Campaña de financiación colectiva
Objetivo: salvar el Edificio España

Ecologistas en Acción lanza una campaña de financiación colectiva para cubrir los gastos del procedimiento judicial por el que recurrieron la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid que rebajaba el nivel de protección del Edificio España.

26/09/16 · 15:37
Edificio España / Antonio Campoy

Salvar el Edificio España. Es el objetivo de la campaña lanzada hoy por la organización Ecologistas en Acción. Con ella, la organización busca poder sufragar con financiación colectiva el recurso judicial que interpusieron el pasado año para salvar este edificio, que se halla en el centro de un proceso especulativo que podría acabar en su demolición.

Ecologistas se opone concretamente a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid aprobada por el Ayuntamiento de la capital en julio de 2014, y definitivamente por la Comunidad de Madrid en enero de 2015, y que rebajaba el nivel de protección del edificio, lo que permitiría su demolición casi total (excepto la fachada principal y parte de las laterales) en el futuro.

El 30 de marzo de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite el recurso interpuesto por la organización contra esta modificación puntual. “Esta reducción del nivel de protección desdeña elementos arquitectónicos de igual valor a los protegidos, como la fachada trasera, la galería comercial de la planta baja o la estructura de hormigón. Esta estructura es de gran interés, por tratarse de uno de los escasísimos rascacielos construidos con hormigón armado en todo el mundo”, dice Ecologistas en Acción en el comunicado emitido hoy.

La campaña de financiación colectiva se mantendrá abierta durante tres meses, hasta el 26 de diciembre, y busca recaudar 4.423 euros para hacer frente a los costes del procedimiento judicial, que ascienden a 6.655 euros. Los otros 2.232 euros proceden del dinero sobrante de la campaña de financiación colectiva #PelotazoMahouCalderón.

“La modificación se aprobó en un momento en que se buscaba beneficiar al Banco Santander –propietario del edificio hasta 2014– y a Wanda”, el comprador del mismo, indica a Diagonal Mª Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción. “Cuando el fondo Santander Banif Inmobiliaria contacta con Wanda, posiblemente Wanda plantea que no le gusta el edificio y lo quiere demoler; entonces el Santander contacta con el Ayuntamiento y comienzan a tramitar una modificación del plan general para reducir el nivel de protección con el único objeto de facilitar la venta del edificio”, añade la portavoz.

Nieto añade que “se reduce su nivel de protección para permitir una operación inmobiliaria, y la pauta era la misma que con el complejo Canalejas”, una manzana anteriormente protegida que finalmente ha sido parcialmente demolida en el marco de una operación especulativa. “Creemos que con un Canalejas ya tenemos suficiente y no quisimos que en esta ocasión volviera a suceder”, añade.

Para la portavoz de la organización ecologista, esta campaña de recaudación “es una forma de que la ciudadanía se sienta partícipe de la lucha contra los pelotazos y la destrucción del patrimonio y contra las formas de hacer ciudad que corresponden a otra época”. En la actualidad, el proceso se encuentra algo estancado. Ecologistas en Acción presentó la demanda y los informes periciales, que no han sido recurridos por el nuevo Ayuntamiento. En cuanto a Wanda, en vez de recurrir o responder a la demanda, “hizo hace unos meses una maniobra un poco sucia para ralentizar el procedimiento, solicitando unos documentos que nosotros habíamos pedido anteriormente a la Comunidad de Madrid y que nos habían sido denegados ya por dos veces”.

Mientras tanto, en julio saltaba a los medios la noticia de que Wanda preparaba la venta del edificio al grupo empresarial murciano Baraka, una venta que se ultimaría tras el verano. Sin embargo, indica Nieto, lo único que se sabe de momento es que ni Wanda se ha retirado del proceso ni Baraka se ha personado en el procedimiento judicial. En cualquier caso, si todo va bien, debería haber sentencia a más tardar a finales de 2017.

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