¿Cómo un plebiscito por la paz podía ser rechazado por un 50’2 % de de los votantes cuando se contaba con el apoyo de la izquierda colombiana, el gobierno y los partidos afines y además, prácticamente toda la comunidad internacional?
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Colombia se convirtió el 2 de octubre en el foco de la opinión internacional. Unos resultados que parecían inexplicables coparon las principales portadas de los diarios de varias partes del mundo. ¿Cómo un plebiscito por la paz podía ser rechazado por un 50,2 % de de los votantes cuando se contaba con el apoyo de la izquierda colombiana, el gobierno y los partidos afines y, además, prácticamente toda la comunidad internacional? Es más, ¿cómo frente a una decisión tan importante sólo acudió un 37% de la población votante?
Antecedentes: Proceso de paz y refrendación popular a los acuerdos
El debate entre el Gobierno y las FARC-EP respecto a la forma en que debía refrendarse lo acordado en La Habana fue uno de los más largos durante los cuatro años de negociación. Si bien la refrendación por parte de la sociedad colombiana no era necesaria desde un punto de vista jurídico, sí respondía a un compromiso personal que el presidente Juan Manuel Santos había adquirido durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014. Así, el presidente propuso el plebiscito, entre los distintos mecanismos de participación popular que contempla la Constitución colombiana; éste está destinado a preguntar por el acuerdo de la sociedad con una determinada política pública del Gobierno y tiene carácter vinculante. Las FARC-EP se resistieron al plebiscito por mucho tiempo, pero acabaron aceptando este mecanismo, condicionado al aval de la Corte Constitucional. Ésta se pronunció a través de la Sentencia C-379/16, considerando que sí era un mecanismo adecuado.
Pero más allá de la pertinencia jurídica del plebiscito, el Gobierno vinculó la aprobación del plebiscito con la aprobación de la propia gestión gubernamental en su conjunto, tratando de aumentar la popularidad del Presidente, que lleva cayendo en picado desde la elección de 2014. El efecto fue el contrario: el acuerdo de paz se llenó de esa baja popularidad, lo que, entre otros motivos determinó el resultado. En definitiva, si bien jurídicamente el plebiscito era aceptable, políticamente no fue pertinente ni llegó en el momento adecuado.
¿Por qué se perdió el plebiscito?
La campaña del No
La campaña del No estuvo liderada por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático. La maquinaria electoral uribista se puso en marcha rápidamente al conocerse la fecha del plebiscito y se basó en desinformar y confundir a la población sobre los acuerdos bajo un discurso populista. Lemas como 'NO + impunidad' fueron repetidos hasta la saciedad, haciendo hincapié en la “venta” del país a las FARC, entendida esta venta como que Colombia se volvería “castrochavista”.
Estas interpretaciones sesgadas tienen que ver con que en los acuerdos se incluyen puntos como la Justicia Transicional o la participación política de las FARC, puntos en los cuales se incluyen amnistías por crímenes que no son de lesa humanidad o el hecho de asegurar representantes en la Cámara a las FARC. A su vez, el Centro Democrático basó la campaña del NO en mentiras y mitos como el cobro de 1.800.000 pesos mensuales para los desmovilizados o el supuesto establecimiento de la “ideología de género” [nota de ed.: En el discurso en torno al proceso de paz se contempló una visión de género transversal] de la cual dieron buena cuenta muchas iglesias evángelicas, que promovieron activamente el NO.
Además se aprovechó para criticar la gestión y la baja popularidad de Santos, relacionando el NO a un castigo a la gestión en general de Santos. En este sentido un punto importante a destacar en la campaña del NO es que se entiende que ésta logró no sólo aglutinar a personas descontentas con los “privilegios” que se le otorgaban a las FARC sino también a diferentes gremios descontentos con medidas impopulares tomadas por Santos como los camioneros (con quienes el presidente ha incumplido los compromisos logrados tras más de 40 días de paro) o los taxistas (que demandan hace meses la ilegalización de los servicios de Uber). La campaña del NO logró unir entonces a voceros representativos con un movimiento de masas fiel al expresidente Uribe y otros múltiples movimientos y particulares descontentos con las políticas gubernamentales.
