Entrevista a Marta Restrepo
"En Colombia tenemos unas 20.000 mujeres presas por delitos de narcotráfico que no son violentos”

Marta Restrepo, de la Red Feminista Antimilitarista, deshoja la lógica a la que ha respondido la política antidrogas en Colombia y describe los avances que supondrían los acuerdos de paz que se están negociando en La Habana.

, Bogotá (Colombia)
01/07/16 · 8:00
Marta Restrepo durante la entrevista. / Begoña Barberá Orozco

Una sonrisa cómplice asoma en la cara de Marta Restrepo mientras va deshojando la lógica a la que ha respondido la política antidrogas en Colombia. La integrante de la Red Feminista Antimilitarista expone que tras la lucha por erradicar los cultivos ilícitos se esconde el combate a la insurgencia armada y, tras éste, la codicia de las multinacionales por los recursos del país.

Esa táctica de perseguir las plantaciones en el campo, junto con la persecución al microtráfico en las ciudades, hace que quienes terminan en la cárcel sean los eslabones más débiles de la cadena, fácilmente sustituibles. Así se explica cómo las millonarias inversiones en esta lucha apenas rozan la estructura en la que se fundamenta el negocio, la de los grandes narcotraficantes, los del lavado de dinero, los que entran y salen del país sin despeinarse y le hablan de tú a la clase política, indudable cómplice.

Restrepo habla de cómo las mujeres ocupan los peldaños inferiores en la jerarquía laboral del narcotráfico, lo que las convierte en las más expuestas, las que menos beneficios obtienen y las que con mayor asiduidad terminan entre rejas.

Pero todo esto está empezando a transformarse tenuemente. Vibra la esperanza en su rostro cuando afirma que los acuerdos de paz que están siendo negociados en La Habana entre el Gobierno y las FARC-EP dibujan la posibilidad de un cambio de escenario en el modelo de persecución a las drogas.

¿Cuál ha sido el modelo de persecución a las drogas en Colombia?

Es imposible no ver la historia del combate a las drogas en Colombia en una relación de dependencia hacia los Estados Unidos porque, básicamente, las políticas antidrogas en Colombia han sido un mandato producto de una supuesta vía de cooperación entre Estados. Los intereses que han primado realmente son los que los Estados Unidos tienen en ese combate.

En Colombia, esa política antidrogas ha estado fundamentalmente ligada a una problemática contrainsurgente. Es una práctica militarista que privilegia el control territorial militar más que perseguir realmente el negocio transnacional, que significa perseguir a los que fabrican los químicos con los que se modifica la pasta de coca, perseguir el lavado de capitales, la plata que sale hacia los paraísos fiscales o la relación entre políticos y narcotráfico. Es más fácil desarrollar esa política sobre la vía de la erradicación del cultivo, que pone de inmediato el militarismo en el territorio rural, en donde se ha librado históricamente la guerra de guerrillas que vive este país.

El componente de la política antidrogas, que en su momento se llamó el Plan Colombia, siempre decía que había un componente militar y un componente social. Por un lado se fumigaba químicamente con glifosato y supuestamente se intervenía socialmente para que esas comunidades transitaran hacia otra economía. Realmente eso nunca se dio. Además, esa lucha antidrogas se desentendió de una política de salud pública en el territorio colombiano para disminuir el consumo. Entonces encontramos una guerra militarista en el territorio y un aumento del consumo y el microtráfico en la ciudad.

¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos en Colombia?

Colombia tiene aguas en dos mares, es el país con mayor biodiversidad del mundo, tiene agua dulce, tiene minería, tiene petróleo, tiene carbón… tiene todo. Entonces el suelo de Colombia es de importancia estratégica para los Estados Unidos en términos de poder acceder a su riqueza mediante las multinacionales.

Hasta 2010 hubo un plan por el que los Estados Unidos establecen cinco bases militares. Eso no sucede sino en campos de guerra. Estados Unidos pensó que la derrota militar de la insurgencia era estratégica para poder acceder a ese territorio que todavía, de alguna manera, las insurgencias custodian. Por supuesto, cada vez menos. No es lo mismo la insurgencia antes del Plan Colombia que la de ahora.

