Experiencia de las Juntas de Acción Comunal en Colombia
“Cuando la organización social es fuerte, hay muchos interesados en debilitarla”

La vida en el campo en Colombia está muy ligada a las diferentes figuras de protección del territorio y auto organización, desde las que día a día se hace frente a la violencia y al extractivismo y se clama por la paz con justicia social. Escuchamos la voz de dos de sus protagonistas.

18/07/16 · 10:53
Campesino en el nordeste / Miguel Sangüesa

Pt.1/ Los que murieron por cargar un poco más de comida.

“Se prohíbe el paso de 2 vehículos por el puente. Fabor pasar despacio. No rebuelva alcohol con gasolina ni ecseda la belocidad. Multa 500.000. J.A.C.”

El cartel, pintado a mano con pintura amarilla sobre una oxidada chapa de aluminio, saluda a todo aquel que quiera entrar en la pequeña población situada a la vera de uno de tantos ríos que se entrecruzan sobre la superficie de Colombia. Ciertamente, la frágil construcción no parece lo suficientemente sólida como para que la atraviesen al mismo tiempo dos de los robustos todoterrenos que suelen circular por las trochas, los caminos de tierra sin asfaltar que comunican los pequeños pueblos campesinos del país.

Al otro lado, escondidas entre la densa vegetación tropical, se adivinan las primeras casas de madera a uno y otro lado de la polvorienta calle principal, haciendo inevitable que la mente del foráneo se vaya a uno de esos poblados vistos una y mil veces en viejos westerns. Deslizándose sobre la desastrosa ortografía, los ojos del recién llegado se detienen en las tres letras que firman la advertencia. La pregunta que se forma en su cabeza sorprendería a cualquiera de los habitantes del lugar, acostumbrados a conocer, y respetar, esas siglas. ¿Quién es ese tal J.A.C. y por qué puede emitir sanciones de casi 400 euros al cambio, más de la mitad de un salario mínimo en el país?

Las Juntas desempeñan una labor fundamental como el eje vertebrador de la vida comunitaria

Las Juntas de Acción Comunal (J.A.C.) nacen en Colombia a finales de los años 50, tras la época conocida como “la violencia” –en la que campesinos liberales y conservadores se masacraron entre sí–, como figuras de cooperación entre la administración central y las devastadas comunidades rurales. Su misión era la de ayudar a vertebrar un pretendido estado moderno, capaz de garantizar seguridad y servicios fundamentales a sus habitantes, y regularlo a través de la participación comunal; quizá en un último intento de evitar que los desposeídos trabajadores de la tierra cayeran en la tentación revolucionaria que se extendía por toda América Latina y se alzaran en armas, como efectivamente sucedió pocos años después.

Hoy, tras más de medio siglo de conflicto armado, y con un gobierno incapaz de proveer a buena parte de sus ciudadanos de las infraestructuras básicas para su desarrollo social y económico, las Juntas desempeñan una labor fundamental como el eje vertebrador de la vida comunitaria. Lejos de su pretendido papel inicial de control y vigilancia de los recursos y servicios públicos, constituyen toda una experiencia de autoorganización en medio del semiabandono estatal.

