¿Tendrá la Comunidad de Madrid un abono social de transporte para personas con bajos recursos? El jueves, 15 de septiembre, se debatirá en la Asamblea una proposición no de ley registrada el 1 de septiembre por la Plataforma Madrid en Transporte Público tendente a lograr este objetivo en los próximos meses. Por ello, tanto hoy como mañana han lanzado una campaña en redes sociales (#TodoMiApoyoAlAbonoSocial en Twitter) para lograr el mayor apoyo posible y generar la suficiente presión para que los representantes de los distintos partidos voten a favor.

De momento, la plataforma cuenta con el apoyo de Podemos y PSOE, pero necesitaría al menos la abstención de Ciudadanos para que su propuesta eche a andar, y ésta no está clara. “Llevábamos casi tres meses intentando negociar con todos los partidos, menos con el PP, que ni siquiera ha querido contestar a nuestros mails”, indica Francesco Cortese, de esta plataforma en defensa del transporte público.

Cortese explica que, después de todo el verano de negociaciones, “no estamos seguros de que Ciudadanos se vayan a abstener, porque no quieren oír hablar de nada gratuito y están poniendo muchas trabas a la aprobación, así es que hemos intentado llegar a un compromiso, al menos para que se abstengan”.

Así, el punto principal de la proposición no de ley es la creación de una mesa técnica formada por los partidos representados en la cámara y “abierta a las organizaciones sociales y colectivos afectados”, que deberá encargarse de establecer los criterios económicos y sociales para la creación de un abono social a precio reducido para las personas desempleadas o con escasos recursos (que ingresen menos del salario mínimo interprofesional), y del establecimiento de un abono gratuito para las personas en riesgo de exclusión y en situación de pobreza.

Sus primeras conclusiones deberían estar listas antes de dos meses para poder incluir, ya en los presupuestos de 2017, una partida destinada a la puesta en marcha de la primera fase, “un abono social gratuito o a precio reducido para el grupo de desempleados de larga duración”. En una fase posterior a lo largo del año, la mesa técnica debería establecer los criterios que incluyan al resto de desempleados y personas con bajos recursos.

Cortese reconoce que “la aprobación de la proposición no de ley no quiere decir nada si luego no se le da un contenido y una financiación, una partida presupuestaria”. También existe el peligro de que “se nos excluya y sea una mesa sólo política”. O que los criterios económicos establecidos por la mesa para dar derecho al abono social sean demasiado restrictivos. Pero su primera batalla será la aprobación de la proposición para, posteriormente, presionar para dotarla de contenido.

Desde la Plataforma rechazan un “falso abono social” al estilo del establecido en noviembre de 2015 y con una duración de sólo seis meses por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, del que sólo se beneficiaron unos cientos de los 330.000 parados de larga duración de la región. Además, denuncian que a lo largo de los últimos tres años de campaña a favor de un verdadero abono social, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid se ha negado reiteradamente a proporcionarles cualquier tipo de dato relacionado con el transporte público y sus costes, una labor que esperan pueda desempeñar la mesa técnica, de ser aprobada en el pleno de mañana.