Esa cooperación militar significó traer tropas, dinero, armas, inteligencia militar y generó muchas pérdidas a las FARC, pero todo eso venía enmascarado como un plan de cooperación antidrogas. No en una intervención directa como en el caso de los contras nicaragüenses o Iraq, que fuimos porque allá había una guerra y había que perseguir a unos rebeldes y matarlos. Aquí ellos nunca dijeron eso. Ni el Congreso colombiano habría aprobado eso. Se presentó un plan de cooperación técnica, militar y social para erradicar el narcotráfico a una sociedad que había vivido los 80 y 90 asfixiada por la criminalidad del narcotráfico.

Desde el Gobierno también se ha acusado a la guerrilla de dedicarse al narcotráfico.

La teoría de los gobiernos colombianos siempre ha sido que la guerra se financia con el dinero del narcotráfico. Ese argumento ha sido el combustible de la guerra, pero eso no siempre fue así. La presencia de las insurgencias en el tráfico de drogas no es de más de 50 años de guerra. Sólo que, como esos territorios rurales siempre han estado en disputa, los impuestos, el efectivo, han estado mediados por quien tiene el control del territorio, en algún momento las insurgencias o los paramilitares y en otros territorios exclusivamente los narcotraficantes, sin ninguna afiliación ideológica. Pero es una realidad de subsistencia en el territorio. Es el negocio del momento, el negocio que es posible por el empobrecimiento del campo, por los tratados de libre comercio. El campesinado no encuentra qué hacer.
 

En el narcotráfico hay una división del trabajo y también es sexual

¿Por qué se persiguen los delitos menores y no los delitos estructurales vinculados al narcotráfico?

Porque en Colombia es imposible mirar el mantenimiento, el auge y el crecimiento de los cultivos y del narcotráfico y lo exitoso del negocio si no entiendes que hay políticos detrás, que hay corrupción, que hay financiación de campañas electorales, que hay cambio de leyes. No se puede entender que haya crecido una mafia sin una relación con la política. Y eso no es exclusivo nuestro, una mafia sin políticos es imposible.

Dentro de esta lógica, ¿quiénes van a las cárceles colombianas por narcotráfico?

Cuando cogen un laboratorio, toman presas a personas que hacen diferentes trabajos. En el narcotráfico hay una división del trabajo y también es sexual. Está el químico, el raspachín y el propietario del pedacito de tierra.

El raspachín es el que siembra la mata, la saca, la pisa, y ahí entra el quimiquero, que en muchas regiones del país son hoy mujeres, que son las que adicionan los químicos. Nos encontramos con que cocaleros, cocaleras, raspachines o quimiqueras, que son la base del trabajo productivo, son los que son encarcelados. Igual, cuando hay extinción de dominio se extingue sobre una familia campesina que son dos viejitos y hay 300 o 400 matas ahí. ¿Qué es la extinción de dominio? Si usted en su propiedad tiene un negocio de droga, yo, Estado, le quito su propiedad porque entiendo que es producto de ese negocio ilícito, pero además le llevo a la cárcel.

¿Cómo afecta este modelo de persecución a las mujeres?

En muchas regiones del país, producto de la guerra contrainsurgente, las mujeres se quedaron solas en el campo. Ellas son las que siembran, son las cocaleras. En Arauca y en Bocoa, al suroriente del país, ellas son mayoritariamente las que conforman las asociaciones cocaleras. También porque en algún momento pensaron que ser mujeres las iba a proteger de la criminalización.
 

En muchas regiones del país, producto de la guerra contrainsurgente, las mujeres se quedaron solas en el campo. Ellas son las que siembran, son las cocaleras

En la parte urbana cada vez más se desempeñan como microtraficantes. Son las que arman, empacan y, en algunos casos, venden en una plaza o en una casa. Los hombres ocupan un lugar de cuidado, de seguridad. Al momento de hacer la persecución al microtráfico ahí están las mujeres, que están casi siempre solas porque están en un escenario de narcotráfico que ha tenido sicariato. Muchas han perdido a sus maridos por haberse enlistado militarmente en las mafias. Otras vinieron desplazadas, vienen solas porque a sus maridos los perdieron o se quedaron en la guerra. Son mujeres solas con hijos e hijas.
A esas mujeres es a las que se les aplica la extinción de dominio. Alrededor del 60% de la gente que va a la cárcel en Colombia es por drogas y, en ese porcentaje, entre el 11% y el 15% son mujeres.

