Al menos 17,7 millones de euros certificados irregularmente en obras realizadas por cargo de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed). Es la cifra que se desprende del plan de control interno de las obras de la empresa pública, a cuyos resultados ha tenido acceso Diagonal. Este monto se suma a los 18,3 millones con indicios de fraude que ya contempla el sumario del caso que instruye el juez Eloy Velasco.

El plan de control de la empresa ha sido realizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) por encargo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) con la colaboración de del holding público Tragsa. La veracidad del documento, llegado a este periódico a través de la plataforma de filtraciones anónimas Fíltrala –en la que también participan La Marea, eldiario.es y Mongolia–, ha sido confirmada por el Ministerio.

La cifra descubierta por el CICCP corresponde a obras que se encuentran fuera del sumario del caso Acuamed, en el marco de la Operación Frontino, proceso que ya había destapado que la empresa pública dependiente del Magrama aceptó comisiones millonarias de constructoras a cambio de adjudicaciones infladas entre los años 2007 y 2014. El caso de corrupción salpicó al comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, y supuso el encarcelamiento del exdirector general de la sociedad estatal española, Arcadio Mateo del Puerto, y de la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco Pfeiffer, junto a otras 11 personas más relacionadas con el ente.

También fueron detenidos directivos de varias constructoras españolas, entre ellos Miguel Jurado, presidente de FCC Construcción; Justo Vicente Pelegrini, director general del área de Construcción de Acciona Infraestructuras, y Nicolás Steegmann, presidente y consejero delegado de Altyum.

El plan de control interno se puso en marcha tras el requerimiento en febrero de la Oficina Antifraude Europea (OLAF, por sus siglas en inglés) al Gobierno, un mes después de saltar a la luz la operación Frontino, que investiga el fraude millonario fruto de sobornos y licitaciones irregulares en las obras gestionadas por Acuamed, trabajos que cuentan con financiación comunitaria. La OLAF solicitó entonces la “descripción de las medidas de las autoridades nacionales destinadas a proteger los fondos europeos otorgados a Acuamed”.

Asimismo, la Comisión Europea pedía el 18 de abril al Gobierno español, “dado el elevado riesgo de que esta investigación sobre los citados proyectos como sobre otros gestionados por Acuamed, que se proceda con urgencia a la identificación de los mismos, de los contratos, de los gastos con riesgo y que se proceda a un control exhaustivo”.

En el período 2007-2013, Acuamed recibió ayudas europeas por valor de 530 millones de euros, de los cuales se habían cobrado 453,2 millones hasta julio del presente año.

Salvar financiación europea

El plan de control encargado por el Ministerio no sólo respondía al requerimiento de las autoridades europeas, sino también a “salvar financiación [de la desaladora de] Torrevieja como gran proyecto”, tal como se expone en el documento enviado a Fíltrala. En la actualidad, de los 54,9 millones de euros en ayudas asignadas a la planta, se han percibido 34,7, quedando pendientes 20,3, según ha confirmado Agricultura a Diagonal.

El Ministerio quería, además, que el control de certificaciones de gastos emitidos a la Unión Europea finalizase en julio, con el fin de tenerlo terminado antes de que la OLAF terminase su propia investigación –que seguía el destino de los fondos europeos que sirvieron para cofinanciar 15 de los contratos adjudicados por la empresa pública– y coincidiendo con el fin del plazo de certificación del período 2007-13.

Desde la cartera que dirige Isabel García Tejerina, en declaraciones realizadas a Diagonal, se reconoce que “el estudio ha puesto de manifiesto que en algunas partidas existen discrepancias entre lo certificado y la realidad”, con irregularidades y posibles fraudes como “materiales distintos a los previstos, conducciones no coincidentes al 100%, etc”.

Fondos retirados

La certificación de las irregularidades en los gastos suponen que la Unión Europea retirará ayudas a proyectos de Acuamed por valor de 18,64 millones de euros, según destaca el informe del CICCP. Sin embargo, desde el ministerio matizan que “España no perderá ayudas europeas, pues las cantidades retiradas se reasignarán a otros proyectos del Estado o de otras Administraciones Públicas”. Esto es así debido a que el Estado español es el que ha tomado la iniciativa en la retirada de esos fondos, acción tomada sólo después de conocerse el fraude del caso Acuamed. En caso contrario, no podrían ser redistribuidos.

La cifra de 18,64 millones de euros certificados irregularmente se desprende de la aplicar al 100% los resultados de la muestra escogida por el CICCP para realizar la auditoría de las certificaciones de gasto remitidas a la Comisión Europea. El Colegio de Ingenieros escogió una muestra de 13 obras entre las que se encuentran las desaladoras de Oropesa del Mar y Moncofar (Castelló), Campo de Dalias (Almería) o Sagunto (Valencia); la modernización de las infraestructuras hidráulicas de regadíos de la Vega Alta (Murcia); el refuerzo del sistema de abastecimiento del área metropolitana de Valencia y Camp de Morvedre (Valencia), o la reparación y automatización del Canal del Turia (Valencia). El análisis del 75% de los gastos certificados en 13 obras deja claro que 17,7 millones de euros han sido certificados irregularmente, lo que supone el 6,2% del total. Si ese porcentaje se aplica al 100% de las cantidades invertidas en las 13 obras, la cifra certificada de forma fraudulenta ascendería a 23,3 millones de euros.

Malas prácticas

El ministerio matiza que las “discrepancias” en la certificación del gasto “podrían deberse simplemente a malas prácticas administrativas como la incorrecta tramitación de modificados”. Entre la tipología de las irregularidades registradas el informe interno destaca “mediciones menores y características diferentes”que las certificadas”.
 

La Administración no ha querido realizar ningún control sobre las obras de Acuamed mencionadas en el auto “para no interferir en la investigación judicial en curso”, tal como exponen desde el ministerio, y ha procedido a retirar las certificaciones “sobre las que existen indicios de presunto fraude” a partir de los análisis del texto del auto y de la documentación sumarial.

A pesar de las extensión del caso –por el que Arias Cañete tuvo que explicarse en la Eurocámara debido a su vinculación a la trama, además de al escándalo de los Papeles de Panamá–, de la encarcelación de 13 personas y la realización de una veintena de registros en empresas adjudicatarias y oficinas de la empresa pública, el ministerio apunta que las irregularidades que destapa el informe “no presuponen prejuzgar la legalidad o no de las actuaciones realizadas por Acuamed”.