Macri. En esta nota escrita para Brecha, Premici relata su investigación y entrevista a un peón rural y a Ramón Puerta.

22/11/16 · 8:00
Una de las carpas suadas por los trabajadores en el campo de Puerta. / Brecha

La esclavitud siempre es esclavitud. Es la misma esclavitud de siempre pero más silenciada, maquillada. Perfeccionada. Los explotadores contratan empresas, que a su vez subcontratan a otras compañías que se encargan de ser la cara visible de la explotación. Y la ganancia económica generada desde esa miseria planificada es depositada directamente en la cuenta bancaria del primer eslabón, el patrón de estancia, el ceo que hace las veces de dirigente empresarial, sindical o embajador argentino en España, como es el caso de Ramón Puerta.

Puerta fue gobernador de la provincia de Misiones, senador y presidente interino durante los convulsionados días de diciembre de 2001. En 1999 le gestionó a Mauricio Macri un domicilio en la localidad de Garupá para que el por entonces presidente de Boca Juniors pudiera incursionar en “política” con el aval del misionero. Dicha amistad se remonta a sus épocas de estudiantes en la Universidad Católica Argentina. Años después, el premio que recibió Puerta de su amigo y presidente Mauricio Macri es la representación diplomática argentina en España. Para esa fecha, el 7 de marzo último, Macri no podía desconocer que el misionero había sido imputado por el delito de trata laboral de 40 tareferos (los peones rurales que cosechan la yerba mate), que fueron encontrados dentro de un campo de su propiedad en condiciones infrahumanas: los peones vivían en precarias carpas, sin agua potable, ni luz, con la comida a la intemperie, descomponiéndose, hacinados y con menores de edad que también cargaban sobre sus espaldas el yugo de la explotación.

Estos hechos están documentados a partir de declaraciones testimoniales de más de diez tareferos que narraron cómo era el sistema de vida dentro del campo de Puerta, incluida una declaración de un menor de 13 años que ofreció su testimonio a través del método de cámara Gesell. La denuncia contra Puerta se inició en enero de 2014, a partir de una inspección del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), organismo que terminó siendo disuelto por Macri.

El presidente tampoco podía desconocer que, un año después de la primera denuncia, la Fiscalía Federal de Posadas realizó una inspección ocular dentro de la propiedad del exgobernador y allí pudieron constatarse los vestigios de ese esquema de explotación: todavía estaban montadas las carpas hechas de lonas, había tachos de glifosato utilizados por los peones para tomar el agua que salía de un pequeño pozo que también era usado para el aseo personal.

El actual embajador en España armó un complejo entramado de contratistas, subcontratistas y empresas para quedar aislado de cualquier tipo de ilícito vinculado a la actividad de la cosecha de yerba mate. Esa estructura de tercerizaciones le otorgó al exgobernador un claro beneficio económico a partir de su doble rol de dueño del campo y socio de la empresa que comercializaba la yerba: Yerbatera Misiones Srl.

Según la denuncia realizada por la Procuraduría contra la Trata de Personas y la Explotación Laboral (Protex), a cargo del fiscal Marcelo Colombo, que luego fue impulsada por la Fiscalía Federal de Posadas, “la ejecución de los delitos de trata y explotación representó un paso más de una decisión empresarial elaborada en el seno de Yerbatera Misiones Srl, con el objetivo de producir la yerba mate al menor costo posible y así incrementar el rinde económico de sus titulares. Se trató, en definitiva, de una decisión y puesta en ejecución de tipo empresarial que precisó del engranaje de una organización con varios actores para su desarrollo y concreción”.

Yerba mala

Los camiones entran a los campos repletos de tareferos junto a sus colchones, provisiones y familias enteras. Empiezan a descargar sus bultos antes de que el capataz les asigne un lugar. Como hormigas ante la inminencia de la lluvia o la presencia de un ser extraño, los peones están atentos a que nada raro ocurra en el lugar. Si divisan a un inspector, son obligados a correr, dispersarse, esconderse. No tienen problema en dejar tiradas sus pertenencias: colchones, comidas, pañales. El monte es como un escondite perfecto, como un hormiguero gigante.

Eso fue lo que les ocurrió a Carlos y Ramón, obligados a correr y esconderse en el monte para no ser registrados por el Renatea. Tres días estuvieron escondidos, hasta que fueron sacados del campo de Puerta y trasladados a la ciudad de Oberá. Carlos se entrevistó con este periodista.