En el país podemos tener alrededor de 20.000 mujeres presas por microtráfico, o sea, por delitos de narcotráfico que no son violentos, lo que quiere decir que ellas no han asesinado a nadie, no han portado un arma, no han producido un desplazamiento forzado por eso, sino que se han dedicado a vender en la plaza. Muchas de ellas en relaciones de control social territorial donde no hay otra opción. Otras, sus compañeros las meten al negocio, les dejan la mercancía para que ellas la vendan. Ellas ni siquiera saben cómo llegó ni nada, sino que son simplemente las que están detrás de una puertica, venden, entregan y reciben el dinero. Ellas no saben más del negocio porque se mantienen al margen.

Las mujeres que terminan vinculadas al microtráfico lo hacen como una salida última, por no tener la posibilidad de tener otro empleo o por ser un empleo que podría representar algún nivel de autonomía y que está asociado con la necesidad de estar en casa y cuidar a los hijos e hijas porque no hay nadie más que apoye en el cuidado.

Dices que muchas acaban en prisión, ¿el encarcelamiento les afecta de manera diferente?

Lo que sigue pareciendo para esta sociedad natural es que exclusivamente las mujeres se hacen cargo de las familias. Si las mujeres llevan la carga de la familia, al ponerlas en la cárcel eso pone en mayor vulnerabilidad al resto del grupo familiar. Como ella era la única fuente de ingreso, puede que miembros más jóvenes de su familia se desplieguen hacia esa o cualquier otra actividad ilegal o que ella, desde la cárcel, tenga que estar en constante preocupación por sus hijos e hijas.

Además, a veces también fue delatada porque es más fácil entregar a esta mujer, que con eso damos un positivo (una captura falsa) en la policía, y la policía muestra la gran captura, pero ella es la más débil de la cadena. El más grande de la cadena, el que acumula, el que viaja entre París, Nueva York, Argentina, Brasil, Chile..., ése no, ése además puede salir del país todas las veces que quiera.

Las mujeres están confinadas territorialmente en una casa, y ahí está su mayor vulnerabilidad porque, aunque supuestamente han cometido un delito que atenta contra la salud pública, son mujeres sin ningún poder en lo social.

Ese tipo de cosas hace que el castigo que se produce sobre las mujeres sea absolutamente desproporcionado. La política antidrogas de persecución al microtráfico en Colombia, además de que ya de por sí es injusta, representa una desproporción en términos de la aplicación de justicia y eso constituye una vulneración de derechos humanos de parte del Estado colombiano.

Eso tiene que cambiar, tendría que ser abolida esa persecución. Todos esos recursos en la persecución del microtráfico y ese silencio respecto a los grandes responsables, lo que hacen es que toda la cadena crezca, pero además se abandona una política de salud pública que respete los derechos de los consumidores y las consumidoras y que tienda cada vez más hacia un escenario de regularización.

Existen varios puntos en los acuerdos de paz que se han firmado entre el gobierno y las FARC-EP donde se abordan aspectos relativos a las drogas ilícitas. ¿Qué aportan a esta problemática?

El acuerdo de tierras aporta en tanto que nombra por primera vez la necesidad de subsidiar el campo colombiano. Esto es que el campesinado pueda sostenerse cultivando los alimentos que necesitamos para vivir, siendo la pertenencia de la tierra del campesinado. Eso es un elemento que sería vital para no tener que depender del cultivo de la coca y de la amapola. Que la vida campesina pueda desarrollarse en un trabajo digno que dé ingresos para el sustento familiar quita un factor de desplazamiento hacia la ciudad. Además, el acuerdo de tierras plantea programas de soberanía alimentaria. En el campo colombiano se podrían producir todos los nutrientes para alimentar a un ser humano, pero no sucede así.

¿Este acuerdo de tierras hace alguna referencia explícita a las mujeres?

