Un lugar común en la ciencia política moderna dice que los actores en un sistema político democrático –léase los partidos– suelen preferir la estabilidad. Incluso si separamos la paja –las declaraciones a golpe de canutazo pensadas para los telediarios– y el grano, el sistema español actual contradice esa hipótesis. Sin la épica de los grandes enfrentamientos y con todo tipo de subterfugios para evitar que se estropee el juguete, la bronca institucional es más bien la norma.

El grano: siete meses sin Gobierno (y contando), posible prórroga de presupuestos en 2017 –algo que sucede de hecho ya en Catalunya, como veremos auténtico cogollo-por-abajo de todo este asunto; el cogollo-por-arriba sería la UE–, cerca de un centenar de recursos en el Constitucional entre el Gobierno central y las autonomías/Catalunya –con leyes sociales y ecológicas paradas, como la prohibición del fracking y diversas normas por el derecho a la vivienda–, esbozos de rebeldía de algunos ayuntamientos a las leyes austeritarias.

Este cóctel tiene efectos raros, como convertir al Ministerio de Interior en campeón de la desobediencia y a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) en un partido a favor de la libertad de movimiento. El anuncio de cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zona Franca en Barcelona tuvo esa potencia.

En la primera de las dos ocasiones en las que los técnicos municipales del Gobierno de Barcelona en Comú (BeC) acudieron a las puertas de esta cárcel para personas sin tarjeta de residencia, uno de los agentes de la Policía Nacional española resumió perfectamente la situación: "Para cualquier cosa de entrar, se necesita hablar con Madrid", tal y como recogió La Directa en un vídeo.

Según Albert Noguera, profesor de derecho, el Constitucional ha aumentado su función de regulador económico

El ministerio, a través de la Delegación del Gobierno, había comunicado la misma tarde del anuncio de Barcelona en Comú que reabriría el CIE, que llevaba ocho meses cerrado por obras.

A dos semanas de la orden, la "desobediencia incivil" (en palabras del concejal Jaume Asens) del ministro Jorge Fernández Díaz no sólo había reabierto efectivamente el centro, sino que volvía a ingresar en él a nuevos internos.

En respuesta, Asens y el equipo municipal convirtieron su gesto en defensa de los derechos humanos en una cuestión de soberanía, por vulnerar una declaración del Parlament –con apoyo de todos los partidos del Procés– y el acuerdo del pleno del Ajuntament.

Merce Duch, del colectivo Tanquem els CIE, destaca otro aspecto más positivo del gesto de BeC: "Ha tenido un efecto dominó muy interesante. Ahora los movimientos sociales pueden hacer mucha presión a su vez sobre los ayuntamientos". A la declaración de Barcelona le siguieron los posicionamientos del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Valencia pidiendo el cierre de los centros existentes en sus propias ciudades, así como el apoyo más genérico del equipo de Carmena en Madrid.

La espada y la pared

Nada desde la muerte del interno Idrissa Diallo en 2012 en el CIE de Zona Franca había sacado de la invisibilidad de esta manera a estos centros. Pero sobre este balance queda un regusto amargo: "Es muy perversa la utilización de personas en una pura guerra institucional por parte del ministerio", se lamenta Duch, en referencia al perfil claramente seleccionado del primer interno ingresado por Fernández Díaz: un hombre con supuestos antecedentes de violencia de género.

El CIE se visibiliza, pero al final de la partida los partidarios de las políticas de gestión de fronteras tienen un argumento de autoridad más: se puede encerrar a una persona al margen del Código Penal porque la condición de extranjero es un agravante.

En el mismo terreno resbaladizo se mueven los logros conseguidos por el movimiento catalán por el derecho a la vivienda y contra los cortes de suministros.

La campaña exitosa de la PAH y de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) consiguió que el Parlament catalán aprobara una ley, la 24/2015, que estiraba al máximo las competencias autonómicas en materia de vivienda y derecho de los consumidores.

Con la varita mágica del recurso al Constitucional, el Gobierno de Mariano Rajoy no sólo ha conseguido la suspensión cautelar de los artículos clave de la normativa, sino borrar bajo la apariencia del conflicto de competencias el mandato europeo que ya ha enviado al cementerio de elefantes las leyes antidesahucios de Andalucía, País Vasco y Navarra.

Albert Noguera Fernández, profesor de Derecho Constitucional y afín a las CUP, apunta al carácter estructuralmente pro-mercado que ha ido tomando el alto tribunal. "La función económica se ha fortalecido claramente en los últimos años", señala, en detrimento de la función de garantía de derechos.

Por función económica, Noguera se refiere a un retorcimiento de los principios de seguridad jurídica que fundamentaron los tribunales constitucionales tras la II Guerra Mundial: en este caso, el TC, opina, "está lanzando un mensaje a los capitales internacionales: tranquilos que todas las condiciones para que ustedes puedan invertir aquí están garantizadas".

Pero las victorias de los movimientos sociales, como la Ley 24/2015, tienen, en el funcionamiento del TC, otro punto de desgaste: lo que Noguera llama "función política" del alto tribunal.

Que no ha sido otra que mandar sistemáticamente al cuarto de pensar todas las leyes emitidas por el Parlamento catalán tras el 9N. Así, la ley antidesahucios queda incluida en el mismo pack que otras leyes de signo claramente procesista, como las famosas leyes de desconexión o las tasas –a los cajeros y a la industria nu­clear–, que deberían haber aportado 800 millones al plan de choque social con el que CDC-ERC quisieron convencer a las CUP para su apoyo a los presupuestos.

Las telarañas de tebeo

"Abrieron la caja para que la viéramos y allí no había nada. Sólo la telaraña aquella de los tebeos de Bruguera. En el fondo la Generalitat es ahora mismo una ficción de administración", confiaba al periodista Guillem Martínez el excandidato de las CUP Antonio Baños. El actual miembro del secretariado de la Asamblea Nacional Catalana se refería a las reuniones entre Junts pel Sí y los anticapitalistas para negociar la investidura de Artur Mas.

Algunos ayuntamientos ven la regla de gasto como el eslabón más débil del corsé austeritario

Lo que nos lleva al último jalón de esta historieta de conflicto institucional: la desobediencia a las normas presupuestarias con las que el Gobierno central hace de recadero de la Unión Europea.

Desde su aprobación en 2012, tan sólo los Ayuntamientos han cumplido con las imposiciones de la denominada Ley Montoro, y algunos empiezan a ver uno de los capítulos introducidos en la normativa –la regla de gasto– como el eslabón más débil del corsé austeritario.

En palabras del alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve (Zaragoza en Común), este programa se resume en "que le den a la regla de gasto".

Esta norma –que en 2015 incumplió la propia Administración del Estado dependiente del Gobierno de Rajoy– impide usar el superávit para aumentar inversiones o gasto social y lo destina en su lugar al pago adelantado de la deuda. En Madrid, uno de cada tres euros de presupuesto van destinados al pago de la deuda.

Esta partida no está incluida en el cálculo de la regla de gasto, pero sigue suponiendo una tara para las corporaciones locales que van presentando más ingresos que gastos.

"Para 2016 hemos aprobado en torno a 200 millones de euros para inversiones financieramente sostenibles", explica Eduardo Garzón, asesor económico del Gobierno municipal de Manuela Carmena en Madrid. "Como había un superávit de 585 millones, el resto hemos tenido que destinarlo al pago de deuda de forma anticipada, porque nos obliga la ley".

La calculadora infernal de Montoro funciona pese a la situación financiera más favorable: en 2015, los ayuntamientos pagaron un 44% menos que en 2014 por intereses de la deuda.