Johan Alzate se define orgullosamente a sí mismo como un “campesino que trabaja en la minería” de familia rural, trabajadores del campo. A sus poco más de 30 años, ocupa la presidencia de la Junta de Carrizal, una vereda –población más pequeña que un municipio, sin alcaldía– del nordeste de Antioquia. Con un marcado acento de la región, arrastrando las palabras entre los dientes, desgrana sus reflexiones sobre la organización comunal. “Hay comunidades muy aisladas unas de otras, no digamos de las ciudades. Mediante la Junta, se busca que todo el mundo salga beneficiado y que se nos cumplan nuestros derechos. Si no, la educación no llegaría al campo, ni la salud. Si queremos un camino, tenemos que construirlo nosotros, los campesinos. Si queremos una escuela, pues igual.” Sobre la financiación de todos estos proyectos, Johan asegura que es muy difícil contar con dinero público aunque, en teoría, todas las alcaldías municipales disponen de un presupuesto para el desarrollo comunitario. “No, parce, acá nadie suelta un peso si no hay elecciones. Para la carretera fuimos a bravear con el alcalde –de Segovia, el municipio más cercano– y no nos dio nada, al final uno se cansa. La plata la sacamos de las aportaciones que cada uno hizo, según tenga más o menos, también hicimos eventos, rifas, y al final, entre todos, logramos asfaltar la pista”. Una vez al mes, también hay una jornada de trabajo comunitario, “en beneficio de todos. Así, por ejemplo, construimos el puente, que es un trabajo bien bravo, se necesitaron hartos hombres”. También se realizan otro tipo de trabajos, como capacitaciones. Si alguien tiene formación en medicina o enfermería, por ejemplo, puede ofrecer talleres a sus vecinos para actuar en caso de emergencia.

Si alguien tiene formación en medicina o enfermería, por ejemplo, puede ofrecer talleres a sus vecinos para actuar en caso de emergencia

El derecho a la salud es precisamente uno de los temas que más preocupan a Johan. “Acá tenemos el centro de salud que construyó la comunidad, pero médico no hay. Si acaso, alguien que sepa un poco, que pueda ayudar con los primeros auxilios. Si a alguien le pasa algo, tiene que irse hasta Segovia, a dos horas en coche por pista de tierra, eso si no ha llovido, y esperar que allí le atiendan. El verano pasado murió un vecino de acá por una infección, porque cuando llegó la ciudad estaba en fiestas y los médicos estaban tomados”. Desde el gobierno mandan dos veces al año las llamadas brigadas aéreas, con campañas de vacunación o salud dental, dotación claramente insuficiente para un pueblo de más de 400 habitantes.

Las Juntas de Acción Comunal se organizan en comités temáticos, ya sea por gremios –minería, agricultura, ganadería– o grupos de trabajo –salud, género, derechos humanos, juventud, cultura–. Cada cuatro años se elige una junta directiva, que trabaja de forma voluntaria. La pertenencia a la Junta, sin ser obligatoria, es muy alta. “Acá la motivación es trabajar por el vecino. Todos cuidamos del otro, casi como una familia. Así visto, es hasta bonito”.
 

En el nordeste antioqueño abundan este tipo de poblaciones, de aspecto casi provisional, surgidas al calor de la explotación de una veta de oro cercana, hallada siguiendo el saber tradicional. Para el gobierno, se trata una actividad ilegal. Johan defiende el término minería artesanal. “Yo cuando quiero comprar un martillo, cuando quiero arreglar un motor, también pago impuestos. A mí no me quieren dar una licencia porque ellos sólo buscan la gran inversión, el megaproyecto, que es mucho más perjudicial para el medio ambiente. Ellos cogen una supermáquina y revientan la montaña por dentro, a ver qué encuentran. Nos dicen que las grandes empresas traerán trabajo, pero no es cierto. Ellos traen sus propios operarios, porque capacitar a alguien para usar sus máquinas cuesta tres, cuatro años. El nuestro es un trabajo cultural, mi abuelo, mi padre, ya trabajaban sacando oro. No es una forma de enriquecerse, si no de subsistir. El campesino saca oro, y a la vez trabaja en la finca, tiene su plátano sembrado, o su yuca. Eso no lo puedes hacer si trabajas en la megaminería. Se acaba con la cultura campesina. Desde la Junta también intentamos explicar todo esto a la comunidad”.