En el acuerdo se plantea la titulación de la tierra como un patrimonio de familia, favoreciendo la devolución y la titulación de tierras a quienes la han habitado, privilegiando que eso se haga a nombre de las mujeres. Siempre han sido las mujeres las que más siembran el pancoger (cultivos que satisfacen parte de las necesidad alimenticias) para la autonomía familiar. A la mujer le cuesta más asalariarse en el jornal en el campo porque sólo lo puede hacer como empleada doméstica. En cambio, el hombre se puede vender a múltiples tareas.
 

Los cocaleros y las cocaleras van a poder decidir planes municipales participativos para la erradicación

El acuerdo tiene una dificultad, y es la expansión del agronegocio, de que las personas, si no hay todo lo demás coadyuvante, prefieran vender la tierra al agronegocio y venirse a la ciudad. Eso puede ser si la identidad o el arraigo campesino no se protegen, protegiendo el territorio de nuevos hechos de violencia, de control militar y si se hace todo lo que el acuerdo pide en términos de inversión en el campo. El acuerdo dice que en el campo tiene que haber salud, educación, electrificación, vías. Eso sería un coadyuvante.

Además del acuerdo de tierras, ¿en qué aportan los acuerdos?

En el específico de drogas plantea que en las zonas donde hay coca se va a hacer un proceso de sustitución. No se va a fumigar más, no se va a llevar cuadrillas a que arranquen, sino que los cocaleros y las cocaleras van a poder decidir planes municipales participativos para la erradicación. Ya no vendrá un gran plan nacional, sino que las comunidades, de acuerdo a su realidad, se organizarán, pactarán un plan con el Estado colombiano con unas metas y desarrollarán ese proceso de sustitución. El cambio fundamental es que habrá participación, se convierte al cocalero o cocalera en un actor político para el campo. Eso es vital.

El otro componente que tiene es el de la salud pública con un cambio del tratamiento a los y las consumidoras. El acuerdo es muy enunciativo, habrá que ver cómo se aterriza en transformaciones jurídicas, institucionales y políticas, que es donde nos toca hacer la fuerza.

¿Ya no se va a perseguir a quienes cultivan coca?

No, es más, ya se viene haciendo en el sur del país el plan piloto de sustitución. Tienen que ver cómo funciona la cooperación insurgencia-Estado-comunidades. El año pasado hubo un encuentro de unos 350 cocaleros y cocaleras que se reunieron por primera vez de manera pública a pensarse, y ellos son los que producen gran parte del insumo que va a la mesa de negociación. Fue importante que salieran a nombrarse como cocaleros y cocaleras. Eso en Colombia no se había dado antes, eran criminales. Fue con el apoyo de una fundación internacional, Open Society, la de George Soros, el mecenas estadounidense. Él fue el que financió ese encuentro.

¿Esto significa que ya no se encarcelará a las cocaleras?

Las mujeres que hoy se encuentran presas porque estaban en funciones de microtráfico, cocaleras y eso, tendrán que quedar libres bajo el acuerdo de justicia.

¿De qué cifra estamos hablando?

Estamos hablando de que podrían salir más de 20.000 mujeres. Con los análisis que hemos hecho con compañeras y compañeros del acuerdo de justicia, calculamos que en un término de dos años podrían salir de la cárcel unas 40.000 personas. Eso incluiría a muchas mujeres que están como insurgentes por ser cocaleras. En prisiones hay 17.000 mujeres por delitos asociados al narcotráfico. Lo que ahora están estableciendo es cuántas de ésas son asociadas al delito de rebelión. Pero las otras, que no tienen ninguna relación con la insurgencia, se dice que habrá un cambio en la política en la que ese delito no será objeto de prisión.

¿Será penado de otra manera?

Lo que pasa es que si cambia la política yo ya no voy a seguir persiguiendo el microtráfico. Yo me voy a ir a las estructuras criminales que sé dónde cruzan, que sé por dónde sacan la droga, por el mar, las que mueven grandes capitales, yo me voy a ir a perseguir eso. Y si además hago un pacto y cada vez tiendo más a la liberación regulada, pues eso ya no va a ser tan buen negocio, entonces cada vez voy a tener menos gente que quiera ser parte de eso porque ya no va a ser rentable.

* Begoña Barberá es periodista, feminista y colaboradora de Diagonal. Puedes leer más en su blog. 

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