Tras el nuevo acuerdo de paz
Las FARC se preparan para dar el salto a la política

Un mes y medio después del plebiscito, FARC y Gobierno han alcanzado un nuevo acuerdo para abrir una etapa en la que la guerrilla tratará de hacer política sin armas.

, Bogotá (Colombia)
21/11/16 · 8:00
Santos y Timochenko (FARC) durante la firma de los acuerdos de paz en septiembre.

Tras el shock del plebiscito del 2 de octubre, el proceso de paz colombiano parece haber revivido en pocas semanas con un nuevo acuerdo cuya refrendación se realizará en cuestión de días. El presidente y Nobel de la Paz Juan Manuel Santos no se arriesgará a otro fiasco electoral y el acuerdo será aprobado en el Congreso, donde el “sí” cuenta con una holgada mayoría. De esta forma, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado colombiano cerraron el 12 de noviembre un largo ciclo de negociaciones que iniciaron en 2012 para poner fin a una guerra de más de 50 años que había bloqueado cualquier proyecto político transformador en un país dominado durante décadas por la derecha.

El fin de la principal guerrilla del país, que comenzará a desarmarse tan pronto como se aprueben el nuevo acuerdo y la ley de amnistía, abrirá un nuevo escenario político en Colombia. El reto de pasar a la política sin armas será mayúsculo para las FARC, que han tenido una capacidad de presión durante estas negociaciones que difícilmente recuperarán en el futuro. “Ellos están en una posición privilegiada y la van a perder”, explica Marc Chernick, profesor de las universidades de Georgetown y de Los Andes e investigador del conflicto colombiano. “Como partido serán pequeños, parte de una izquierda débil, y no van a tener el protagonismo que tienen ahora. Ellos se están arriesgando a eso, van a ir a hacer política y esperan que puedan ganar”.

La derrota del acuerdo de paz en el plebiscito puso a prueba la voluntad de las FARC de poner fin a su actividad armada y la renegociación de las últimas semanas la ha confirmado. Lejos quedan los tiempos en los que la guerrilla, espoleada en parte por los beneficios derivados de la emergente industria de la cocaína y por una nutrida militancia campesina, elaboró a finales de los 80 un plan militar que culminaba con la toma de Bogotá. La pérdida de apoyo social y la presión militar ejercida por el Estado durante los tiempos de Álvaro Uribe han acabado por convencer a las FARC de que una victoria por las armas no era posible.

Los cambios en el acuerdo

“No cabe duda que quien ha actuado con más responsabilidad en esta fase de renegociación con mucha diferencia han sido las FARC”, declara el abogado madrileño Enrique Santiago, que ha actuado como asesor jurídico de la guerrilla durante la negociación. “Ellos eran conscientes de que era necesario que el acuerdo fuera lo más inclusivo posible y que el máximo de reivindicaciones del ‘no’, que no cambiaran radicalmente el sistema, se incorporaran”, añade Santiago.

La envergadura de los cambios realizados en el acuerdo depende del punto de vista. Para el expresidente Uribe y su partido, el Centro Democrático, los cambios serán probablemente insuficientes al no conllevar penas de cárcel ni inhabilitación política para los mandos de las FARC. Previsiblemente, Uribe continuará abanderando el rechazo al proceso de paz de aquí a las elecciones generales de 2018, aunque su minoría parlamentaria no le permitiría bloquear la aprobación del acuerdo en el Congreso.

“A pesar de que siguen esos sectores recalcitrantes, sí que se escucharon las propuestas, se hicieron los cambios y ya hay bastante y suficiente legitimidad para presentar un nuevo acuerdo al Congreso”, opina el profesor Chernick. Esos cambios han afectado principalmente a la Justicia Especial de Paz, una jurisdicción especial basada en la colaboración de los acusados para aclarar la verdad y la imposición de acciones reparativas (como la ayuda en el desminado) a cambio de penas de reclusión de hasta ocho años en veredas rurales en lugar de en centros penitenciarios. Ahora, esta justicia especial queda bajo la supervisión de la Corte Constitucional colombiana. Los jueces extranjeros, que las FARC exigieron en un principio, pierden su derecho de voto y el periodo de actividad de todo el sistema queda limitado a 15 años prorrogables.

La otra gran modificación al acuerdo afecta a su blindaje de cara a futuros gobiernos. El acuerdo ya no queda íntegramente incluido en la Constitución colombiana, pero sí se incluye un artículo transitorio que exige su cumplimiento durante las tres próximas legislaturas. “Si se aprueba el acuerdo el mes que viene, hasta el 2030 todas las autoridades e instituciones tienen la obligación de cumplirlo”, explica Santiago. “Pero en todo caso, el que hace la ley hace la trampa. El mejor mecanismo de garantía de cumplimiento del acuerdo es sin duda que haya gobiernos favorables a cumplirlo”.

El nuevo escenario político

El punto donde las FARC no estuvieron dispuestas a ceder frente al anterior acuerdo fue en lo relativo a su participación política. Aunque sí verán reducida la asignación económica para su futuro partido, todos los exguerrilleros podrán asumir cargos políticos en las estructuras estatales, aunque estén cumpliendo condenas por delitos de lesa humanidad. Sí que ha habido renuncias en otros escenarios políticos, como en el de la participación de las organizaciones sociales.

“Un eje transversal del Acuerdo de Paz I era el empoderamiento de las comunidades locales y las organizaciones sociales en un esfuerzo por hacer la democracia colombiana más participativa”, escribió el 15 de noviembre Juanita León, directora de la web La Silla Vacía. “En el Acuerdo II, la participación ciudadana es considerablemente mayor que hoy en día y sigue siendo un insumo fundamental para las autoridades, pero se precisó que no tienen un poder decisorio directo sobre políticas ni sobre planes”. Para León, el papel de las comunidades está concebido en el nuevo acuerdo más en la lógica del “diálogo constructivo” que del “autogobierno”.

Aunque esto podría indicar una apuesta ante todo por la política parlamentaria por parte de las FARC de cara al futuro, para Santiago se trata de un análisis erróneo. “Es un grave error pensar que las FARC simplemente aspiran a convertirse en un partido político más que concurra en el muy dividido arco de los partidos políticos de izquierda en Colombia. Hay un altísimo interés por desarrollar los movimientos sociales y conformar un frente político lo más amplio posible, yo te diría que ni siquiera de izquierdas, sino simplemente democrático, que ayude a la modernización y a la democratización de todas las estructuras del país”. Para conocer en mayor detalle la estrategia de las FARC habrá que esperar al congreso fundacional de su nuevo partido, que estaba previsto para mayo de 2017 antes del inesperado resultado del plebiscito.

+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

Tienda El Salto