Además de los proyectos extractivos y la falta de apoyo económico, para Johan la violencia constituye otra gran amenaza para la región

Además de los proyectos extractivos y la falta de apoyo económico, para Johan la violencia constituye otra gran amenaza para la región. En los últimos meses han aumentado los asesinatos de líderes sociales y las intimidaciones por parte de grupos armados ilegales, pero el inicio de esta situación se remonta a los años 90 y al boom de la coca, que, cuenta, “llegó a valer más que el oro. Esta zona llegó a ser muy cocalera, cuando yo era bien joven. La gente dejó incluso de trabajar en la minería. ¿Esto qué generó? La violencia. Entraron los paramilitares, decían que a combatir a la guerrilla, pero lo que hacían era exportar cocaína al exterior. Los narcos se habían metido hasta en el gobierno, y nos los mandaron aquí para controlar la producción. Hubo también muchos desplazados, vea, si querían la finca de uno le decían: o nos la vende usted o se la compramos a su viuda”. Recuerda episodios especialmente violentos cuando, tras firmar el acuerdo bilateral conocido como el Plan Colombia con Estados Unidos –consistente en ayuda militar y económica a cambio de controlar la producción de coca–, los grupos armados se organizaron para asesinar a los cultivadores de la hoja y erradicar los cultivos, con la connivencia del estado. “Se elaboraron censos de quién tenía plantado, dijeron que para dar ayudas para la sustitución. Si uno tenía una hectárea, le daban plata para arrancarla y sustituirla por Pancoger, agricultura de subsistencia. Todo era pura carreta, pero la gente les creyó, y corrió a apuntarse en esas listas. Al final lo que pasaba era que los paramilitares montaban retenes en las vías, y si usted estaba en las listas, usted se moría. El gobierno niega que les ayudase, pero ¿cómo conseguían si no esas listas? Tenían que tener resultados. A mí me tocó presenciar una muerte, en un carro bajaron a un señor y prácticamente allí mismo le dieron un tiro en la cabeza.”

Según el minero, ésta no ha sido la única forma de complicidad entre el estado y las ejecuciones extrajudiciales. “También en este tiempo montaron el bloqueo económico, que yo más bien llamo bloqueo alimentario. Para llevar comida al campo, uno tenía que pasar por el batallón y que el mando le firmase una lista, con lo que se suponía que uno necesitaba para su familia. Todo lo demás decían que era para la guerrilla. Pues lo que hacían era que, cien metros después, se ponía un retén de los paras, y, si encontraban algo más, a uno le mataban. Mataron mucha gente. Puedo recordar nombres. Alderley… Arturo Patas, que era un arriero… también un cuchito que trabajaba en la finca de mi papá, no recuerdo cómo se llamaba… Fueron muchos los que murieron por cargar un poco más de comida de la que decía un papel”.

Así, en un territorio marcado por la desconfianza hacia el Estado, y que ha vivido en su seno toda crudeza del conflicto armado, no de extrañar que surjan diferentes figuras de autoprotección y resistencia no violenta. Además de su papel liderando la Junta de Carrizal, Johan se ha destacado durante años por su papel en el comité de derechos humanos, desde el cual colabora activamente con la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), punta de lanza en la reivindicación de la zona de reserva campesina del mismo nombre. “Es una forma de proteger el territorio, es la manera que tiene el campesino para que se le reconozca su terreno. Lo que se intenta es formalizar la propiedad, para que no pueda venir la multinacional a decir que esa tierra no es de nadie. La Asociación también ha trabajado mucho por la comunidad, nos da mucho más apoyo que el propio gobierno”.

PT.2/Bases para una paz duradera.

La ACVC cumple este año su 20 aniversario al frente de la reivindicación de la creación, implementación y desarrollo de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. Durante todo este tiempo ha sufrido la persecución, encarcelación e incluso asesinato de sus líderes y participantes y a su vez ha celebrado la consecución del Premio Nacional de Paz en 2010, concedido por el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, contradicción que manifiesta la complicada relación del gobierno con esta figura de protección territorial, reflejo a su vez de la complicada relación del país con sus propios campesinos. Las zonas de reserva campesina (ZRC) se fundamentan en la propia legislación colombiana, conseguidas en 1994 tras años de movilización de los sectores rurales, cansados de un reparto inequitativo y un uso ineficiente de la tierra.

