¿Estarías dispuesto a trabajar por un salario inferior a la prestación por desempleo? ¿Y por el salario mínimo interprofesional? Éstas son algunas de las preguntas que los orientadores de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid hacen a los demandantes para realizar el ‘informe técnico-diagnóstico de empleabilidad’. Según las respuestas que den a un total de 16 preguntas sobre sus expectativas laborales –cuanto mayores sean, menos puntos– y su actitud durante la entrevista, y a otras seis más relacionadas con sus aptitudes –estudios, perfil laboral–, se suman y restan puntos. A partir de la suma final, la orientación al demandante de empleo serán cursos formativos, acudir a empresas de colocación privadas o sesiones de búsqueda de empleo.

El cuestionario figura como anexo de un documento titulado Instrucciones técnicas de orientación para el empleo, al que ha tenido acceso Diagonal a través de la plataforma Fíltrala, en la que también participan eldiario.es y La Marea. El documento está fechado el 23 de junio y firmado por la entonces directora general de Empleo de la Comunidad de Madrid, Lourdes Martínez Marcos.

“Es una manera de meter presión al desempleado, que se ve obligado a bajar sus expectativas en cuanto a trabajo y salario”, señala Juan Carlos Quintana, de UGT, quien confirma a Diagonal que este protocolo sigue aplicándose desde hace un año en la Comunidad de Madrid. “Se hace un corte a la gente que aún no ha trabajado, se puntúa más a los que están dispuestos a trabajar por menos de dos veces el salario mínimo interprofesional, a los que estén dispuestos a cobrar menos que antes. Es una chapuza enorme que se ha hecho al margen de los que se dedican a orientar”. Desde este sindicato afirman que no tienen constancia de que se usen protocolos parecidos en las oficinas de empleo de otras comunidades autónomas. Diagonal se ha puesto en contacto con la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, responsable de las oficinas de empleo madrileñas, pero hasta ahora no ha habido contestación.

Puntuación y orientación

El cuestionario premia con dos puntos a los demandantes de empleo dispuestos a cobrar desde el salario mínimo interprofesional hasta dos veces éste (entre 655,20 y 1.310,40 euros brutos al mes), sin tener en cuenta la categoría profesional del demandante de empleo. También otorga dos puntos positivos por acceder a tener un puesto laboral con un salario inferior a la prestación por desempleo que estuviera recibiendo, mientras castiga con un punto negativo a los que pretendan tener un sueldo mayor a su paro. En cuanto a movilidad, el cuestionario da cuatro puntos positivos a los que estén dispuestos a moverse, incluso a otro país de la Unión Europea, mientras castiga con tres puntos negativos a los que busquen trabajo sólo en su localidad.

Según la puntuación recibida, el protocolo divide a los demandantes de empleo en cuatro grupos: activados de alta empleabilidad –que son derivados a actividades de inserción: búsqueda de empleo, taller de entrevista y currículum...–, activados con perfil menos demandado en el mercado –cursos formativos e información sobre agencias privadas de colocación–, no activados de alta empleabilidad –información sobre posibilidades de inserción en agencias privadas de colocación y sobre movilidad laboral– y no activados de perfil menos demandado por el mercado –se les da información de recursos públicos y privados, o de retorno al sistema educativo–.

“Es un protocolo muy subjetivo”, subraya Quintana. “Hay un consenso general entre todos los orientadores indicando que el protocolo no sirve para nada, que es de una subjetividad increíble y que da una puntuación que no tiene nada que ver con la realidad”, añade. El sindicalista apunta que, además del cuestionario, en la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha recientemente una experiencia piloto en algunas oficinas con un programa de gestión informático a través del cual los trabajadores de las oficinas de empleo puntúan la disponibilidad de los demandantes.

Desde CC OO, María Cruz Elvira, secretaria de Políticas de Empleo, afirma que “preocupa que un servicio público de empleo, en vez de poner en marcha mecanismos para dar formación y que la gente pueda acceder a un trabajo, les pregunte a los demandantes de empleo si están dispuestos a acceder a un trabajo con peores condiciones”. Elvira anuncia que CC OO va a reunirse con las instituciones madrileñas en las primeras semanas de julio para revisar el funcionamiento del Servicio Público de Empleo en la Comunidad de Madrid. “Entre las cuestiones a valorar están la dotación de personal, los instrumentos con los que trabajan los orientadores de empleo”, explica.

El favor a las ETT

El protocolo también premia con más puntuación a aquellos demandantes de empleo con disposición a inscribirse en empresas de colocación privadas o de trabajo temporal. “Hay un acuerdo a nivel nacional por el que, desde las oficinas de empleo, se envía a agencias de colocación paquetes de desempleados, a las que pagan por la colocación de la gente”, explica Quintana. “Es un tema que tampoco entiendo cómo se permite, ya que el propio SEPE [Servicio Público de Empleo Estatal] da información sensible de personas a una agencia de colocación, y, al menos en el área de la comunidad, el desempleado en ningún momento firma una autorización para la cesión de sus datos”.

La entrada de empresas de trabajo temporal y de colocación en el servicio público de empleo comenzó con la reforma laboral que el Gobierno del Partido Popular impuso en 2012. Las empresas privadas de colocación realizaron en 2014 cerca de 2,6 millones de contratos –muchos de ellos por días o semanas–, según un comunicado de su patronal, Asempleo, en el que reclamaba una colaboración más estrecha con los servicios públicos de empleo. El comunicado fue lanzado en julio de 2015, un mes después de que las oficinas públicas de empleo de la Comunidad de Madrid recibieran las nuevas instrucciones técnicas.

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Los últimos datos del SEPE cifran en 425.540 las personas inscritas como demandantes de empleo a finales de junio en la Comunidad de Madrid.