Tras una campaña relámpago que en pleno agosto consiguió recabar 18.000 euros en apenas cinco días, el colectivo Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ) ha presentado esta mañana su recurso para que el Tribunal Supremo decida si la Audiencia Nacional debe continuar investigando las prácticas de sobretasación de vivienda de Caja Madrid entre 2003 y 2009.

En julio, la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional decidió aceptar la petición de archivar la querella. El auto argumentaba la ausencia de un tipo penal que se ajustara a los expedientes enviados por la querella, 100 contratos hipotecarios en los que el TCJ detectó prácticas de sobretasación por parte de Caja Madrid. Es este auto el que ha motivado el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

De forma paradójica, según explica a Diagonal José Gamo, del TCJ, un segundo recurso contra la querella que fue aceptado el 1 de septiembre por la Audiencia Nacional podría provocar la reapertura del caso. “La Sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que es la que resuelve esos recursos, no está siendo coherente”, opina. Para Gamo, el hecho de que esta sección aceptara archivar la querella tal y como pedía el primer recurso –interpuesto por Ildefonso Sánchez Barcoj, uno de los 26 dirigentes de Caja Madrid incluidos en la querella- y en el segundo recurso –presentado por el expresidente de la entidad, Miguel Blesa- haya dejado la puerta abierta a reabrir la instrucción si se aportan nuevas pruebas supone un “caos procesal”.

No obstante, dado que la resolución del Supremo puede llevar meses, el TCJ va a aprovechar la oportunidad abierta por el auto de archivo parcial de la causa y va a seguir reuniendo expedientes. “El juez [José] de la Mata dijo al comenzar la instrucción que necesitaría miles de expedientes para poder peritar convenientemente la causa”, señala Gamo. El TCJ confía en seguir reuniendo expedientes de afectados mediante dos vías: con la colaboración de los grupos de vivienda y Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y mediante un formulario web que esperan presentar la semana que viene.

Con la fiscalía de la Audiencia ya en contra de esta instrucción y el criterio también contrario de los magistrados de la sección tercera de la Audiencia Nacional, Gamo no ve probable que de la Mata decida reabrir la instrucción antes de que se pronuncie el Supremo. “Es importante que la aportación de pruebas sea muy sólida, porque de la Mata no se va a arriesgar”, opina. Para ello, el colectivo está cooperando con los impulsores del otro gran frente judicial del 15M contra Bankia: la campaña 15mparato, que mantiene también en la Audiencia Nacional una de las acusaciones por el proceso de salida a bolsa de la entidad entonces presidida por Rodrigo Rato.

“Se trata de campañas que se ocupan de hechos sucesivos en el tiempo: primero la concesión de hipotecas sobretasadas en la época de la burbuja inmobiliaria, entre 2003 y 2009, y luego toda la operación de salida a Bolsa para captar dinero cuando Bankia estaba prácticamente quebrada”, señala Gamo, que señala que el trabajo de investigación “lo debería estar haciendo la fiscalía”.

El TCJ surgió en Madrid en mayo de 2012 durante las movilizaciones del primer aniversario del movimiento 15M. Muy relacionado con las comisiones de economía, auditoría ciudadana de la deuda y con el movimiento contra los desahucios, desde el principio el TCJ se dedicó a estudiar la documentación que iban aportando en las distintas asambleas los hogares hipotecados con amenaza de desahucio. Fruto de ese trabajo, en el año 2013 el colectivo presentó su querella en la Audiencia Nacional. Tres años después, en marzo de 2016, el magistrado José de la Mata admitió a trámite la querella.