—¿Cuántos estaban en la misma situación que ustedes?

Cuarenta personas. Conmigo se escondieron otros cuatro que ahora siguen tarefeando en otro lado. Incluso me contaron que habían salido fotos en el diario, del día de la inspección.

—¿Tus compañeros sabían que era el campo de Puerta?

—Sí. Algunos iban por primera vez; yo sabía y se lo comentaba. Además, ya había estado ahí. Por la forma en que nos hacían dormir, les decía a mis compañeros que seguro vendría la inspección. “¿Cómo sabés Carlitos?”, me preguntaban. Mis compañeros me apoyaban y yo los apoyaba a ellos.

—¿Por qué antes tuvieron miedo y corrieron y ahora aceptaron contar lo que les pasó?

—Vi muchas veces cómo agarraban gente, por eso sé todo y muchas cosas más.

Algunos trabajadores huyeron por indicación de los capataces y otros fueron rescatados en ese mismo momento. Ése fue el caso de C J B, quien tenía tan sólo 13 años en el momento de encontrarse dentro del campo de Ramón Puerta. Su declaración fue realizada mediante el método de la cámara de Gesell, avalada por psicólogos forenses.

De su relato se desprende que vivían en carpas, en las que debían dormir con un colchón sobre la tierra, donde no había luz, y el agua que usaban para bañarse desembocaba en el pozo que utilizaban para beber. Declaró que fue llevado en un camión junto a su padrastro y que les iban a pagar a ambos. Su tarea era hacer el desayuno para todos los peones de la carpa, cocinar y “acarrear cosas”, probablemente los raídos llenos de hojas de yerba. También afirmó haber visto a más menores de edad en el lugar.

El actual embajador tenía en su campo, trabajando para la Yerbatera Misiones, a un niño de 13 años. Dirán que es una “cuestión cultural”. Pero no, era y es un delito.

Puerta giratoria

La verdadera “puerta giratoria” en la justicia es usufructuada por los poderes fácticos: empresarios, jueces corporativos que nada hacen para investigar estos casos. Medios de comunicación hegemónicos (como Clarín y La Nación) que nada dicen porque son parte de ese mismo poder fáctico, y algunos de sus periodistas, que se creen parte de ese engranaje. En la Argentina actual, estos poderes fácticos se saben más impunes aun porque gozan de la protección de Mauricio Macri.

Desde España, Puerta habla de las potencialidades de Argentina, de la “agenda del cambio”, de la unificación del peronismo. Mientras tanto, los vestigios de la explotación laboral planificada desde su empresa, a partir de la cual todo el grupo económico que gira alrededor de su apellido obtuvo una rentabilidad extraordinaria, siguen repiqueteando como las hormigas que buscan una guarida ante el vendaval.

En la historia argentina, quizás, para los peones rurales el Estado de derecho haya sido nada más que una anomalía. El primer estatuto del peón fue establecido en 1944, durante la vicepresidencia de Juan Domingo Perón, y luego ratificado por ley. En 1980 la dictadura dio de baja esos derechos. Tuvieron que pasar 31 años para que los peones rurales obtuvieran nuevamente una ley que los protegiera, a partir de una iniciativa de la expresidenta Cristina Fernández. En el momento de esa votación, Puerta, que era diputado, estuvo ausente.

El diplomático no sólo es dueño de campos –estancia Yohasa (1.040 hectáreas) y Yerbal el 17 (110 hectáreas), ambas en la provincia de Corrientes; estancia I Pora, donde fueron hallados los tareferos (1.004 hectáreas), y la chacra Cruce Pinal (46 hectáreas), ambas en la provincia de Misiones– sino también de medios de comunicación (Misiones 4).

Al igual que aquellos que se saben impunes –como el presidente Macri, que puede decir ante cámaras que no tiene empresas off shore cuando éstas empiezan a brotar en los registros públicos de Panamá y Brasil–, a Puerta pareciera no molestarle que le enrostren en público sus crímenes. Los ningunea.

El ahora embajador aceptó un reportaje con este cronista, realizado en la redacción de Página 12 y publicado originalmente el 23 de mayo del año pasado. Con un aire altanero y autoritario, había aceptado la nota para contar su “verdad”. Según sus propias palabras, no se esperaba una interpelación. Aquí un fragmento de aquella conversación que duró 28 intensos minutos.

