Servicios públicos
Los lobbies que chupan de la sanidad madrileña

Un 61% de los contratos adjudicados por la Consejería de Sanidad en 2015 fueron a parar a empresas pertenecientes a algún lobby sanitario, como Farmaindustria, la Fundación Idis, la Sociedad Española de Directivos de la Salud o el club Gertech.

06/10/16 · 14:05
Manifestación en defensa de la Sanidad Pública/OlmoCalvo

Los lobbies sanitarios adquieren cada vez mayor peso en la sanidad pública madrileña. De hecho, el 61% de los contratos adjudicados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a empresas privadas fueron a parar, en el año 2015, a compañías pertenecientes a algún lobby, según denuncia el informe Contratación pública de la Consejería de Sanidad en 2015, presentado ayer por el Grupo de Trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad).

Según se desprende de este trabajo, que analiza los casi 491 millones de euros entregados a empresas a través de 1.295 contratos (de suministros, servicios, gestión de servicios públicos, obras y administrativos especiales), es la industria farmacéutica quien se lleva la mayor parte del pastel, un 48% de los contratos adjudicados. Roche, Novartis, Pfizer, Gilead Sciences, Jansen Cilag-Johnson & Johnson, Sanofi y GlaxoSmithKline son algunas de las grandes farmacéuticas que se embolsan una parte del dinero madrileño.

Mientras que el segundo grupo en volumen de contratos de la Consejería de Sanidad es el formado por empresas de tecnología médica, como Siemens, Medtronic Ibérica SA–Covidien Spain SA y General Electric Healthcare.

Las más afortunadas

El ranking de las cinco empresas más afortunadas en su trato con la Consejería de Sanidad madrileña en 2015 está formado por Gas Natural Servicios (36,2 millones de euros), Roche Farma (31,2), Novartis (28,1), Pfizer (22,3) y Gilead (21,3). Mientras que las cinco primeras teniendo en cuenta la cantidad de contratos firmados son Medtronic Ibérica SA-Covidien Spain SL (55), Janssen Cilag-Johnson & Johnson (34), Roche Farma SA-Roche Diagnostics SL (29), Braun Surgical-Braun Medical (24) y GE Healthcare España-GE Healthcare Bioscience (22).

Según muestra este informe, muchas de estas empresas pertenecen a alguno de los principales lobbies sanitarios que se hacen cada vez con una mayor parte del pastel sanitario madrileño. A los ya clásicos –Farmaindustria, la Fundación IDIS, Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), la Federación Española de Tecnología Sanitaria, el club Gertech y el Foro PPP– se unen este año en el informe de Audita Sanidad Asebio, Fuinsa y la Fundación ECO, además de la Alianza de la Sanidad Privada Española. Así, más de seis de cada diez euros del importe de las contrataciones de 2015 van a parar a empresas pertenecientes a alguno de estos lobbies.

Fuera de este informe quedan otras actividades desarrolladas por empresas privadas, a través de concesiones y otros tipos de contratos, que ya fueron analizadas en el informe El papel del sector privado en los presupuestos de la Consejería de Sanidad en 2015, presentado hace una semana. De él se desprendía que cerca de la mitad de los 7.292 millones de euros presupuestados para 2015 por la sanidad pública madrileña fueron a parar a manos privadas.

Desde Audita Sanidad indican que “la relación entre la pertenencia de las empresas a lobbies empresariales y el número e importe de las adjudicaciones logradas muestra la creciente influencia de un sector privado que, organizado en torno a determinados grupos de presión, disfruta del proceso de privatización de los servicios públicos y, en concreto, de la sanidad pública tanto en el ámbito de la Comunidad de Madrid como en el conjunto del Estado”.

Por ello, indican que aquellas partidas presupuestarias o contratos que estén orientados al beneficio de ciertos sectores económicos antes que al interés general de la ciudadanía en su conjunto deberán ser denunciados como configuradores de deuda ilegítima. “En esos casos, el no pago de la deuda se plantea como una opción viable”, añaden desde el grupo, que considera “urgente y necesario que se inicie un proceso sistemático de auditoría ciudadana de la Deuda en Sanidad para pormenorizarla, hacerla visible y, en su caso, no pagarla, transfiriendo la responsabilidad a los políticos implicados”.

 

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