La campaña del SÍ
La campaña del SÍ, o más bien las campañas del SÍ, funcionaron muy diferente. Comenzaron tarde y eso marcó que fuera detrás del lenguaje y los términos marcados por el NO, tratando de desmentir los falsos mitos circulados por ésta y socializando el contenido del denso texto del Acuerdo (297 páginas) en poco más de un mes. Pero, además, no hubo una campaña unificada sino que fueron múltiples, desde los distintos sectores sociales y políticos partidarios del SÍ, entre los que se contaban conservadores, liberales, sectores oficialistas y también las izquierdas; esta diversidad fue criticada por muchos, pero al mismo tiempo permitía a muchos sectores contrarios a Santos apoyar el Sí sin dar un aval gubernamental.
No hay que olvidar que Santos fue ministro de Defensa con Uribe y, como tal, responsable de muchas violaciones de derechos humanos, entre ellas los famosos falsos positivos.
Pero además, el Gobierno no hizo una campaña fuerte ni tampoco pareció creérsela, y eligió cabezas visibles poco adecuadas, concretamente el expresidente César Gaviria (que no es recordado como un buen presidente) y la ex ministra de Educación, Gina Parody –salpicada recientemente por el escándalo de “las cartillas” y muy criticada desde los sectores sociales tradicionalistas y religiosos conservadores–.
En ciertos momentos la responsabilidad del SÍ pareció recaer en gran medida sobre la campaña impulsada por la izquierda “La Paz Sí Es Contigo”, y sin embargo desde los estamentos gubernamentales estuvieron de más bajo perfil, entre ellos el vicepresidente del Gobierno Germán Vargas Lleras y su partido Cambio Radical. La falta de un discurso unitario, y de una involucración con toda la maquinaria de la cual puede disponer el Estado influyó en la capacidad de la misma para ampliar la base del voto afirmativo, y también para motivar la participación.
El debate territorial, la historia y el conflicto
Para comprender el resultado hay que comprender Colombia en su complejidad como territorio y sociedad. Cuando se mira el mapa de los resultados se aprecia una periferia en donde se vota mayoritariamente al Sí y un centro donde el No es mayoritario.
Un primer análisis es que el mapa no es muy diferente del que se vio en las elecciones de 2014, en las que Santos ganó el mandato por la paz. Gente de las costas del Caribe y pacífica, muchos de ellos afrodescendientes, pero también mestizos y de otras etnias, han votado mayormente por el Sí, como también zonas selváticas como el Vaupés o el Guaviare. Sin embargo la zona andina, el eje cafetero, más central al país e históricamente productora de alimentos en Colombia y con fuerte influencia del conservadurismo, ha votado por el No a excepción de Bogotá y Boyacá, éste último especialmente llamativo, por ser uno de los nichos históricos del conservadurismo colombiano.
Sobre todo llama la atención la contundencia con que ha ganado el No en el departamento de Antioquia. Una explicación rápida tendría que ver con que Álvaro Uribe es antioqueño, “paisa” dicen en Colombia. Si bien es cierto que puede ser una explicación, muy poco analítica, habría que llevar el tema territorial un poco más a sus raíces.
Existe en Colombia un debate fuerte, territorial, sobre Antioquia y su relación tensa respecto al centro representado por Bogotá. Lo que esconde ese No no es sólo un voto a Uribe por “paisa” y contrario a los acuerdos, sino también un voto contra el centro bogotano, una reivindicación territorial antioqueña de autonomía frente a una Bogotá en donde Santos ganó las elecciones en 2014 y en donde se preveía el triunfo del Sí. A su vez Antioquia es donde históricamente se han ubicado industrias y ganadería, ganaderos los cuales han sido históricamente aliados del uribismo, y existen intereses económicos fuertes y muchas rencillas históricas contra las FARC.
