Tras el operativo policial que mató a al menos nueve personas en Oaxaca, el movimiento magisterial y la sociedad civil siguen movilizados contra la reforma educativa del Gobierno mexicano.
Como “ataque armado del Estado a la población civil” ha sido calificado, por distintas organizaciones sociales y de derechos humanos mexicanas, el violento operativo policial que, el pasado día 19 de junio, ocasionó la muerte de al menos nueve personas, más de un centenar de heridas y seis desaparecidas, en la localidad de Nochixtlán, estado de Oaxaca.
Las personas fallecidas participaban de las protestas que el movimiento magisterial y la sociedad civil organizada vienen realizando en diferentes Estados del país (Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Michoacán, etc.) desde que, en el año 2013, el Gobierno de Enrique Peña Nieto anunciara y aprobara la Reforma Constitucional en materia de educación.
La Reforma Educativa forma parte de un acuerdo alcanzado entre el partido en el gobierno (Partido Revolucionario Institucional, PRI) y los principales partidos políticos del país (Partido de la Revolución Democrática, PRD y Partido Acción Nacional, PAN), denominado “Pacto por México”. Este pacto representa una alianza de la élite política del país para impulsar una serie de reformas de corte neoliberal que incluyen, entre otros aspectos, la flexibilización y recortes en derechos laborales, la privatización de bienes nacionales como la energía, la militarización de las fuerzas policiales y el control político centralizado por parte del estado.
Entre las distintas reformas que se pretende impulsar, además de la educativa, están la reforma energética, la laboral, la política, la fiscal, la judicial, la de telecomunicaciones y otras. Desde su anuncio, distintos sectores de la sociedad civil mexicana se han posicionado en contra de estas reformas, al considerar que representan un retroceso en los derechos sociales de la población, facilitan el despojo del territorio por parte de las grandes compañías transnacionales y aumentan la brecha existente entre pobres y ricos.
Según la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros actores implicados, como padres, madres y alumnos, la Reforma Educativa no entraña una mejora de la educación y el aprendizaje del alumno. Más bien se trata de una reforma laboral encubierta dirigida a reducir los derechos laborales del magisterio y a controlar o eliminar a las y los trabajadores de la educación más críticos con las políticas educativas del Gobierno. Este plan acarrea la imposición de una serie de medidas que facilitarían el despido selectivo de docentes, que serían sustituidos por otros nuevos más afines a las políticas del Gobierno y cuyos derechos laborales, desde un principio, ya serían más reducidos. Además, la reforma inicia la privatización de la educación en el país, permitiendo la entrada de empresas privadas a las escuelas y trasladando gastos de mantenimiento de los centros educativos a las familias de las y los alumnos.
Acciones represivas
Tras la confección y aprobación de la Reforma Educativa, para la que no se tuvo en cuenta al magisterio y otros sectores sociales implicados en la educación, la CNTE llamó a la movilización y exigió la apertura de espacios de diálogo con el gobierno, así como la derogación de la reforma. Lejos de escuchar las demandas del magisterio, compartidas por un importante sector de la sociedad mexicana, el Gobierno ha desarrollado una campaña de difamación y criminalización de la lucha magisterial. Esta campaña, lanzada desde algunos de los grandes medios de comunicación, ha servido para justificar una serie de acciones represivas cuya finalidad está centrada en terminar con las protestas y exigencias del magisterio disidente. Así, desde el inicio de las movilizaciones, trece miembros de la CNTE han sido encarcelados de forma arbitraria, se ha amenazado con el cese inmediato del profesorado que, desde el pasado día 15 de mayo, se mantiene en huelga, y se han reprimido de forma violenta, al igual que en Nochixtlán, muchas de las protestas protagonizadas por las y los maestros y la sociedad civil que les apoya.
Es precisamente por el uso desmedido de la fuerza, utilizado en México por parte de las distintas corporaciones policiales y el Ejército, y el carácter arbitrario e irregular de las detenciones realizadas contra personas pertenecientes a movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos, que distintos relatores de las Naciones Unidas han manifestado, en fechas recientes, su preocupación por estos hechos. Además, los informes realizados por estos relatores constatan la práctica de torturas durante el periodo posterior a la detención arbitraria, las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes estatales y no estatales, la falta de investigación de los hechos por parte de las autoridades y la impunidad en la que permanecen todas estas graves violaciones de los derechos humanos.
Cabe resaltar también las denuncias realizadas por distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos sobre los abundantes casos de represión violenta y de ejecuciones extrajudiciales en los que han estado involucradas las fuerzas de seguridad del estado y/o grupos paramilitares vinculados a éstas, que utilizan la estrategia del terror para castigar, controlar y eliminar a grupos sociales disidentes. A modo de ejemplo: el asesinato, en 2014, de seis estudiantes y la desaparición de otros 43 de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Estado de Guerrero, o los dos manifestantes muertos, más de un centenar de personas arbitrariamente detenidas y 26 mujeres violadas en 2006 en la localidad de San Salvador Atenco, Estado de México.
Tras los luctuosos hechos de Nochixtlán, el Gobierno mexicano ha sido conminado y presionado desde el movimiento magisterial y desde la sociedad civil nacional e internacional, a que cese en la represión ejercida y se siente a dialogar con las y los maestros. Como fruto de esto, ya se han realizado hasta la fecha dos reuniones entre miembros del Gobierno y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Si bien el Gobierno se ha mantenido firme en su propósito de seguir adelante con la Reforma Educativa, sin posibilidad de modificación alguna, el magisterio considera positivo que se hayan abierto estos primeros espacios de interlocución. Entre tanto, la CNTE persiste en todas sus demandas y mantiene las movilizaciones de protesta en distintos Estados del país.
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