La ACVC cumple 20 años al frente de la reivindicación de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra

Franco Henán es el coordinador del equipo técnico de la Asociación. Natural del Huila, municipio cafetero del sur del país, empezó a trabajar en la asociación por compromiso político, tras estudiar ingeniería ambiental en la Universidad de Bucaramanga. “Aquí uno no viene a ganar plata, sino a colaborar en el proceso de defensa del territorio y la soberanía alimentaria.” Doctorado por la Universidad de Brescia en Italia, está acostumbrado a explicar la función de esta figura a personas europeas que desconocen en gran medida la realidad del campo en Colombia. Según cuenta, existen grandes zonas que, a pesar de estar habitadas, figuran como territorios baldíos para el estado, en los que teóricamente no se puede vivir ni cultivar. A causa del conflicto armado, político y social, hay campesinos que llegan a estos territorios huyendo de la violencia, los llamados colonos. “Se trata de que si yo soy colono, y llegué ahí hace treinta años porque fui desplazado por los paramilitares, a través de la ZRC pueda formalizar mi espacio y también desarrollar mi finca, mi economía campesina. Así, se da la estabilidad para que no tenga que colonizar más y se respete el territorio virgen”.


En la actualidad, son 6 las zonas de reserva campesina legalmente constituidas, aunque hay muchas más las que llaman “de hecho”; en las que, a pesar de contar con todos los requerimientos previstos en las leyes, el gobierno colombiano no formaliza el estatus del suelo.

Uno de estos requerimientos, es contar con un plan de desarrollo sostenible propio. “Son las comunidades quienes lo construyen. En nuestro caso, a través de la ACVC, se hace un diagnóstico de los problemas de la región y se elaboran proyectos para resolverlos. Por ejemplo, si en una vereda la Junta nos dice que no hay escuela ni maestro, se estudia cuánto costaría y de ahí se le exige al gobierno departamental la cantidad necesaria; por ley es quien debe cumplir con la financiación del plan. Ahora todo el mundo se lava las manos, nos dicen que están trabajando en ello, pero la realidad es que debe haber una política clara de inversión social que no se lleva a cabo”.

Otra de las ventajas que para Franco supone la constitución de la zona, es la limitación de la concentración de la tierra, uno de los grandes problemas históricos del país. “Se formaliza el terreno en lo que llamamos unidades agrícolas familiares, que dependen de la calidad del terreno. Se calcula en base a lo que necesita una familia para vivir en un año. Cada colono o familia tiene un número determinado de hectáreas; por ejemplo, acá en Yondó [uno de los municipios del Valle del Cimitarra] se ha establecido 2 unidades por familia, que sería 140 hectáreas. Eso es una cantidad de tierra normal, para desarrollar la propia economía con cultivos, frutales, ganado. Estaría muy lejos de lo que son los latifundios ganaderos, en los que se desaprovecha la vocación agrícola de la tierra. Por supuesto, esto genera problemas con los grandes terratenientes, que ven a la ZRC como una amenaza para sus intereses”.

"Esto genera problemas con los grandes terratenientes, que ven a la ZRC como una amenaza para sus intereses”

No es la única confrontación abierta de los campesinos. “La expansión petrolera, aunque ahora está en remisión por la crisis, también es un peligro para los campesinos. Ahí hay un problema, y es que la reserva campesina no blinda el subsuelo. Ahí el trabajo que estamos haciendo es buscar una figura de protección que se compatible para salvaguardar los cursos de agua o las zonas de selva virgen”. Nos cuenta que están trabajando en una zona llamada “la línea amarilla”, una extensión selvática de más de 80.000 hectáreas que lleva más de veinte años protegida por las propias comunidades colindantes, impidiendo la colonización y la deforestación. Para demarcar los límites del territorio a proteger, pintaron un cerco con pintura de ese color en los árboles, de ahí su nombre. “Ahora el gobierno quiere dar concesiones para minas de oro a cielo abierto, con el coste medioambiental que eso supondría. Entonces, lo que estamos intentando es conseguir que se declare esta franja como Parque Nacional Natural, que es la única manera de protegerla de las multinacionales minero-energéticas”. Para ello, la ACVC, junto con varias universidades del país, llevó a cabo hace poco más de un año un estudio sobre la biodiversidad, en la que encontraron numerosas especies vegetales y animales, algunas en peligro de extinción, como el jaguar o el oso de anteojos.

