Proceso catalán
Nuestro futuro no lo decidirán los jueces

Joan Coma explica por qué no acudirá voluntariamente a prestar declaración ante la Audiencia Nacional en el marco de la acusación de incitación a la sedición por parte de la Plataforma Vigatana de Josep Anglada.

, concejal de Vic (Barcelona), en Capgirem Vic y militante de la CUP / @joancomaroura
30/10/16 · 8:00
En la concentración, el regidor de Capgirem Vic ha vuelto a apelar a la desobediencia a las instituciones del Estado. / Dolors Pena
El pasado lunes, Joan Coma, concejal de Vic y militante de la CUP, estaba citado en la Audiencia Nacional por un delito de incitación a la sedición y, apelando a la desobediencia civil, no acudió a la citación. La denuncia contra el concejal partió de la xenófoba Plataforma Vigatana de Josep Anglada y los hechos remiten, kafkianamenta, a la intervención de Joan Coma, en defensa de la ruptura democrática, en el debate de una moción municipal para dar apoyo a la declaración soberanista del Parlament de Catalunya del pasado noviembre. Más allá del proceso independentista, la judicializción excepcional –tipificación penal y tribunal especial– de las opiniones políticas vertidas por un representante político en el ejercicio de sus funciones, la causa –impulsada por el magistrado Ismael Moreno, el mismo que ordenó encarcelar a los titiriteros– atañe sobretodo a la vulneración de derechos civiles y políticos, a la degradación democrática y a la criminalización de la disidencia. Joan Coma no acudió el lunes a la citación y no piensa acudir, porque no reconoce al tribunal ninguna autoridad sobre las libertades democráticas fundamentales. El magistrado ha solicitado a fiscalía qué medidas debe adoptar y una orden de detención puede ser emitida en cualquier momento. En este artículo, publicado el mismo lunes y remitido al juzgado de guardia, Joan aborda el porque de su desobediencia, que es la de todos.

(David Fernàndez, exdiputado de la CUP)

En el pleno de Vic, del pasado 9 de diciembre, CiU-Reagrupament, ERC, y Capgirem Vic presentamos una moción de apoyo a la resolución llamada 'del 9N' aprobada por el Parlamento de Cataluña el 9 de noviembre de 2015, la resolución de la ruptura que marcaba el inicio de una legislatura orientada a alcanzar el ejercicio del derecho a la autodeterminación de Cataluña.

En la defensa de la moción argumentamos que había llegado el momento de dejar de supeditar las decisiones de las instituciones catalanas a las decisiones de las instituciones españolas y, muy particularmente, a las decisiones del Tribunal Constitucional, falto totalmente de legitimidad, gubernamentalmente instrumentalizado y al que ya no reconocemos ninguna autoridad, de ningún tipo, sobre nuestras vidas. Reivindicábamos, como continuamos reivindicando y practicando, la desobediencia civil como derecho legítimo a ejercer ante un Estado demofóbico que se niega a escuchar y respetar la voluntad política democrática, libremente expresada, de la población de Cataluña. Asumimos que, ante este Estado, sólo podremos ejercer el derecho a decidir si ejercemos el derecho a desobedecer. Elecciones tras elecciones, parece no haber otra opción que la de autodeterminarnos libremente, construyendo las condiciones necesarias para poder ejercer la democracia que el Estado nos niega. En eso estamos, porque, más allá de la independencia, lo que nos preocupa ahora y aquí es el carácter manifiestamente corrupto y antidemocrático del actual Estado español.

La moción fue aprobada con 16 votos a favor, cuatro abstenciones y un solo voto en contra, el del fascismo [Plataforma por Cataluña], que denunció ante la Guardia Civil a todos los concejales que habían votado a favor. Fruto de esta denuncia, y muy probablemente fruto de los vínculos que la extrema derecha de Vic mantiene con todo lo que envuelve las cloacas estatales de la guerra sucia, el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional española –nido de abusos, causa de muchos dolores de cabeza y heredera directa del Tribunal de Orden Público franquista–, me imputó por un presunto delito de incitación a la sedición, penado con hasta ocho años de prisión. Es la primera vez desde la recuperación de las instituciones democráticas que un cargo electo es formalmente investigado por este delito. Hoy [el pasado lunes 24 de octubre] estoy citado a declarar en la Audiencia Nacional a las 10h., donde este tribunal de excepción equipara ejercer la democracia con un delito de incitación a la sedición. De esto nos acusan: de ejercer nuestra responsabilidad como cargos electos por debatir democráticamente, en el sí de un pleno municipal, una moción aprobada por 16 concejales que apoyaba una resolución aprobada por 72 diputados en el Parlamento de Cataluña.

