Texto de Eva G. Tanco

“Se acabó la guerra pero no se acabó la lucha, no se acabó la resistencia”, decía ayer Marcos Calarcá, uno de los delegados de las FARC en las negociaciones con el Gobierno. Se lo decía a los indígenas y afrodescendientes que se reunieron en La María (Cauca, Colombia) para discutir con la Mesa de Conversaciones de La Habana la articulación entre derechos étnicos y acuerdos de paz. No se acabó la lucha, pero tampoco se acabó el riesgo. El conflicto armado con otros grupos –guerrilleros, herederos de los paramilitares, etcétera– no desaparece, tampoco el conflicto social.

El joven del vídeo, Leonard Rentería, se ha convertido en el último líder abanderado del 'sí' en el pleibiscito con que la sociedad colombiana deberá refrendar el acuerdo entre el Gobierno y las FARC. Su intervención respetuosa y contundente en la que discute a Álvaro Uribe la posición de las víctimas ha iluminado como una mecha las redes sociales en Colombia. Su frase “los hijos de los ricos no van a la guerra” está ya poblando carteles por el voto al 'sí'. Pero su voz no está sonando en un tiempo de paz, sino en medio de una turbulencia que se empaña con la brecha entre las posturas del 'no' y el 'sí' al acuerdo. De modo que este joven de Buenaventura, que ya fue víctima de la violencia en esta castigadísima costa pacífica, ha sido amenazado de muerte apenas un día después de su contestación al senador Uribe.

Así lo recordó la líder indígena Aida Quilcué ante los delegados de la mesa de La Habana. “Hoy está amenazado. Que no le vaya a pasar lo que me pasó a mí, que por decir la verdad nos están matando”, dijo, en referencia al asesinato de su esposo, aún sin reconocer como víctima tras ocho años.

“Sabemos que en la paz puede verse también un riesgo, que está basado en la reaparición del paramilitarismo. Y lo estamos viendo en el territorio”, dijo, mostrando los panfletos que se airean en el Cauca contra indígenas, líderes afros o campesinos, trabajadores de organizaciones sociales, profesores o comunicadores. Amenazas a distintas organizaciones del suroccidente que ya se han materializado. Los seis últimos asesinados –indígenas awá de Nariño y líderes sociales del Cauca– se han producido después de los acuerdos de paz. La última, Cecilia Coicué, era la dueña de una de las tierras donde se va a instalar un Punto Transitorio de Normalización, de concentración de guerrilleros en un paso previo a la reinserción.

Esta paz no es sino el cese de uno de los conflictos, que requiere de medidas de seguridad especiales para que la marca de la sospecha no se convierta en una ejecución masiva, algo en lo que Colombia tiene una macabra experiencia.