La asociación entiende que para poder preservar esta tierra es necesario ofrecer alternativas económicas a los habitantes que podrían beneficiarse de su explotación. “Estamos haciendo una labor transversal, por un lado con los acuerdos comunitarios de preservación y conservación de la fauna, la flora, la biodiversidad, el agua; y a la vez fortaleciendo la economía de los campesinos y campesinas. Tenemos proyectos paneleros, cooperativas de maíz, arroz, de queso y carne de búfalo… Estamos también creando una red de distribución y venta del producto, para eliminar la intermediación que tanto le quita al campesinado. Estamos uniendo las fichas, el enlace entre lo productivo, lo medioambiental, la seguridad alimentaria, la tierra. También con el tema minero, estamos empezando a trabajar con pequeñas minas artesanales de manejo comunitario. Además se ha incrementado el tema de la red eléctrica rural, los acueductos veredales. Todo esto lo hemos hecho con las uñas, como dicen acá, por la falta de recursos. Casi toda la plata ha tenido que venir de la cooperación internacional”.

Franco se muestra ilusionado con los proyectos de la ACVC, pero recuerda que el trabajo no ha sido, ni es, un camino fácil. “La asociación nace en el año 96, principalmente, para reclamar el derecho a la vida del campesinado. Son años muy duros por acá, con toda la arremetida paramilitar, los desplazamientos, los asesinatos, las amenazas. Surgimos al calor de la movilización ante la erradicación forzosa de los cultivos de uso ilícito –la hoja de coca–, que era el único sustento de muchas familias.

A partir de ahí viene todo el trabajo en medio de la estigmatización y la represión del gobierno. Cuando la organización social es fuerte, hay muchos interesados en debilitarla. En el 2002 Uribe Vélez ganó las elecciones, impulsado por toda la propuesta política de los latifundistas, los ganaderos y el paramilitarismo. Enseguida suspendió la ZRC del Cimitarra, que acabábamos de poner en marcha, de manera totalmente inconstitucional, bajo la excusa de que era una zona creada para proteger a la guerrilla. Fue una época terrible, además de la persecución a los líderes sociales, dio luz verde a todo tipo de proyectos de expansión latifundista y petrolera. Con la llegada al poder de Santos, hubo, por lo menos formalmente, un cambio de actitud y se consiguió reanudar la figura”.

De cara al futuro, están explorando nuevos campos de actuación: “Ahora que hay una época de relativa calma, comenzamos a trabajar en temas importantes como la agroecología, la mejora de las técnicas de cultivo basándonos en saberes tradicionales y el respeto al territorio. Estamos involucrados en la llamada Red Agroecológica Nacional, y empezamos a establecer relaciones con otros movimientos a nivel global, caso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC/Vía Campesina”. Para Franco, todo este esfuerzo está muy ligado a la nueva Colombia que se va a construir una vez finalicen los diálogos de la Habana con las FARC y avancen las conversaciones en Ecuador con el ELN. “El conflicto colombiano parte de problemas estructurales de falta de acceso de una parte de la población a la salud, a la educación, al alimento, al territorio, a la infraestructura, a la vida digna. Entonces, si hay una figura que busca que se garanticen todos estos derechos, que se estabilice la economía campesina, se estarán generando las bases para una paz duradera”.
 

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