—¿Por qué dice que las denuncias en su contra fueron hechas bajo “apriete”, si acaba de decir que no está interiorizado en la causa judicial?

—Legalmente nadie me llamó. No me llegó nada. No tengo por qué saber. Ellos deben de tener acceso a una justicia que yo no tengo. Hay refugios, pero no para vivir. ¿Quién te dijo que vivían ahí?

—Los que declararon testimonialmente.

—Nadie me informó, se ve que yo no tengo acceso a la justicia kirchnerista. Esta foto que me mostrás me demuestra que está todo armado. ¿Y la Gendarmería que está ahí no hizo nada? Tengo custodia de Gendarmería. ¿La policía de la entrada no dijo nada? Si ven menores, ¿cómo no van a actuar?

—Desconozco cuál es su connivencia con la Policía o la Gendarmería.

—La Policía provincial no la manejo yo. Yo soy un opositor y perseguido.

—¿Por qué sostiene que la causa estaría armada?

—¿Vos no sabés quién es Ramón Puerta? ¿Y la familia Puerta? Nosotros nos caracterizamos por pagar los mejores sueldos y todo en blanco.

—No sólo importa el salario sino las condiciones en las que estaban los trabajadores.

—Ah, bueno, pero eso ya no es la ley laboral.

—Es tema de la ley del peón rural, artículos 28, 33 y 34, que hablan sobre acceso al agua potable y salario digno, y el 24 y 27, que fijan las condiciones de acceso a la vivienda y alimentación.

Agua potable, tenían bidones.

—Uno de los testigos sostuvo que tomaban “agua verde”.

—¿Y por qué quieren trabajar con Ramón Puerta? ¿Son suicidas?

—Por necesidad, ¿quizás?

—¿Necesidad? Si tienen planes sociales a rolete. Los planes para el que trabaja en blanco son un problema. Trabajar en blanco es difícil, me cuesta… Y en negro no puedo trabajar.

Ocho meses después de aquel reportaje, Puerta fue nombrado embajador. No llegó a declarar ante la justicia. No por ser inocente, sino por la impunidad generada en su entorno, avalada por la jueza federal María Verónica Skanata, quien había decidido esperar el resultado de las elecciones presidenciales para, supuestamente, llamar a indagatoria a todos los acusados por esta causa. Pero no fue así. Skanata no tomó ninguna medida vinculada con Puerta, a pesar de contar con los testimonios de muchos tareferos que lo sindicaron como responsable del sistema de explotación. Tampoco tuvo en cuenta la inspección ocular realizada en su campo, ni la denuncia realizada por la Fiscalía Federal de Posadas ni los varios pedidos de la Procuración especializada en casos de trata para que fuera, al menos, citado a declaración indagatoria.

Estado de bienestar versus Estado corporativo

Con la sanción de la ley del peón rural, en diciembre de 2011, el gobierno de Cristina Fernández buscó quebrar la lógica de precarización laboral en el sector agropecuario. Por delegación del ex presidente Eduardo Duhalde, la fiscalización del trabajo en negro en el campo estaba en manos del Renatre, manejado por el titular del gremio de los peones rurales, Gerónimo “Momo” Venegas y las cuatro principales patronales agropecuarias del país: la Sociedad Rural Argentina, cuyo actual presidente, Luis Miguel Etchevehere, también tiene una causa por explotación de peones, Confederaciones Rurales, Cra y Coninagro.

Fernández de Kirchner les sacó la potestad de fiscalizar el trabajo rural a Venegas y a esas patronales y la entregó al Estado, con la creación del Renatea, en diciembre de 2011. Entre 2011 y 2015 pudieron rescatarse más de mil víctimas de trata laboral, además de regularizarse el registro de peones que había sido adulterado por el gremio conducido por Venegas.

En uno de sus primeros gestos políticos, Mauricio Macri volvió a delegar la fiscalización del trabajo rural en la Uatre y las entidades patronales. El presidente no sólo nombró embajador a un empresario vinculado con la trata laboral, sino que su principal aliado sindical, Gerónimo Venegas, hoy integrante de la Alianza Cambiemos, es (y ha sido) el garante de la explotación laboral rural en Argentina.
 

Texto original publicado en Brecha.

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