Por otro lado, en grandes urbes el voto ha estado dividido dependiendo de la región. En Bogotá, Cali o Cartagena ganó el Sí y en otras como Medellín, Bucaramanga –de donde es el exprocurador Ordoñez, apartado de la Procuraduría recientemente– o Cúcuta –en plena frontera con Venezuela– el No. Si bien es complicado establecer una relación causal al por qué esto ocurrió, más allá del debate territorial, lo que es cierto es que mucho del voto del No ha llegado desde lo urbano y desde zonas ajenas y alejadas del conflicto armado y en muchas de ellas ha impactado el discurso del uribismo con relativo éxito.
Por otro lado, organizaciones de víctimas han puesto el foco en que, en varios municipios donde el conflicto más impactó en el pasado, han apoyado mayoritariamente el Sí, con ejemplos emblemáticos como el de Bojayá (95%), Caloto (71%), Tumaco (71%), Toribío (84%) o El Tarra (91%), pero que en el acumulado nacional representan un bajísimo porcentaje.
Sin embargo, hay algunas zonas que se “salvan” de esta interpretación nacional, como los departamentos de Caquetá, Meta, Norte de Santander o Arauca, donde, siendo afectadas por el conflicto y de influencia de la guerrilla, ganó el No. Esto se puede explicar también por una fuerte división interna entre las zonas rurales –con fuerte presencia de las FARC-EP– y las urbanas, pero también por el miedo de las comunidades a la llegada de nuevos grupos que llenen el vacío territorial dejado por la guerrilla, entre ellos grupos paramilitares y multinacionales extractivas (de petróleo y oro sobre todo).
Otras razones ligadas a lo territorial son elementos como la presencia de grupos paramilitares que amenazaron a quienes votaran Sí, el hecho de que no fuera posible inscribir nuevos votantes ni cambiar el lugar de votación –muchas comunidades rurales que presuntamente hubieran votado sí no están inscritas ni pudieron ejercer el derecho al voto–, las inundaciones que hicieron intransitables muchas vías.
El debilitamiento del campo democrático y la cultura política colombiana.
Pero esta campaña y el apoyo al No en el plebiscito reflejan problemas de fondo que van a las raíces de la cultura política democrática. La historia colombiana se ha caracterizado por la polarización y la intransigencia política, así como por la falta de debate respetuoso entre opciones políticas e ideológicas diferentes. Así fue entre liberales y conservadores en los 40-50 y posteriormente, en el marco del conflicto armado entre las guerrillas de izquierda revolucionaria y el Estado, desde el Estado y las élites políticas y económicas contra comunistas, defensores de derechos humanos y otros sectores. Y este proceso de paz no ha dejado de ser también, para algunos como Luis Jorge Garay, una negociación entre élites; e igualmente las campañas por el plebiscitos giraron en torno a los partidos políticos y las élites, de los diferentes sectores, sin vincular a la sociedad civil de forma protagonista.
Pero más allá de eso, las posturas frente al plebiscito se relacionan también con dos proyectos de sociedad opuestos: uno de élites, excluyente, basado en el discurso del miedo y la defensa de la familia tradicional, y otro liberalizante de profundización de la democracia, incluyente y vinculado a la memoria histórica. Y esa es la misma lucha política que se lleva dando desde inicios del siglo XX.
La pelea también se da entre las propias élites, entre la burguesía terrateniente/ganadera –con Uribe a la cabeza– y la burguesía urbana liberalizante –representada por Santos y gran parte de las élites tradicionales– lo que está llevando a una redefinición de las alianzas. Ellos fueron los que se enfrentaron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014 y, previsiblemente, serán también quienes se enfrenten en las de 2018. En este sentido, se ha leído como una tercera vuelta de las presidenciales de 2014 y un acomodo de fuerzas respecto a las que siguen.
