Representantes de 77 organizaciones civiles han acudido hoy al Congreso de los Diputados para solicitar la comparecencia urgente del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Los colectivos exigen que el ministro explique lo sucedido el pasado 10 de septiembre en Ceuta, cuando un grupo de alrededor de cien personas entraron en territorio español saltando la valla y la Guardia Civil devolvió en caliente a 61 de estas personas, como mostraban varios vídeos publicados en medios de comunicación.

Estas organizaciones recuerdan que las devoluciones en caliente, aún con la entrada en vigor de la última reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana –que en una de sus disposiciones finales colaba la cobertura legal de esta práctica–, requieren que se respete “la normativa internacional de derechos humanos y protección internacional de la que España es parte”, como señala la propia Ley de Seguridad Ciudadana.

También señalan que la Defensora del Pueblo ha emitido varias recomendaciones al Ministerio de Interior en las que apunta la “necesidad de dictar una resolución administrativa, con asistencia letrada y de intérprete, e indicación de los recursos que se podrán interponer contra ella”, y que se debe dejar constancia escrita de ello, así como que se haya verificado que la persona es mayor de edad y no es víctima de trata de seres humanos.

El Consejo de Europa también ha rechazado en repetidas ocasiones la práctica de las devoluciones en caliente que realiza España, recomendando el cese en la entrega de personas inmigrantes a las fuerzas auxiliares marroquíes, dado los malos tratos que éstos infligen a las personas devueltas.

El comisario Dimitris Avramopoulos, en nombre de la Comisión y en respuesta escrita del 25 de noviembre de 2015 y 29 de enero de 2016, expuso que “el respeto del principio de ‘no devolución’ en el contexto de las operaciones de retorno inmediato, como las aplicadas en las fronteras exteriores de Ceuta y Melilla, puede garantizarse si quienes estén sujetos al retorno inmediato tienen la posibilidad, de hecho y de derecho, de presentar una posible petición de protección en un paso fronterizo de fácil acceso”. Posibilidad que, según afirman desde estos colectivos, es de “imposible cumplimiento con la aplicación de esta práctica”.

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite en los últimos meses tres demandas de particulares que han sufrido en primera persona estas prácticas por posibles vulneraciones de Derechos Fundamentales.