El Estado español rebasó en 10.000 millones de euros el objetivo pactado para el año pasado
La Comisión Europea inicia el procedimiento para multar a España por el déficit

Los comisarios concluyen que el Gobierno no ha tomado medidas eficaces para reducir el déficit y proponen aplicar sanciones por el desvío de 2015.

07/07/16 · 15:50
De Guindos, Sáenz de Santamaría y Montoro, en una rueda de prensa tras uno de los consejos de ministros en los que acordaron recortes. Julio de 2012.

Pasaron las elecciones: las británicas (referendum del Brexit) y las segundas elecciones generales españolas en 6 meses. Llega, por tanto, el tiempo de la verdad para la difícil cuestión pospuesta por las autoridades europeas para después de ambas citas: si la Comisión Europea solicitará que la UE multe al Estado español y a Portugal por incumplir el Pacto de Estabilidad europeo, ese que obligaba a cerrar el déficit de 2015 en un 4,2% del PIB, y que España rebasó en casi un punto (unos 10.000 millones de euros).

La respuesta hoy es que sí: los comisarios, reunidos desde el martes, han decidido activar las sanciones previstas en el procedimiento por déficit excesivo. Así lo han anunciado, tras dos días de filtraciones, el vicepresidente de la Comisión Europea responsable del Euro, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, en una rueda de prensa en Bruselas para ofrecer los detalles del dictamen. Las multas previstas, del 0,2% del PIB, pueden suponer por lo tanto el pago de 2.000 millones de euros por parte del próximo Gobierno español y la congelación del acceso a los fondos europeos de ayuda en el año 2017.

Según adelantó el diario El País, el documento votado por los comisarios considera que "España no ha tomado medidas eficaces para seguir las recomendaciones del Consejo Europeo" y va aún más lejos : "No es probable que en 2016 España logre corregir de forma oportuna y duradera el déficit excesivo". Tras años de recortes -supuestamente para proteger la solvencia de la economía española de ataques especulativos-, iniciados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en mayo de 2010, el Gobierno de Rajoy comenzó a relajar levemente la política fiscal en 2014 para lanzarse en año electoral por las vías de recorte de impuestos y de cotizaciones sociales para los empresarios. El resultado, sumado al gasto de las autonomías -que asumen las patas centrales del Estado del bienestar como Sanidad o Educación- da esos 10.000 millones de desvío en el déficit.

Estos días han visto también una acelerada campaña del ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha tenido que acudir a Estrasburgo para entrevistarse con Dombrovskis y Moscovici. De Guindos ha echado mano de argumentos incontestables sobre la dificultad del momento actual en Europa, con el reciente sí al Brexit, las dudas sobre la solvencia de la banca italiana o la turbulencia social en Francia por la reforma laboral de Manuel Valls. En respuesta, Dombrovskis y Moscovici han hablado de hacer un “uso inteligente” del Pacto de Estabilidad.

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Lo que signifique esto para un Pacto cuyo pecado original fue su incumplimiento por parte de Alemania en el año 2003 (y por algo más que España: un 1,2% del PIB) es dificil de precisar. La credibilidad de la gran coalición liderada por Merkel para imponer una aplicación efectiva de las sanciones, algo para lo que lleva presionando activamente desde mayo, está fuertemente mermada. En todo caso, la posibilidad de no implementar las multas a cambio de aplicar los sustanciosos recortes en los próximos Presupuestos Generales del Estado está ahí. Especialmente si, como dice la Comisión, en 2016 se vuelve a incumplir el objetivo de déficit.

La Comisión no es competente para ejecutar estas recomendaciones. Tras el dictamen dado a conocer hoy, la presidencia de turno de la Unión Europea (en manos de Eslovaquia) tendrá que incluir -o no- el asunto en el orden del día de la próxima reunión de ministros de Economía y Finanzas de los 28. Si el Ecofin aprueba el informe de la Comisión, el Gobierno español en funciones tendrá 10 días para presentar alegaciones. Con esto sobre la mesa, la Comisión deberá preparar un nuevo dictamen el 27 de julio, y a partir de septiembre la pelota volverá a estar en el tejado de un Ecofin con muchas patatas calientes que pasar de mano en mano. El culebrón, probablemente con un nuevo Gobierno de Rajoy ya en el cargo, tiene todos los visos de continuar.

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