Proceso encerrado en sí mismo
Otra de las dificultades que se han identificado en el proceso es el alejamiento de los negociadores respecto a la sociedad. El hecho de que el proceso tuviera lugar en La Habana y que se mantuvieran en secreto muchas de las conversaciones hasta la publicación de lo ya acordado generó muchas desconfianzas respecto a actores en los que la sociedad ya de por sí no confiaba. De hecho, la falta de confianza generalizada es uno de los elementos clave que caracterizan la sociedad colombiana, resultado del largo conflicto armado. Las partes se concentraron más en negociar un acuerdo muy detallado que en hacerlo llegar a la sociedad, práctica conocida popularmente como santanderista –por el General Santander, responsable de la elaboración de los textos jurídicos fundantes del Estado colombiano tras su independencia–.
Las FARC-EP tardaron demasiado en comenzar a llevar a cabo acciones para mejorar una opinión pública generalizada, en cuyo imaginario han sido presentados como el origen de todos los males de Colombia. Los actos de perdón en Bojayá o La Chinita o el reconocimiento de que iban a entregar bienes apropiados de forma ilícita llegaron apenas en los últimos meses. Esto no fue suficiente para contrarrestar la imagen de enemigo de la sociedad, cimentada por décadas, especialmente con los Gobiernos de Álvaro Uribe, en que se polarizó la sociedad entre “terroristas” y “demócratas partidarios del Gobierno”, incluyendo los primeros no sólo a las guerrillas, sino también a defensores de derechos humanos, opositores políticos y todo aquél que fuera crítico con las acciones del Gobierno. Las FARC-EP necesitan urgentemente mejorar su imagen pública para poder ser aceptados por una sociedad que desconfía y no cree que la paz sea posible.
¿Qué puede pasar ahora? La frágil construcción de la paz en Colombia
El No en el plebiscito ha abierto un camino de total incertidumbre. Ni siquiera los partidarios del No parecían estar preparados para ganar; desde el domingo, Uribe y el Centro Democrático, autoerigido en vocero de todos los diversos sectores que defendieron el No, han hecho declaraciones contradictorias, sin ofrecer alternativas ni propuestas reales acordes al momento histórico que vive Colombia.
Al conocer los resultados, el Gobierno colombiano convocó a los diferentes sectores políticos para buscar conjuntamente una solución, al tiempo que declaró que el cese al fuego bilateral y definitivo seguía vigente. Las FARC-EP declararon que “mantiene su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro (...). La paz vencerá”, mostrándose dispuestos a buscar una solución y retornaron a su propuesta original de defender la necesidad de convocar una Asamblea nacional constituyente que permita garantizar la implementación de lo acordado.
Si bien inicialmente pareció posible encontrar una solución, según avanzan las horas ésta parece complicarse, pero cada vez es también más urgente lograrla. Y es que, pese a la aparente derrota, la mitad de quienes votaron –la abstención superó el 63% del censo, pero esto está dentro de los márgenes habituales de participación en procesos electorales en Colombia– dieron su apoyo decidido a los acuerdo, aceptando así la inclusión de las FARC-EP en la vida política y social como una alternativa política más, con derechos. Y esto es una gran victoria en una sociedad que hasta hace pocos años rechazaba todo lo que tuviera que ver con las FARC-EP.
La incapacidad de los sectores políticos para ponerse de acuerdo en unos aspectos mínimos que permitan salvar el acuerdo podría llevar de nuevo a la guerra entre las FARC-EP y el Gobierno, escenario que, hoy por hoy, no es deseado por nadie. Esa posibilidad ya la conocemos sobradamente: violencia contra las comunidades, violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. De igual forma, un postergamiento largo de esa solución política podría implicar también eso mismo riesgos, además de una grave inseguridad para los guerrilleros. Es necesario que todos, incluida la comunidad internacional que ha sido clave en este proceso, aporten soluciones para salir del agujero negro en el que está Colombia y caminar decididamente hacia la construcción de una paz estable y duradera.
En los próximos días se esperan movimientos políticos, pero también una gran movilización social, que llene las calles y haga resonar la esperanza y el deseo de paz. Y esperando que pronto el ELN pueda sumarse al escenario también como una fuerza política legal, rompiendo definitivamente la relación entre las armas y la política.
Colombia, y sobre todo las millones de víctimas que ha dejado la violencia, se merecen este acuerdo y poder ver, por fin, un país en paz.
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