Desde ayer y hasta el 9 de octubre, la sede del alto tribunal será un punto de encuentro, actividades y protesta ante las sentencias dictadas sobre las cláusulas abusivas.
Cientos de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) acampan, desde ayer a las 20h y durante todo el fin de semana, ante la sede del Tribunal Supremo en Madrid. El objetivo: desmontar los argumentos este tribunal que derriban el derecho a la vivienda.
En diciembre de 2015, en una sentencia sobre cláusulas abusivas en casos relacionados con las entidades BBVA y Banco Popular Español, el Tribunal Supremo afirmó que “las ejecuciones hipotecarias no se pueden suspender porque no son tan perjudiciales para los deudores”. En una sentencia anterior, de mayo de 2013, el alto tribunal admitió que “las cláusulas suelo son abusivas”, pero aun así apuntaba que “devolver todo el dinero a los afectados sería peligroso para el sistema financiero”.
“Primero los bancos y especuladores nos endeudaron por décadas para acceder a una vivienda. Después, cuando en 2008 su burbuja económica colapsó, provocaron desempleo masivo y degradación de las condiciones de vida. Desde entonces más de 600.000 ejecuciones hipotecarias, de dudosa legalidad, han expulsado por la fuerza 200.000 hogares, sin importar la presencia de niños, mayores o dependientes. Muertos civiles, con cadena perpetua por aspirar con su trabajo a tener techo, luz y agua”, denuncia la PAH en un comunicado.
Calendario de actividades
Durante los tres días de acampada frente al Tribunal Supremo, la PAH ha organizado actividades. Hoy, después de que distintas familias afectadas hayan dado testimonio de sus casos, tendrán lugar talleres sobre la querella a Bankia, mesas redondas sobre el derecho a la vivienda –con la periodista Olga Rodríguez–, y el estreno del documental Garganta profunda: testimonio de un banquero arrepentido.
Mañana, desde las 10h, seguirán los talleres sobre cláusulas abusivas, titularizaciones y obra social. También habrá un teatro para niños y talleres sobre empoderamiento a cargo de psicólogos y sobre las distintas iniciativas legislativas populares (ILP) que se han puesto en marcha en varias comunidades autónomas como Catalunya, bloqueada en junio de 2016 desde el Tribunal Constitucional.
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