Barcelona en Comú ha tenido conflictos con el fenómeno de la venta ambulante desde el inicio de su mandato. Los movimientos sociales que apoyan a los manteros dicen sentirse cada vez menos representados por el equipo de Ada Colau y la Guardia Urbana se siente desprotegida durante las operaciones policiales. Además, los partidos de derechas y un centenar de entidades de comerciantes critican que las medidas contra el top manta son insuficientes y las acusan provocan un “efecto llamada”.

En agosto de 2015 falleció en Salou el mantero senegalés Mor Sylla al precipitarse por un balcón durante un registro policial en su casa. El suceso originó una manifestación en la que sus compañeros pedían explicaciones sobre las circunstancias de la muerte y en la que hubo 12 detenidos. Su hermano denunció un fallo policial y presentó un recurso que la Audiencia de Tarragona desestimó al considerar que no había indicios que incriminasen a los Mossos d'Esquadra.

El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes asegura que a partir de ese verano aumentó “la persecución, la represión y la vigilancia policial” y considera que la actitud del Ayuntamiento ha cambiado durante su mandato, pues ha pasado de ser cercana a ellos a dar “carta blanca” a la policía. El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, explica que la visión del gobierno se mantiene intacta: “huir del paradigma criminalizador y policial con el que se aborda la venta ambulante y defender que las personas que venden en la calle son vecinos y vecinas a quienes se les han de reconocer derechos básicos”.

Admite, sin embargo, que han aumentado las intervenciones policiales puesto que hace un año la venta irregular era relativamente limitada pero en los últimos meses se ha producido un gran crecimiento debido, entre otras cosas, por la presión del turismo. Esto ha dado lugar a una ocupación intensiva del espacio público, que teme que pueda suponer un aumento del racismo social. “Tenemos que intentar descomprimir el espacio público para evitar que los grandes comerciantes y los partidos conservadores arrastren a los pequeños comerciantes a una coalición populista de derechas contra los manteros,” explica. “También aumenta los conflictos entre los vendedores y los artesanos que hay, por ejemplo, en la zona del puerto".

Los manteros dicen no haber recibido respuesta a sus propuestas para legalizar su actividad

Para evitar esta ocupación, el Ayuntamiento ha iniciado a mediados de julio un “plan de saturación” en la Barceloneta, que consiste en la instalación de un skate park en el paseo de Joan de Borbó y en una fuerte presencia policial para evitar que se instale el mercadillo. Además, se ha impulsado la campaña “Tú y yo compartimos Barcelona”, que incentiva mediante banderolas publicitarias a no comprar a vendedores sin licencia. El Sindicato considera que la campaña, que está principalmente dirigida a los turistas, criminaliza a los manteros y fomenta el racismo.

Tras varias actuaciones policiales que han derivado en enfrentamientos, el cuerpo de policía ha recriminado al Ayuntamiento su falta de apoyo. Uno de los casos que más debate ha suscitado es el del concejal de la CUP en Barcelona Josep Garganté, en abril de este año. Un policía grabó al edil mientras presuntamente coaccionaba a un médico para intentar atribuir las lesiones de un mantero a la Guardia Urbana, después de que se realizase un dispositivo para dispersar a los vendedores de La Rambla. El médico se negó y denunció al concejal, que alega que sólo intentaba que el herido pudiera dar su declaración sin que hubiese ningún guardia presente. Los colectivos de la policía pidieron al gobierno un comunicado de apoyo que no se emitió. Unos días después, la alcaldesa defendió la actuación de la Guardia Urbana en una rueda de prensa.

Un mes después se produjo otro incidente que supuso el encarcelamiento del vendedor Sidil Moctar, acusado de agredir a un guardia, que permanece en prisión preventiva. El Gobierno considera esta medida excesivamente rigurosa. “Se realiza para evitar que el detenido pueda cometer un delito grave o cuando hay peligro de fuga y en este caso no ocurre”, opina Pisarello. Desde el sindicato aseguran que el vídeo que utilizaron para detener a Moctar está cortado y que en la parte faltante los policías le agreden primero. Desde su detención se han realizado manifestaciones pacíficas en las que se pide su libertad.

Los manteros afirman sufrir un fuerte acoso policial que no se limita al requisamiento de material. El pasado mayo, el portavoz del Sindicato Pape Diop denunció haber sido agredido por la Guardia Urbana. Áurea Martín, miembro de Tras la Manta, una red de apoyo a los vendedores ambulantes, dice que Diop había notado que le realizaban seguimiento desde hacía tres semanas. “Nos lo hacen a activistas españoles y es muy difícil de demostrar, así que imagínate cuando estás en inferioridad porque cualquier problema con la justicia puede suponer que te deporten o que sea más difícil conseguir o renovar los papeles”.

Pisarello defiende que es necesario evitar cualquier tipo de intervención desproporcionada y que para ello se ha reformulado lo relacionado con asuntos internos de la Guardia Urbana, que ahora depende directamente del Comisionado de Seguridad. “Es un espacio abierto a todas las denuncias que puedan plantearse por maltrato. Es importante que sean lo más claras posibles y con pruebas adecuadas para que pueda realizarse una investigación”.

El sindicato, que asegura querer “generar tablas de negociación para buscar soluciones a medio y largo plazo”, ha realizado una serie de propuestas para legalizar su actividad. Plantea la creación de un espacio físico donde poder vender de forma legal dentro de un horario, pagar un permiso de venta y sustituir los productos que generan polémica, principalmente las imitaciones, por otros que no molesten a los comerciantes.

Los manteros dicen no haber recibido respuesta a sus propuestas y opinan que muchas de las promesas que hace el Ayuntamiento no se trasladan a la realidad. Se sienten desilusionados con el “gobierno del cambio”. Pisarello expone que las medidas de carácter social y de regularización no avanzan con la rapidez que querrían, pero que sí consideran la búsqueda de espacios propios para la venta. “Estamos estudiando cómo han sido los procesos en otras ciudades como Vancouver o Nueva York y creemos que puede ser una de las respuestas.” Sin embargo, piensa que no resuelve el problema de fondo.

El teniente de alcalde ve como posible solución al top manta los planes de ocupación de doce meses, que permitirían la regulación de los vendedores. Por el momento se ha puesto en marcha un programa piloto en colaboración con Mercabarna en el que once hombres y mujeres que anteriormente se dedicaban a la venta ambulante están realizando un curso para aprender el oficio de pescadero. “Avanzamos simultáneamente en otros ámbitos para intentar facilitar el empadronamiento y garantizar que cualquier persona que viva en Barcelona independientemente de su origen tenga derecho a ayudas en materia de vivienda o acceso a la sanidad".

El sindicato critica que las medidas que impulsa el Gobierno proponen “soluciones mágicas sin contar con los principales afectados de la venta ambulante, que no son los comerciantes ni la policía, sino los propios vendedores”. Considera que la base para que se produzcan unas negociaciones efectivas es escuchar su posición y lamenta que, según su opinión, la presión de la policía y de la derecha política esté dificultando el diálogo entre los manteros y el equipo de Colau.