Los seis meses que han pasado desde la imputación a la citación han servido para muchas cosas. La más importante ha sido la creación de un movimiento de solidaridad, el Movimiento 30/03, donde participamos personas y colectivos muy diversos, unidos en defensa de libertades fundamentales como la libertad de expresión. Desde esta plataforma se organizó una manifestación en Vic, el 16 de abril, a la que asistieron más de 1.000 personas. Sobre mi imputación también se ha pronunciado el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que, en un demoledor informe dirigido al Comisario Europeo de Derechos Humanos, denuncia que “se está produciendo en España una deriva peligrosa de restricción indebida de la libertad de expresión”. A nivel personal, estos seis meses me han permitido tomar la decisión de no ir hoy a declarar a Madrid de forma compartida y reposada. Todo el apoyo recibido durante este tiempo me ha permitido tomar esta decisión con toda la concienciación que una decisión como ésta requiere. Diría muchos nombres, pero solo apuntaré uno: gracias, Laia. Solas no somos nada, juntas lo podemos todo.

Evidentemente, no me voy a esconder por hacer lo que hoy tengo que hacer. Así, a las 10h estaré en el Ayuntamiento de Vic. Estaré allí acompañado de y acompañando a todos aquellos con los que compartimos la trinchera de la democracia. Explicaré por qué no vamos a la Audiencia Nacional. No vamos porque nos sentimos perseguidos por nuestras ideas políticas, persecución impropia de un marco mínimamente democrático. En este sentido, no reconocemos la autoridad de ningún tribunal por encima de los derechos fundamentales, civiles y políticos, como la libertad de conciencia, la libertad de expresión política y la libertad de asociación, así como el respeto a la soberanía popular. Como cargo electo no puedo ni quiero participar de la suspensión judicial de ninguno de estos derechos fundamentales. Obedezco a mi conciencia cumpliendo con el mandato democrático por el que fuimos escogidos. El problema no lo tengo yo, ni ninguno de nosotros. El problema lo tiene un Estado que, de la mano de la extrema derecha de Vic, hace un ridículo espantoso persiguiendo a un concejal por haber dicho en un pleno municipal que para hacer la independencia va a ser necesaria la desobediencia. Unas palabras, por cierto, repetidas cientos de veces, tanto en las instituciones como en las calles, y que vamos a repetir no sólo las veces que haga falta, sino dondequiera que haga falta. También ante el juez.

No vamos porque rechazamos la ofensiva antidemocrática que el Estado español está llevando a cabo contra las instituciones catalanas y sus cargos electos, para violentar y atemorizar la soberanía popular y la mayoría social catalana que ya opta por la independencia. Toda mi solidaridad hacia todas las encausadas. El Estado demofóbico siembra miedo, pero sólo puede recoger solidaridad, firmeza y compromiso democrático. No vamos, en resumen, por dignidad.

Después ejerceré de concejal. A las 14.30h estaré en la Junta de Portavoces y a las 17.30h en la Comisión Informativa de Alcaldía y Social. El mío no es ningún acto de patriotismo, ni pretendo ser ningún héroe. Son palabras en las que no me siento nada cómodo. Tampoco es ningún acto de valentía. Y, sin embargo, gracias al apoyo popular e institucional que he recibido estos meses, lo hago sin miedo. Es un acto de obediencia a lo que me dice la conciencia. Un acto de respeto y reconocimiento a todas aquellas personas que han luchado y luchan, habitualmente, en condiciones infinitamente más duras que las nuestras, contra cualquier injusticia. Un acto, también, de respeto a la soberanía popular.

Terminada la tarea institucional, iré a la concentración que se ha convocado para hoy [el pasado lunes 24 de octubre] por la tarde. Nos encontraremos en la calle, con la gente, allí donde todo empieza, todo acaba y vuelve siempre a recomenzar. Estoy convencido de que vamos a ser muchas haciendo frente a la ofensiva antidemocrática del Estado español. La movilización popular es nuestra fuerza. Es probable que en alguno de estos momentos del lunes, o el día siguiente, la normalidad se vea truncada contra mi voluntad. Es probable que el Estado haga uso del monopolio de la violencia y me detenga para llevarme a Madrid. Ahora ya saben que no iré de forma voluntaria.

En cualquier caso, pase lo que pase, mantengamos la calma, practiquemos la no violencia que hemos aprendido de la desobediencia civil pacífica y resistente, y sonriamos. Porque si son capaces de hacer lo que están haciendo, de recurrir a tics inquisitoriales y vías excepcionales, es porque ya saben que democráticamente lo tienen todo perdido. Quieren imponer en los tribunales lo que ya no podrán ganar nunca en las urnas. Ni un paso atrás.

[El lunes, medio millar de personas se concentraron en Vic para apoyar a Joan Coma, que fue noticia en todos los medios catalanes. La CUP está impulsando en los ayuntamientos donde tiene presencia una moción de apoyo a Joan Coma. Joan está las 24h del día acompañado a la espera de la orden y la detención que muy probablemente le forzará a declarar a la Audiencia Nacional por sedición.]

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