El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) está retirando la tarjeta sanitaria a personas con permiso de residencia, según denuncia el colectivo Yo Sí Sanidad Universal. El colectivo subraya que, esta institución, incluso está avisando a Extranjería para que revoque permisos de residencia.

“A mucha gente le están diciendo que, si obtuvieron el permiso de residencia después de abril de 2012, no pueden entrar en este cajón de sastre [las excepciones a la exclusión sanitaria del decreto 16/2012] porque tenían que haber tenido un seguro privado para acceder a ese permiso de residencia”, explica Marta Pérez, de Yo Sí Sanidad Universal, quien señala que, aunque los juzgados están apuntando que el INSS no tiene competencias para negar la tarjeta sanitaria cuando hay permiso de residencia, esta institución continúa haciéndolo. “El último giro kafkiano es que el INSS está avisando a Extranjería para que revoque los permisos de residencia. No solamente están aplicando una normativa interna a un derecho como el de la salud, sino que están llevándola también a extranjería”, continúa Pérez.

Cuando entró el vigor el Real Decreto-ley 16/2012,en septiembre de 2012, se calcula que 873.000 personas perdieron su tarjeta sanitaria en todo el Estado. Otras tantas dejaron de poder solicitarla. Aunque, según explica Pérez, las excepciones recogidas en la norma permitía el acceso a la sanidad a toda los sectores de población, creando figuras para que todo el mundo pueda ser atendido, desde Yo Sí Sanidad Universal afirman que tienen constancia de que el Servicio Madrileño de Salud está haciendo llamadas a los centros advirtiendo de que se está atendiendo a demasiada gente y que hay que requerir la tarjeta sanitaria.

Un poco de historia

“Desde sus inicios a finales de la década de los 80 y hasta abril de 2012, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha recorrido un camino que le ha ido separando del Sistema de Seguridad Social (SSS)”, explica un informe de Yo Sí Sanidad Universal. La Ley General de Sanidad de 1986 ligaba el acceso a la sanidad pública a la residencia en vez de al trabajo. El proceso se completó en 1999 con la eliminación del SNS a partir de las cotizaciones de los trabajadores. Sin embargo, algunos grupos de población siguieron dependiendo del INSS, donde debían entregar el padrón municipal y documentación sobre sus ingresos: las personas “sin recursos económicos suficientes” --según la nomenclatura de la Administración-- y las personas sin papeles --a partir de la Ley de Extranjería aprobada el año 2000--. A nivel municipal y regional, surgieron distintas normativas para dar acceso a la tarjeta sanitaria, que generalmente quedaba ligada al empadronamiento. “Sin embargo, aunque el INSS siempre ha tenido un rol en lo que se refiere a asistencia sanitaria, antes de abril de 2012 éste era menor, pues los servicios de salud regionales eran considerablemente autónomos para emitir tarjetas sanitarias a las personas que vivían en sus territorios”, señala el colectivo.

Desde Yo Sí Sanidad Universal explican que, con el decreto de exclusión sanitaria, y el posterior Real Decreto 1192/2012, sobre instrucción interna del INSS, se pasó de un sistema de salud que tendía a ser universal a un sistema de aseguramiento individual en el que entraban factores como situación administrativa, laboral, residencia o familiar.

En 2012, el INSS pasó a centralizar la emisión de tarjetas sanitarias por parte de los servicios de salud de las comunidades autónomas a través de una base de datos llamada BADAS. En ésta se cruza la información personal de los sistemas regionales de salud con los datos de Hacienda y Tesorería de la Seguridad Social “para determinar si tenemos derecho a tarjeta sanitaria, a qué tipo y si la tarjeta permanece o no activa”. El colectivo explica que han tenido noticia de muchas personas a las que ya les ha llegado una carta en sub domicilio avisando de que sus tarjetas sanitarias habían sido desactivadas.

Yo Sí explica que el INSS deja sin tarjeta sanitaria a las personas sin permiso de residencia, ya sean adultas, menores, embarazadas o víctimas de trata. “Estos grupos de población pueden tener acceso diferencial al sistema sanitario en virtud de las excepciones que establece la ley”. En el caso de las personas adultas sin permiso de residencia, por urgencias y hasta el alta médica. Las embarazadas durante el embarazo, parto y posparto. Los menores “en las mismas condiciones que los españoles”. Sin embargo, según explica el informe de Yo Sí, “estas excepciones se incumplen sistemáticamente, en parte porque estas personas no pueden obtener en el INSS los documentos necesarios para tener una tarjeta sanitaria que les identifique como ‘con derecho’ a recibir atención”.

Los emigrados, también excluidos

Sólo en 2015, Marea Granate cifra en al menos medio millón las personas que emigraron del Estado español sólo en 2015, cinco veces más a las cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística.

Leer más: La emigración en 2015 fue cinco veces superior a la que cuantifica el INE

Este grupo de población es otro de los que ha quedado excluido, a partir de 2014 --con la Disposición Adicional 65 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de ese año-- del acceso a la tarjeta sanitaria, según denuncian desde Marea Granate y desde Yo Sí Sanidad Universal. La disposición deja sin cobertura normalizada a las personas que salgan del país por más de 90 días si no están cotizando en España ni han conseguido un trabajo desde el que cotiza a la Seguridad Social en su país de residencia.

“La exclusión y segregación sanitarias de estas personas se ha ido conociendo sobre el terreno”,señalan desde Yo Sí Sanidad Universal. “Ha sido a partir de esas experiencias como hemos podido sistematizar y explicar una exclusión que se invisibiliza desde el Gobierno que aprobó el decreto de exclusión”.

Cuatro historias de exclusión sanitaria

Hoy, decenas de activistas de Yo Sí Sanidad Universal han acudido a las oficinas del INSS ha entregar el informe sobre exclusión sanitaria. También han hablado con los trabajadores, relatando varios casos de personas que han quedado sin acceso a la tarjeta.

Silvia, cubana de nacimiento, lleva trabajando en España desde hace 15 años como médico. Hace un año se trajo a su padre, José, al que dieron permiso de residencia pero el INSS negó la tarjeta sanitaria. Como es de edad avanzada, los seguros privados se niegan a darle cobertura sanitaria. A José le acaban de descubrir un cáncer en estado avanzado, y no va a poder acceder a cuidados paliativos.

Musta llegó a España con 8 años de edad. Le dieron el alta en el sistema sanitario como menor extranjero, pero al cumplir los 18 años desapareció de la base de datos. A pesar de ser residente legal y llevar más de 10 años en España, el INSS le ha negado la tarjeta sanitaria.

Laura tiene 27 años y tiene diabetes. Estudió una carrera y, al no encontrar trabajo, decidió irse a Alemania. Solicitó la tarjeta sanitaria europea, pero al no estar trabajando, el INSS se la negó. En su lugar le dieron un certificado que en Alemania no aceptan como válido.

Tomasso es italiano y vive en España desde hace dos años. Cuando se quedó en el paro perdió la tarjeta sanitaria.

Marina, de 32 años, lleva un mes viviendo en España y está embarazada de siete meses. Le niegan el derecho a la tarjeta sanitaria y, con ello, no está cumpliendo el calendario de ecografías y analíticas.