Acuerdo de Paz en Colombia
Las razones de las FARC

Desentrañamos los detalles, peligros y esperanzas del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC.

, excorresponsal de TVE en Colombia y autor del libro ‘Colombia feroz’
08/09/16 · 8:00
El acuerdo supone el reconocimiento de que en Colombia no había condiciones iguales para la lucha política. / Delegación UE Cuba

No es el sometimiento de las FARC ni la imposible revolución por negociación. El presidente Juan Manuel Santos ha repetido continuamente que no negociaba con la guerrilla ni el sistema político ni el modelo económico ni la doctrina militar. Pero el acuerdo le da la razón a las FARC al reconocer el Estado que lo acordado es para “transitar a un escenario en el que impere la democracia con garantías plenas para quienes participen en política”.

Tenían razón las FARC al justificar la insurgencia como el único camino que les quedaba frente a un sistema político, económico y militar, patrocinado por EE UU, que, mediante el terrorismo de Estado, impedía a la izquierda ejercer su derecho a la oposición. Y también tenían razón al insistir, desde su fundación hace 50 años, en que para acabar con la guerra querían negociar una democracia en la que la respuesta a la oposición no sea el asesinato.

El acuerdo para la paz

1. Las FARC entregan su armamento a la ONU, que lo convertirá en chatarra para construir tres monumentos conmemorativos: en la sede de la ONU en Nueva York, en Cuba (escenario de las negociaciones) y en Colombia.

2. El Estado se compromete a garantizar la seguridad en la participación política de los insurgentes desmovilizados para “transitar a un escenario en el que impere la democracia”.

3. Una “reforma rural integral”, para la que el Gobierno no ha aceptado la denominación de reforma agraria, que no resuelve la desigualdad provocada por una tremenda concentración en la propiedad de la tierra –origen histórico del conflicto–, que resulta contradictoria con el Plan Nacional de Desarrollo y está amenazada por los proyectos de inversión internacional en la minería para la tercera parte del territorio nacional.

4. Una “justicia especial para la paz” que anuncia la más amplia amnistía posible y que debería imponer condenas de entre 15 y 20 años de prisión a cualquiera de los implicados que no confiese sus crímenes de guerra y sus delitos de genocidio y contra la humanidad. Los agentes del Estado tendrán “un tratamiento penal especial, diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo”. La amnistía no se aplicará a “los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores, en conformidad con lo establecido por el Estatuto de Roma”.

5. Una nueva política contra el narcotráfico, que en realidad depende más de la dimensión internacional del negocio y que se complica en su repercusión interna por el matrimonio de los narcos con los paramilitares.

6. Los colombianos decidirán el 2 de octubre en un plebiscito si aceptan el resultado de las negociaciones. La debilidad de la democracia colombiana queda en evidencia con las condiciones para el resultado: será suficiente que el ‘sí’ gane al ‘no’ con sólo un 13% del censo electoral. La campaña del ‘no’ está encabezada por el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, que acusa a su sucesor, Juan Manuel Santos, de entregar Colombia a las FARC. Un disparate que no ha reducido su popularidad.

La vigilancia sobre el cumplimiento de lo acordado depende de la ONU y de la CELAC.

El acuerdo firmado es un tejido cuidadosamente elaborado que contiene una gran cantidad de compromisos, condiciones y procedimientos pero que, en lo fundamental, establece lo que debería ser determinante: la negociación no ha sido para cambiar el sistema colombiano (en lo político, lo económico y lo militar), sino para garantizar que quien lo quiera cambiar podrá ejercer su derecho a la confrontación electoral sin padecer el terrorismo de Estado. Y el acuerdo no lo asume un gobierno, sino precisamente el Estado, para que otro presidente no pueda cancelarlo. El Acuerdo Final se incorpora a la Constitución “como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez para las normas y las leyes en su implementación y desarrollo”.

La amenaza paramilitar

El acuerdo incluye una promesa de tan extensa redacción como dudoso cumplimiento: “El Gobierno garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral las acciones contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra los defensores de los derechos humanos, los movimientos sociales y las organizaciones políticas, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

Había paramilitares antes de la fundación de las FARC y los habrá después de que la guerrilla entregue sus armas a la ONU. No es cierto que los paras fueron la respuesta a la actuación de las FARC. La insurgencia se organiza en 1966, cuatro años después de que el presidente Kennedy enviara una misión militar para aplicar en Colombia, mediante un protocolo secreto muy bien recibido por el Gobierno y el Ejército, su política contrainsurgente, que recomendaba utilizar a los paramilitares para la eliminación del enemigo interno según la Doctrina de la Seguridad Nacional en la Guerra Fría. Siempre vinculados con las Fuerzas Armadas, los paramilitares fueron patrocinados por los terratenientes y los ganaderos y reclutados por el narcotráfico.

Abogados de los narcoparamilitares han reconocido que el sector más rancio de la cúpula militar les está pidiendo que se mantengan en capacidad de actuar para asesinar a los comandantes desmovilizados de las FARC. Lo confirma Enrique Santiago, dirigente de Izquierda Unida y asesor jurídico de las FARC: “Un sector de los militares conspira con los paras contra el acuerdo de paz. Sin el compromiso de EE UU en el desmantelamiento de estos grupos criminales, será imposible acabar con ellos y conseguir las necesarias garantías de seguridad”.

Tags relacionados: Colombia FARC Juan Manuel Santos
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