El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado favorablemente del proyecto de construcción del almacén temporal individual (ATI) para la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, una infraestructura que, según advierten desde Ecologistas en Acción, “abre la puerta a la prolongación de la vida de la central más allá de los 40 años”. Tras el visto bueno del CSN, el próximo paso será el permiso del Ministerio de Medio Ambiente.

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El ATI de Almaraz servirá para que los propietarios de la central nuclear depositen los residuos radioactivos de alta actividad que la central genera a partir de 2018. Sin embargo, según señalan desde la organización ecologista, el permiso de explotación de los dos reactores de la central expiran en 2021 y 2022. De acuerdo con los cálculos de esta asociación, basados en datos del CSN, las piscinas de las dos unidades de Almaraz tienen capacidad para que la central funcione hasta enero de 2022 y enero de 2023, por lo que no es necesaria la construcción del ATI.

“La decisión de tener el ATI habilitado en esa fecha [2018] no es sino un empeño en facilitar la prolongación de la vida de la central más allá de los 40 años y el intento de llegar hasta los 60”, explican desde Ecologistas en Acción. “Éste es el caballo de batalla de la industria nuclear española, puesto que el verdadero negocio de las centrales nucleares para el sector eléctrico radica en mantener en funcionamiento las existentes el mayor tiempo posible”, continúan desde la asociación, desde donde explican que en el mercado eléctrico español, el kilovátio-hora de origen nuclear se paga el triple de lo que cuesta producirlo cuando la central ya está amortizada.

Las dos unidades de Almaraz producen para sus propietarios –Iberdrola, Unión Fenosa y Endesa– beneficios por un millón de euros cada día. esto “explica el empeño en mantener la central abierta contra viento y marea, incluso con deficientes condiciones de seguridad”.

La central de Almaraz ha contado varios incidentes en los últimos años. En febrero de este año, un informe elaborado por cinco técnicos de la central advertía de que no había “suficientes garantías” de que las bombas de agua de la instalación destinadas a evitar un accidente funcionen con normalidad y que hacía 19 años que se realizaban revisiones periódicas en la central.