Urbanismo en Madrid
Taller de artillería, de “joya inmobiliaria” a recurso de la Fiscalía

La Fiscalía paraliza el desarrollo del taller de artillería de la calle Raimundo Fernández Villaverde de Madrid. La catalogación del edificio es la base que toma la fiscalía para detener el proyecto, con el que se pretende sustituir un edificio neomudéjar por una cooperativa de viviendas.

22/07/16 · 12:22
Plano del siglo XIX del proyecto de los talleres de artillería.

El Ayuntamiento de Madrid no derribará, de momento, la antigua sede del Taller de Precisión y Centro Electrónico de Artillería (TPA). La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha abierto una investigación que determinará si existe infracción penal en su demolición por tratarse de un bien catalogado.

El edificio, levantado en 1898, es una construcción de estilo neomudéjar que alberga en su interior un jardín centenario y que ha gozado de protección desde que fue incluido en el Precatálogo de 1977 y después en el Plan Especial de la Villa de Madrid de 1980. En el Plan General de Ordenación Urbana de 1997, vigente hasta la fecha, figura en el Catálogo de Elementos Protegidos, aunque no se detalla su nivel de protección, pues era necesario concretarlo en el Plan Parcial que se aprobó en el pleno extraordinario del pasado 27 de noviembre.

El documento no se pronuncia sobre los elementos que podrían estar sujetos a catalogación, algo que según la Asociación Madrid Ciudad y Patrimonio “se obvió sistemáticamente”. Este documento fue aprobado por parte de algunos concejales de Ahora Madrid, y los grupos municipales del PP y Ciudadanos. Los concejales de Ahora Madrid Rommy Arce, Pablo Carmona, Montserrat Galcerán, Yolanda Rodríguez Carlos Sánchez Mato y Mauricio Valiente votaron en contra, igual que el PSOE.

El riesgo que corría cualquier inversión ante la protección del edificio y la obligación de ceder un 30% de la superficie al Ayuntamiento de Madrid había paralizado cualquier operación urbanística en esta parcela que tiene una superficie de 14.569 metros cuadrados y una edificabilidad con destino residencial que alcanza los 54.225 metros cuadrados. Sin embargo, con la modificación de la Ley del Suelo promovida en diciembre de 2013 por el PP durante el gobierno de Ignacio González se permitió suplir esta cesión de parcela para zonas verdes y equipamientos por dinero. Tras esta apertura a la monetización, el Ministerio de Defensa, institución propietaria, puso en venta esta parcela –junto a otras–.

El Plan Parcial aprobado en pleno no contempla la protección

El solar salió a subasta pública por 90,2 millones de euros en septiembre de 2014 y aunque era considerado una “joya inmobiliaria”, el grupo Ibosa –el primero que manifestó pública su interés en la compra– se retiró de la subasta por el riesgo que esta operación entrañaba para los inversores. Basaban su decisión en que las condiciones “no garantizaban la viabilidad del proyecto”, ya que los pliegos, según manifestó el grupo, “no dan respuesta a cuestiones de relevancia que aseguren la viabilidad del proyecto, como la edificabilidad final de la parcela, sujeta a la tramitación de un planteamiento de desarrollo para hacerla efectiva”.

La parcela fue adquirida, finalmente, por Domo Gestora, que la compró por 111,5 millones de euros. Esta misma entidad se hizo también con las parcelas subastadas por Metro en la calle Cavanilles, con la parcela subastada por la Tesorería de la Seguridad Social en la calle Bretón de los Herreros y con los terrenos de la antigua Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, en la calle Guatemala.

Fue la misma empresa quien presentó el Plan Parcial al gobierno de Ana Botella, que lo aprobó el 29 de abril de 2015, un mes antes de las elecciones municipales y que fue confirmado el pasado 27 de noviembre, modificando el número de plazas de aparcamiento, que descendía en 400. El documento preveía la construcción de 355 viviendas en urbanización cerrada con altura de ocho plantas, piscina y zonas verdes. 3.300 euros el metro cuadrado. Ante las alegaciones ciudadanas al plan y las críticas de la oposición en pleno, el concejal delegado de Urbanismo, José Manuel Calvo, se escudó durante la sesión en la urgencia por dar solución a la situación de los cooperativistas que habían invertido en las viviendas proyectadas y en la “herencia envenenada” que supone el edificio.

También planteaba Calvo la redacción de un convenio que incorporase a última hora las reivindicaciones de colectivos sociales como Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, Ecologistas en Acción, Corazón Verde de Chamberí, El Organillo de Chamberí, Parque Sí en Chamberí y la Plataforma Salvemos el TPA. Sin embargo, este convenio siempre se planteó como un elemento posterior a la aprobación de este Plan Parcial que permitía la operación inmobiliaria y, en definitiva, daba luz verde a la demolición, con el visto bueno de la Comisión de Protección del Patrimonio. Sin salvar el edificio y sin reclamar suelo que sirviese al Ayuntamiento de Madrid para construir

Estos colectivos solicitan desde hace un año que se suspenda la licencia de demolición y que se catalogue, por fin, el edificio como bien de interés cultural. Desde el área de urbanismo alegaron que el proyecto estuvo sometido a la Comisión Local de Patrimonio Histórico, el órgano competetente en materia de protección, y que no consideró volver a catalogar el edificio.

Pero no es el del TPA el primer proyecto urbanístico que, en el último año, se ha desarrollado en la estela de las políticas del PP. La aprobación el pleno del pasado septiembre de conversión de suelo industrial a urbanizable en los estudios Buñuel (avda. Burgos, 5) permite a Pryconsa la construcción de viviendas en el solar, que fue propiedad de RTVE hasta 2014. La promotora pagó 35,2 millones de euros al contado en una operación que no se sometió a subasta ni concurso público.

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