Los servicios jurídicos de la Generalitat de Cataluña piden penas de hasta cinco años y tres meses de cárcel para cinco personas que se opusieron a un desahucio ejecutado por la Brigada Móvil de los Mossos el 25 de julio de 2011. Los hechos ocurrieron en el número 22 de la calle Andrade del barrio del Clot de Barcelona y el juicio se celebrará los días 14 y 15 de diciembre de este año.

Los servicios jurídicos de la administración autonómica, a cargo del Departamento de Interior –que pedido Jordi Jané– reclaman que Eliseo y Verónica, un matrimonio de 63 y 59 años respectivamente, ingresen en prisión durante un periodo de entre dos años y dos años y tres meses, bajo la acusación de un presunto delito de atentado contra la autoridad. Para tres vecinas que se concentraron en la puerta de la finca solicitan penas aún superiores, en una horquilla de entre cuatro y cinco años y tres meses de prisión.

Interior reclama que Eliseo y Verónica, de 63 y 59 años respectivamente, ingresen en prisión por un periodo de entre dos años y dos años y tres meses
La pareja y un hijo menor de edad se encontraban en el interior de la vivienda cuando llegó un pelotón de antidisturbios de la Brigada Móvil. En el portal del inmueble se habían concentrado unas ochenta vecinas, y los policías decidieron ejecutar la orden de lanzamiento –dictada por un juzgado civil a raíz del impago de varios recibos del alquiler– entrando por el balcón, mediante una escalera. La madre de familia abucheó a los agentes al ver que subían por la escalera, fuertemente armados y con la cara tapada. Inmersa en un ataque de pánico se aferró a la escalera y la movió ligeramente.

El Departamento de Interior considera que esta reacción puso en peligro la actuación policial. El Gobierno alega también que varios policías resultaron heridos, aunque las presuntas lesiones sanaron en un plazo de entre cinco y quince días. La Fiscalía no comparte el criterio de la Generalidad y considera que nos encontramos ante una falta, por la que pide la imposición de una pena de multa.

Los agentes de la Brigada Móvil también cargaron contra las ochenta vecinas concentradas en el portal. Para tres de ellas, la Generalitat solicita penas de entre cuatro y cinco años y tres meses de prisión, por los presuntos delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos, acusándolas también de lesionar a cuatro antidisturbios.

Las agresiones denunciadas por el vecindario, por el contrario, no han llegado a juicio. La familia desahuciada se quedó sin hogar y perdió algunas de sus pertenencias. El Ayuntamiento de Barcelona no les proporcionó ninguna alternativa habitacional.